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Ante los pocos recursos que suele recibir el Ministerio de Ciencias por parte del Gobierno (el presupuesto del 2024 fue el más bajo de los últimos años), quienes están al frente de esa cartera suelen hacer una aclaración para calmar las inquietudes: el Minciencias recibe dinero de otras fuentes. Una de las principales, ha dicho en varias oportunidades la ministra Yesenia Olaya, son los fondos provenientes de regalías. De hecho, para los años 2023 y 2024, tienen disponibles $2,9 billones. Pero hay algo que no tiene tranquilos a los científicos que dependen de esa plata: según datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), solo se ejecutó $139.000 millones en 2023.
Para decirlo en palabras muy resumidas, las regalías nacionales son la contraprestación económica que el Estado recibe por la explotación de petróleo, gas y carbón. El 10% de esa cantidad debe ser destinada, por ley, al sector Ciencias e Innovación. Estos recursos son repartidos cada dos años, y con ellos se realizan convocatorias que deben ser financiadas, en teoría, en 24 meses por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD), que reúne a varias entidades del país y cuya secretaría técnica es liderada por el Ministerio de Ciencias.
Sin embargo, parece que en ese proceso hay varios desafíos por resolver. Así lo muestra una circular que emitió la Procuraduría General de la Nación el 16 de octubre y que fue conocida por este diario, en la que alerta a varias entidades del Gobierno Nacional sobre los graves retrasos en torno a las convocatorias para financiar proyectos científicos y de investigación en el periodo 2023-2024.
De las 11 convocatorias que fueron aprobadas en diciembre de 2022, solo 3 cuentan con una lista de elegibles para su financiación. El problema es que el hecho de ser elegidos no significa que estos proyectos inicien, pues, aún deben cumplir ciertos pasos legales y administrativos para poder recibir estos recursos y empezar las investigaciones.
Las convocatorias restantes —relacionadas con la conservación de los ecosistemas, energías sostenibles, soberanía alimentaria, entre otros— han sido aplazadas cinco veces por diferentes razones que van desde motivos de fuerza mayor, la entrada de nuevos representantes del cuerpo colegiado de la OCAD, entre otros que son discrecionales de este órgano, según justifican en las actas de actualización.
Además de esto, una de las convocatorias más grandes no ha sido publicada por el OCAD de Ciencias. Se trata del financiamiento de Macroproyectos Nacional, por $500.000 millones. Para el ente de control “no se han aprobado proyectos que utilicen los recursos planificados para el periodo entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2024″.
Retrasos y obstáculos para la ciencia
A los investigadores de universidades e institutos que suelen aplicar a estas convocatorias para poder llevar a cabo sus estudios, les inquieta que esos retrasos dificulten sus proyectos, en caso de salir beneficiados. Como explica Óscar Domínguez, director de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), “se trata de una situación que realmente está afectando el objetivo principal de este fondo —el de Macroproyectos Nacional—, que es abordar proyectos grandes, de largo aliento. Todo esto para que se aborden problemas muy importantes para el país y que la investigación beneficie a los distintos territorios”.
Lo cierto es que la ejecución de recursos de regalías durante este bienio ha sido más baja que en años anteriores. Por ejemplo, le contó a El Espectador, Claudia Consuelo Cepeda, directora de Desarrollo Tecnológico e Innovación por medio de un derecho de petición que respondió el Minciencias el semestre pasado, mientras que para 2022 se aprobaron por el OCAD de Ciencias proyectos por $853.522 millones, para 2023 la cifra fue de casi $139.000 millones de pesos. Para marzo de 2024, la cifra no había superado los $5.000 millones.
“Los resultados de la ejecución de la Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación desde 2021 y hasta el 31 de marzo de 2024, corresponde a un valor de $1,7 billones. De estos, más de $200.000 millones han sido asignados a proyectos en convocatorias de innovación en el país”, le indicó, entonces a este diario, el Ministerio de Ciencias.
Para comprender un poco mejor la situación y conocer su explicación ante la alerta de la Procuraduría, intentamos, desde principios de octubre, conversar en diferentes oportunidades con la ministra Yesenia Olaya o con alguien de su equipo, pero fue imposible obtener una respuesta.
Pese a ello, en otros escenarios, esa cartera ha indicado que ha trabajado en asegurar una destinación de recursos más descentralizada, con un aumento en los giros a proyectos en el Caquetá, Amazonas y La Guajira. Olaya también ha argumentado en declaraciones públicas que “su cartera encontró un derroche, dispersión de recursos y proyectos de papel” y que “se necesita un debate nacional sobre esta materia”.
Minciencias, además, ha expresado que no es la responsable única de la OCAD, sino que depende de otras entidades nacionales y locales para la aprobación de los recursos. “Hemos financiado en 2024 proyectos de bienios pasados por más $145 mil millones, que presentan problemas en su estructuración, pero que fueron aprobados en años pasados”, manifestó la ministra en el Congreso durante un debate de control político.
Pero para fuentes internas del Ministerio de Ciencias hay un par de elementos que no se pueden dejar de lado: indican que estas demoras se deben, en parte, a los constantes recambios que hay en la cartera, así como problemas en el monitoreo de los programas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, fue la revocatoria reciente de la Convocatoria Ondas, orientada al fomento de vocaciones tempranas en las regiones y que cuenta con una inversión de $200.000 millones. En septiembre de 2024 se tomó la decisión de revocar la lista de elegibles, luego de varias denuncias por irregularidades en la selección de los proyectos que fueron denunciadas por varias universidades y que se encuentra en manos de la Fiscalía.
En este momento se encuentran abiertas seis convocatorias de las 11 anunciadas hace dos años por cerca de un $1 billón, que deben terminar los procesos de selección para la misma fecha, a principios de diciembre. “Queda la duda de si el OCAD tendrá la capacidad para evaluar y analizar de manera correcta todos estos proyectos que se han visto afectados por el constante recambio de personal en la cartera”, indicó un funcionario del Ministerio de Ciencias, que pidió su nombre no fuera revelado.
Esta situación, de acuerdo con la Procuraduría, “deja en evidencia las deficiencias en las diferentes etapas establecidas para el desarrollo de las convocatorias, que no solo obstaculizan la correcta inversión de los recursos y el cumplimiento de los objetivos trazados, sino que enciende las alarmas respecta a la debida transparencia de los procesos de aprobación de las propuestas”.
Uno de los efectos de las demoras en el desarrollo de estas convocatorias es, según la Procuraduría, que podría causar la obsolescencia tecnológica de los proyectos, así como avanzar en las necesidades priorizadas por el país.
La pregunta que muchos se hacen es ¿qué pasa si los recursos no ejecutan durante el bienio para el cual fueron asignados? Según le había respondido el Ministerio de Ciencias a este diario en el derecho de petición, “los recursos no comprometidos de vigencias anteriores, cuando se realiza el cierre del bienio anterior, forman parte del saldo inicial del bienio siguiente y, por lo tanto, suman el valor de la apropiación disponible para financiar proyectos derivados de las convocatorias”.
Estas demoras significan problemas para los investigadores en la construcción de sus proyectos. “Una de las cosas más graves es que se desperdicia el tiempo en que los estudiantes de doctorado están en las universidades, pues, ante las demoras, salen de las instituciones sin participar en proyectos que pueden impactar al país. Además, gran parte de los equipos que utilizamos en estos proyectos son importados, y con la oscilación del dólar, esto puede afectar de manera importante los presupuestos del equipo”, indica Rafael Molina, docente e investigador de la Universidad Nacional y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas.
Una de las principales quejas, según Molina, que está adscrito a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas, es que en las convocatorias la calidad científica solo representa el 20 % del puntaje de selección, mientras que otras exigencias sociales o de cooperación con otras entidades tienen más peso.
“Cuando un proyecto ha sido elegido, a veces les dan más de 200 o 300 observaciones para ajustar la propuesta. Eso puede desanimar cualquier intento de hacer ciencia en el país. Varios grupos de investigación han desistido, pues implica una logística enorme, que se aleja de lo científico y se vuelve un asunto meramente administrativo”, indica Molina, que está participando este momento por financiación de un proyecto relacionado con la producción de hidrógeno en Colombia.
Por su parte, como explica Óscar Domínguez, director de ASCUN, que reúne al 90 % de las instituciones de educación superior de Colombia, “algo que sucede es que se lanza una convocatoria y se da muy poco tiempo para que se consolide un proyecto que requiere de alianzas y de algunos elementos con los que hay que tener mucho cuidado y requieren un tiempo de estructuración: las convocatorias se lanzan tarde y con muy poco tiempo para la formulación efectiva del proyecto”.
En este último punto no parece haber un consenso entre la comunidad científica y el Ministerio de Ciencias. Por ejemplo, mientras los investigadores se quejan de que los procesos se abren en temporada de vacaciones del calendario académica, la entidad asegura que esta falta sincronía es uno de los causantes de los retrasos.
Todo ocurre en medio de un nuevo posible recorte presupuesto de la cartera que, en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, le fue asignado $301.000 millones, es decir, 90.000 millones menos este año.
Además de esto, un proyecto ley que propone reformar el Sistema General de Regalías en el Congreso busca eliminar la palabra “regalías” de la asignación específica del 10 % de este fondo para este sector, lo que pondría a competir a los proyectos de ciencia contra aquellos relacionados con la innovación y el desarrollo territorio.
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Por Fernán Fortich
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