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Puede que el término regalías no suene muy atractivo para su vida cotidiana, pero para muchas entidades, universidades y comunidades es la única forma de hacer ciencia con plata pública. Esta bolsa de dinero viene de las contraprestaciones que las empresas pagan por la extracción de gas y petróleo, y de ella se han aprobado desde 2021, como lo indican cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 35.860 proyectos por un valor total de COP $117 billones en sectores de transporte, educación, vivienda, ambiente y ciencia.
En este último, las cifras muestran un cuello de botella que ha desatado una de las discusiones más intensas en el ecosistema científico. De acuerdo con las cifras del DNP que le compartió a este diario, en este momento solo se han aprobado COP 1,4 billones para el bienio 2025 y 2026, de los COP 5,3 billones que había disponibles. Es decir, hay un saldo de COP 3,9 billones.
La pregunta que se hacen todos es si, antes de que termine el año, el Ministerio de Ciencias, como Secretaría Técnica del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación (el organismo que toma las decisiones sobre hacia dónde dirigir esos recursos), podrá aprobar ese monto y repartirlo entre los grupos de investigación que han aplicado a las diferentes convocatorias. Por el momento, según el DNP, se han lanzado ocho convocatorias por COP 1,4 billones en el actual bienio.
Otra cifra que le compartió el DNP a El Espectador ayuda a entender el avance que ha habido en la ejecución de la plata de regalías para hacer ciencia en Colombia: desde que empezó el mandato de Gustavo Petro, solo se han ejecutado COP $93.000 millones.
La situación ha llamado la atención de otras entidades públicas, como la Procuraduría. En una circular emitida en mayo de 2025, pidió, por ejemplo, que “se requiere gestionar inversiones efectivas en esa área que apunten a mejorar los resultados del Índice Departamental de Innovación de Colombia y así atender las necesidades territoriales”. En una comunicación previa, de 2024, también señaló que los retrasos “podrían incurrir en una obsolescencia tecnológica de los proyectos, así como no aplicar los ejercicios de planificación para avanzar en las necesidades priorizadas por el país”.
A esta tardanza en la ejecución se suma el descontento de la comunidad científica. Olga Janneth Gómez, directora de investigación de la Universidad Nacional, resume las consecuencias de ese paso lento en la aprobación y ejecución de recursos: “Nuestros investigadores o estudiantes nos piden constantemente ayuda por dificultades en las plataformas o en el proceso ante el OCAD. Todo esto para, al final, no tener que tirar a la basura sus proyectos, que les tomó semanas construir”.
¿Por qué no se ejecutan los recursos?
Frente a la baja ejecución de estos recursos, el Ministerio de Ciencia ha sostenido durante los últimos años que la entidad se limita a estructurar y administrar las convocatorias públicas, y que la responsabilidad recae sobre el OCAD, que está conformado por tres vértices: gobernaciones —cuyo representante actual es Carlos Amaya—, universidades y el Gobierno Nacional.
“Es fundamental precisar que el Ministerio no tiene la facultad legal para asegurar, por sí mismo, la aprobación ni la ejecución de los recursos de la Asignación para CTeI, dado que dichas decisiones recaen exclusivamente en el OCAD de CTeI como instancia colegiada y autónoma del Sistema General de Regalías”, se lee en una de las respuestas enviadas por la entidad al Congreso, en un reciente debate de control político.
Pero, a los ojos de Natalia Molina, directora del DNP, los problemas para materializar estos recursos en proyectos reales están sobre diagnosticados. “Seré directa y son problemas que están identificados; los cuellos de botella son estructurales. Tiene que ver con procesos contractuales lentos, una capacidad institucional limitada y una formulación débil en los proyectos, con objetivos desconectados de las necesidades reales del territorio”, sostiene a este diario.
Esto se suma, como agrega Molina del DNP, a que las convocatorias no son procesos nada sencillos para los investigadores: requieren alianzas entre universidades, centros de investigación, empresas y entidades públicas, y eso, sostiene, demanda capacidades que no todos los departamentos tienen todavía.
“El sector ciencia tiene una complejidad intrínseca: no es como construir una vía. Y esto se materializa en situaciones que hemos detectado, como lo son brechas territoriales en capacidades científicas, dificultad para medir resultados de corto plazo y poca sostenibilidad de los proyectos”, agrega la funcionaria.
En medio de esos desafíos, hay varios puntos que tienen disgustada a la comunidad científica. Uno, como lo contamos en este diario, son los 600 proyectos que estaban en la lista de elegibles para acceder a la plata de regalías del bienio 2023 – 2024, pero que quedaron en el limbo tras una decisión del Minciencias. Esta cartera interpretó un concepto del DNP de finales del 2025, pero esta entidad le había dicho a El Espectador que no era vinculante.
Por el momento, todos los ojos de los científicos están puestos en las próximas sesiones del OCAD de Ciencias, pues esperan que, tras la discusión de las últimas semanas, sus integrantes incorporen los proyectos de bienios pasados, pues el mismo DNP aclaró hace unas semanas que podía optar por ese camino.
Los procesos de los entes de control
Los problemas detrás de las convocatorias de ciencias también se encuentran bajo la lupa de los entes de control. Por ejemplo, la Procuraduría adelanta cuatro indagaciones previas por presuntas irregularidades en convocatorias de regalías.
Los casos abarcan situaciones en torno a la conformación del banco de elegibles del programa Ondas —orientado a fomentar la investigación, la innovación y el pensamiento científico en niños, niñas y jóvenes—. Sobre este caso William Contrino, presidente de la Federación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, asegura que “llevamos cuatro años en la nevera, y nuestros cálculos apuntan que son más de 200.000 niños afectados por la pausa del programa Ondas, que no arrancó, así como 32.000 campesinos afectados con la convocatoria de temas agrícolas, que está también en limbo por la decisión que tomó Minciencias a finales del año pasado. Calculamos que, por bajito, son dos millones de personas las afectadas; es decir, posibles beneficiarias de las diez convocatorias que se aprobaron de bienio pasado”.
Otro caso que tiene en su escritorio el ente de control tiene que ver con el proceso de selección de Internexa para construir centros de inteligencia artificial por más de COP $600.000 millones. Sobre esta última convocatoria, la Procuraduría General de la Nación advirtió varias posibles irregularidades. Entre ellas, señaló que no hay claridad sobre la fase en la que se encuentra el proyecto aprobado.
Para el procurador delegado para el Sistema de Regalías, José Darío Castro, “la Secretaría Técnica del OCAD y el OCAD CTeI, tendrán que analizar las consecuencias jurídicas y técnicas, como en efecto se les señaló en el oficio del 27 de marzo pasado. A la fecha no se han recibido respuestas derivadas del oficio emitido. La Procuraduría evaluará qué acciones proceden teniendo en cuenta las competencias de cada órgano”.
El Espectador le preguntó al Ministerio de Ciencias si se pronunciaría sobre estas irregularidades, pero la cartera señaló que, por el momento, no emitiría un pronunciamiento.
Por su parte, la Contraloría advierte que está por iniciar una auditoría al Ministerio de Ciencia y a la Secretaría Técnica del OCAD de Ciencia, Tecnología e Innovación para revisar cómo se han manejado los recursos públicos destinados a ciencia.
Ante estos retos, Molina, la directora del DNP, asegura que a finales de 2025 se empezó a implementar una nueva metodología para mejorar el monitoreo de estas convocatorias, así como de la implementación de los recursos.
“Además de esto, se va a brindar asistencia técnica integral desde etapas tempranas; no esperamos a que los proyectos tengan problemas, sino que intervenimos antes. Así mismo, fortalecimos los mecanismos de seguimiento y evaluación con nuevas metodologías que permiten medir el impacto real y no solo la ejecución financiera”, asegura Molina.
Según explica, por su parte, el Ministerio de Ciencias, las estrategias que se han implementado durante la actual administración han sido optimizar los tiempos de evaluación, así como mesas técnicas y actividades de socialización para acompañar a las entidades formuladoras en la estructuración de proyectos.
Una reforma al sistema es necesaria, pero ya eso será una tarea del próximo gobierno”, comenta Cotrino, de la Federación de Ciencias.
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Por Fernán Fortich
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