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En los próximos días el Gobierno Nacional emitirá el decreto que contiene la ruta para el sometimiento individual a la justicia de los integrantes de los llamados Grupos Armados Organizados (GAO). Con ese documento, según ha dicho el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el Gobierno le abre la puerta a los miembros de esos grupos para que hagan su tránsito a la legalidad. De acuerdo con el proyecto de decreto, es también resultado de las funciones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia creada por el Acuerdo de Paz precisamente para el desmantelamiento de los grupos armados, en particular de aquellos denominados como sucesores del paramilitarismo.
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Sin embargo, al comisionado Ceballos; a la ministra de Justicia, Margarita Cabello; y al presidente, Iván Duque, les fue enviada una carta con fecha del 29 de mayo en la que los representantes de la sociedad civil en la Comisión Nacional de Garantías expresaron su preocupación porque en realidad dicho decreto no pasó por esa instancia, a pesar de que en su parte considerativa se da a entender que se hace en cumplimiento de esa normativa.
“Desde el Ministerio de Justicia se hace aparentar que el decreto va de la mano del Acuerdo de Paz, cuando en la práctica nunca se discutió en la comisión. Esta comisión hoy no tiene siquiera un plan de trabajo interno, mucho menos ha tenido la oportunidad de discutir cuál será la política de sometimiento a la justicia de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo”, afirma Franklin Castañeda, uno de los firmantes de la misiva junto a Gustavo Gallón, Camilo González Posso, Rosa Emilia Salamanca, Linda Cabrera Cifuentes y Jaime Caycedo, todos representantes de la sociedad civil y las plataformas de derechos humanos y de mujeres en dicha comisión. Por ello, agregó, tuvieron que enviar sus observaciones del decreto por la página del Ministerio de Justicia donde estuvo colgado para recibir comentarios de la ciudadanía en general, desconociendo el rol que tienen que desempeñar en la formulación de dicha política.
Junto a la carta, adjuntaron su postura sobre el decreto, del que se distancian en varios puntos. Lo primero, que dicho documento se aleja de ser una política de desmantelamiento de estos grupos y la reduce a un proceso de sometimiento o desmovilización individual, una estrategia que ya se ha utilizado en el país y que ha evidenciado alcances limitados frente a la estructura de los grupos armados.
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“Mientras sigan existiendo caldos de cultivo como el narcotráfico, mercados ilegales asociados a la minería, la tenencia de la tierra, negocios transnacionales como el tráfico de personas, de armas, mal haríamos en pensar que esos grupos no tienen la capacidad de reemplazar a quienes se van sometiendo. Estamos es aspirando a quitarle unos granos a la mazorca y a la vuelta de unos meses, la mazorca sigue estando llena”, sintetizó Castañeda.
Pero, además, cuestionaron la finalidad de fondo que tiene el decreto pues los beneficios económicos y jurídicos que se ofrecen a las personas que se sometan, se otorgan a cambio de información meramente funcional a la Fuerza Pública de cara a enfrentar militarmente esos grupos. Ello se evidencia, según los argumentos enviados al Gobierno, en que para recibir los beneficios se debe entregar información sobre armas, municiones, líderes del grupo armado, bienes, sustancias psicoactivas, rutas del narcotráfico y otros asuntos de esa línea. Nada se menciona, dicen, sobre beneficios a cambio de verdad hacia las víctimas, a cambio de solicitudes de perdón o de confesión de crímenes. “En el decreto no aparece una sola vez la palabra víctima, la palabra verdad o la palabra reparación”, denunció el delegado de las plataformas de DD.HH. en la comisión.
Y pese a ser un decreto de sometimiento a la justicia, llaman la atención sobre aquellos casos en que las personas que se acojan no pasarán por órganos judiciales de ningún tipo. Es así para aquellos que puedan no tener investigaciones previas por parte de la Fiscalía, por el hecho de que se desconociera su pertenencia a un grupo armado. Así, “el aporte que la persona realiza en términos de justicia y verdad se circunscribe a los elementos que sean de utilidad para las Fuerzas Armadas, sin consideraciones sobre las víctimas de las actividades criminales”, se lee en el documento enviado al Gobierno.
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En ese documento, también cuestionaron el lugar que tiene el decreto frente a la guerrilla del Eln, a la que “el Gobierno Nacional ha venido dando tratamiento de GAO”. Franklin Castañeda llamó la atención sobre las intervenciones del alto comisionado Ceballos sobre este proyecto de decreto, en la que se dirige particularmente a los integrantes del Eln. De hecho, en uno de los videos publicados en la cuenta de Twitter del Alto Comisionado para la Paz en el que invitó a hacer comentarios sobre el decreto, intervinieron también Francisco Galán y Felipe Torres, promotores de paz reconocidos por el Gobierno para acercamientos con esa guerrilla.
“Tener una sola ruta de sometimiento o con medidas generales y únicas para todos los grupos armados sin distinción entre los grupos guerrilleros y los demás GAO que pueden calificarse como grupos sucesores del paramilitarismo implica conceder – tácitamente – el estatus político a los paramilitares o restarles el carácter político a los grupos guerrilleros”, reza el documento.
Por eso, consideran que el sometimiento individual, primero, debe ir de la mano con un proceso de sometimiento colectivo, pero, además, que ese es apenas un elemento de lo que debería ser una política real de desmantelamiento de los grupos armados. De hecho, con ese fin, en la Comisión Nacional de Garantías ya fue presentada desde el año pasado una propuesta que avanza en ese sentido y que contempla, además del sometimiento otras cinco esferas. La prevención, atendiendo las condiciones sociales, económicas y normativas que favorezcan la creación o permanencia de los grupos armados; medidas urgentes de protección en los territorios donde estos operan; revisar la acción operativa en terreno para hacer más efectiva la labor de las Fuerzas Armadas; la desestructuración e investigación judicial que aborde también las redes legales e ilegales de apoyo que les permiten a esos grupos sobrevivir y un proceso de seguimiento y evaluación de esa política. Aunque los detalles de esa propuesta son de conocimiento del Gobierno, esta no ha sido discutida en la comisión de garantías, desde donde piden que sea atendida.
