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Del evento del 10 de mayo pasado, en el que se anunció el ingreso de Colombia a los Acuerdos Espaciales Artemis, una serie de compromisos para el uso y la protección del espacio, liderados por la NASA, una situación llamó la atención: a diferencia del resto de países que han adherido a los tratados y que están representados por sus agencias espaciales, la firma de Colombia estuvo a cargo de su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Ella suscribió el tratado ante la mirada de Pam Melroy, directora adjunta de la NASA. Esto fue así porque a diferencia de Estados Unidos, pero también de países como Chile, Brasil, Argentina, México y Bolivia, en Colombia no existe una agencia espacial que sea pública y oficial.
Lo que sí existe en el país es una fundación que se autodenomina “Agencia Espacial Colombiana”, y que tiene inquieto a un grupo de científicos y astrónomos. “Desafortunadamente, y puede que de buena fe algunos particulares han creado compañías privadas que están actuando en el exterior como si estuvieran representando al país”, dice el coronel (r) Raúl E. Gutiérrez G., presidente de la National Space Society Colombia, uno de los capítulos internacionales de la National Space Society (NSS) de Estados Unidos, una organización que desde 1974 promueve el desarrollo espacial. Dos situaciones recientes preocupan en especial a Gutiérrez y a su organización.
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La primera de ellas se remonta a octubre de 2021. Durante ese mes se realizó en Dubái la septuagésima segunda conferencia de la Federación Internacional de Astronáutica (IAF, por su sigla en inglés), una importante institución que reúne a más de 400 miembros de 72 países, incluidas las principales agencias espaciales del mundo, pero también a empresas e instituciones de investigación, entre otras. Según Gutiérrez, la fundación “Agencia Espacial Colombiana” participó representando al Estado.
Por eso, en una carta dirigida al Gobierno colombiano a inicios de noviembre de 2021, la National Space Society Colombia, que reúne a más de 80 científicos nacionales, expuso “que no es ético ni correcto escoger un nombre que conduce a un error tanto en el plano nacional como internacional sobre su verdadera naturaleza privada y, por lo tanto, de su capacidad para representar al país, así como para acordar obligaciones en su nombre”. Esta confusión, dice la organización, “puede generar dificultades o cerrar oportunidades para otras iniciativas de carácter nacional o particular que buscan aportar al desarrollo espacial de Colombia y a su integración en la economía espacial mundial”. En lugar de contribuir, esta situación está generando fricciones.
Diversos astrónomos e ingenieros aeroespaciales señalan que han sido bloqueados en Twitter por la fundación después de que han criticado su participación en ese foro internacional. Esta fundación fue constituida en octubre de 2017 en Bogotá. Según dice en su web, su junta directiva está formada, entre otros, por Flavio Ulloa, expresidente de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, y por Gautier Mignot, embajador de Francia en Colombia hasta 2020 y actual representante de la Unión Europea en México. La líder y CEO es Pilar Zamora Acevedo.
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“Pago una membresía de una Federación (la IAF) y siempre anuncio que soy una fundación sin ánimo de lucro. Eso está en el primer slide (diapositiva) de toda presentación mía”, responde Zamora. “Creo que en la aceptación de nuestra realidad y del presente de la era espacial global está que somos un país de oportunidades y hay una agencia espacial que existe hoy, que es una fundación sin ánimo de lucro y que siempre se presenta como tal, nunca dice que es estatal y nunca se abroga ningún tipo de función pública”, agrega. La fundación que dirige Zamora está afiliada a la IAF desde 2018 en la categoría de “Agencia Espacial y Oficina”, la misma en la que están la mexicana AEM o la brasileña AEB, que sí son oficiales.
Para Zamora, de hecho, los Acuerdos Artemis que Colombia firmó el 10 de mayo “reconocen la participación del sector privado en el desarrollo de la industria espacial. Por esa razón, se plantea en el futuro una estación espacial internacional que sea comercial. La firma de estos tratados es un reconocimiento de la era en la que estamos ya, desde hace unos años”.
“Nos preguntamos si la IAF conoce de la naturaleza privada de la autodenominada “Agencia Espacial Colombiana”. Incluso están asumiendo acuerdos con agencias espaciales como la de Brasil”, dice Gutiérrez. Eso último es, precisamente, la segunda situación más reciente en la que se concentran sus críticas. La fundación “Agencia Espacial Colombiana” hizo público que suscribió un acuerdo con la Agencia Espacial Brasileña. “¿Son conscientes los brasileños de que esta fundación colombiana no representa al Estado?”, se pregunta Gutiérrez. Lo ideal, señala, es que este debate se cierre con la creación de una agencia espacial oficial y pública, que dialogue y trabaje con sus pares de otras naciones.
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Esta es una necesidad que los científicos vienen visibilizando desde hace por lo menos 10 años, y que ahora, con la firma de los Tratados Artemis, espera se pueda materializar. Hasta entonces, hay dudas sobre cómo debe avanzar el programa espacial del país.
Era transitoria…
Los primeros programas espaciales latinoamericanos nacieron en la década de 1960 en Argentina, Brasil y México, pero solo fue hasta las conferencias aeroespaciales que el continente realizó en 2006 que Colombia se planteó un camino, aunque “uno un poco triste”, en opinión de Raúl Joya, director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda.
“Nosotros decidimos en ese entonces lanzar una comisión, la Comisión Colombiana del Espacio, y no una institución con el título de agencia, porque tocaba asignarle un presupuesto que los gobiernos no tenían en sus planes. Desde esa época y hasta hoy, no hemos podido definir la creación de una agencia”, señala Joya. Sí lo han podido hacer países como Perú, Chile y Bolivia, que cuentan con entidades oficiales.
La Comisión Colombiana del Espacio está encabezada por la persona que ocupe la vicepresidencia del país y reúne a varios departamentos y agencias o instituciones nacionales como el Ministerio de Ciencia, la Cancillería o la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), entre otras. La Comisión se creó en realidad como un órgano de consulta, sin un presupuesto propio y con el objetivo de dar lugar, en cuestión de tres o cuatro años, a la agencia espacial oficial. Era un paso transitorio, que ha terminado por volverse permanente.
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“Nosotros individualmente estamos muy bien, tenemos profesionales muy bien formados. Las universidades están trabajando en muchos campos y hay una interlocución con la academia y los colombianos que están trabajando en el exterior. Aquí el que está cojeando es el Estado: necesitamos que nos dé el último empujón, que cohesione y defina una ruta con presupuesto”, señala Julián Mauricio Arenas, quien fue fundador del pregrado de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia y hoy es CEO de la Corporación Cipsela, una iniciativa privada y sin ánimo de lucro para la promoción de la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas) financiada, entre otras, por las compañías Boeing y SAAB. Arenas sabe lo difícil que puede ser “vender” la necesidad de apostar por el espacio en un país con las necesidades de Colombia.
Y es que todo lo que tiene que ver con el espacio se reduce en el pensamiento común a cohetes, Luna y Marte. No tiene que ser así, agrega Juan Francisco Puerta, magíster en Ingeniería de Sistemas Espaciales de la U. de Southampton (Reino Unido) y profesor de la Universidad de Antioquia.: “Lo que estamos haciendo en este momento como humanidad es trasladar nuestra vida diaria al espacio. Nos estamos preguntando desde cómo habitar la Luna, hasta qué trajes se necesitan para que el polvo no entre o cómo se debe gestionar la comunicación o el dolor de una muela. Como estamos moviendo nuestra infraestructura al espacio, eso implica necesidades que pueden encontrar solución en profesiones u oficios diversos”.
Un programa espacial no siempre busca la conquista de la Luna. El boliviano, por ejemplo, se ha concentrado en ampliar servicios como el de televisión e internet. “Otras necesidades como el cambio climático no dan espera hoy. Necesitamos un monitoreo constante de nuestros recursos”, dice Puerta. Una Agencia Espacial podría facilitar que entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o el Ministerio de Agricultura tengan acceso a imágenes satelitales del territorio, y estas no tengan que ser compradas en diferentes y a veces repetidas transacciones. “A partir de los Tratados Artemis, el reto es una articulación: que esto sirva para dar unos pasos, para que el país tenga la capacidad de trabajar en conjunto”, finaliza Arenas.
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El siguiente paso lógico es que la Comisión Colombiana del Espacio se reúna y elija, a partir de Artemis, esas prioridades en las que el país se quiere centrar. No todo se está haciendo mal. Todos los consultados reconocen avances importantes. Nadie duda, por ejemplo, de la capacidad que ha ido creando la Fuerza Aérea Colombiana, que lanzó en 2018 su primer satélite, el FACSAT-1, con la capacidad de tomar imágenes de la Tierra y de detectar cambios en la vegetación de minería ilegal a cielo abierto, en zonas rurales del país. A principios de 2020 se aprobó también el CONPES de Política de Desarrollo Espacial, que la comunidad científica espera dé lugar, ya durante el próximo gobierno, a la anhelada Agencia Espacial Colombiana.
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