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Dos asuntos que eran gritos a voces se hicieron más evidentes tras los cruentos ataques que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) perpetró en Catatumbo: que la paz total se le está desmoronando al presidente Gustavo Petro y que la frase de que ese grupo armado es binacional se quedó corta para lo que se vio a plena luz.
La tolerancia, la convivencia o cuando menos la complicidad -y la vista gorda de las autoridades de Colombia- que por años ha tenido el oficialismo de Venezuela con ese grupo armado quedó más que clara con los hechos violentos que se han presentado en ese punto fronterizo en Norte de Santander y que han sido calificados por la Defensoría del Pueblo como la mayor crisis humanitaria en décadas en Colombia, y por el Consejo de Seguridad de la ONU como la “peor” desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.
Las cifras no desdicen: van más de 80 muertos, entre ellos seis firmantes de ese Acuerdo, y más de 40.000 desplazados.
El mismo presidente calificó la situación de Catatumbo como un “fracaso de la nación”, aunque por ahora no admite que, tras estos atentados, la apuesta de paz total sigue desplomándose.
El jefe de Estado se hacía esta semana preguntas retóricas sobre “cómo el ELN se desplazó de Arauca a Norte de Santander” sin que nadie lo note, y por qué la inteligencia militar no tuvo información.
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“Algún tipo de información debimos tener y no la tuvimos, por dónde caminaron o anduvieron o se transportaron, esa es una pregunta por hacerse”, dijo el martes ante su ministro de Defensa, Iván Velásquez, durante el lanzamiento de la línea anticorrupción.
Eso a pesar de que informes de inteligencia militar revelaron -tardíamente- que al menos 100 hombres del ELN se movieron con armas y explosivos durante las últimas semanas desde Arauca, pero por el lado venezolano de Táchira y Zulia.
Lo que estaría detrás de la estrategia del ELN en Catatumbo
El golpe en Catatumbo no fue ni más ni menos que un asalto calcado al que hace dos años hizo el ELN en Arauca, también con el mismo objetivo: sacar a las disidencias de las antiguas FARC, “retomar” el control y ayudar al régimen de Maduro a cerrar la frontera.
“Hace dos años el Gobierno venezolano decide expulsar al frente 10 de las disidencias de Arauca. Estoy seguro de que esa decisión fue presión del ELN para que no hicieran más negocios, no pudiera esconderse en Venezuela y no tuviera interlocución alguna con el oficialismo. Lo otro es que aparte de su filiación ideológica lo que une al ELN con Venezuela son los negocios de narcotráfico, las rutas de trata de personas, de armas. Es que todos los delitos que atenten contra los derechos humanos están en esa frontera”, explica Diógenes Quintero, representante de la curul de paz por Catatumbo y quien durante dos años fue el defensor del pueblo en la regional de Ocaña.
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En efecto, en enero de 2022 hombres del ELN atacaron en Tame, Arauquita, Fortul y Saravena a las disidencias de las FARC. La razón no solo era la disputa por el territorio, sino sobre todo, e igual que con Catatumbo no dejarse quitar “la base social”, según lo dijo entonces una alerta temprana de la Defensoría.
Cerca de 90 personas, entre ellas insurgentes, fueron asesinadas y 1.200 resultaron desplazadas. De ahí en adelante, la guerra se exacerbó. La respuesta de la disidencia fue la explosión de un carrobomba contra la sede principal de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en plena reunión de 50 líderes sociales que estaban justamente capacitándose en medidas de autoprotección en caso de ataques armados.
No hubo muertos porque los líderes se encontraban en la parte de atrás de la edificación, pero la fachada quedó destruida y el temor se incrementó en la población. Dos semanas después el ELN decretó un paro armado que duró tres semanas y la disidencia quedó fuera de Arauca, un departamento fortín de los elenos.
Lo que muestran ambos ataques -el de Arauca y Catatumbo- es que la custodia de los 2.200 kilómetros de la porosa frontera colombo-venezolana representa uno de los objetivos primarios del ELN.
Esa zona es para esa guerrilla no solo un refugio estratégico, sino también un territorio clave para la consolidación de su poder económico y militar. Es un espacio donde el control estatal es mínimo y el ELN ha establecido sus propios regímenes de poder.
Por eso, aunque Catatumbo es neurálgico para las operaciones transnacionales que se hacen con el narcotráfico -no en vano es una de las zonas con más hectáreas de coca en Colombia, poco más de 30 mil- ese punto es apenas una de las razones del ELN para el ataque.
Esa guerrilla -y por qué no decirlo, también Nicolás Maduro- necesitaban cerrar las filas para asegurar el control.
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“El ELN quiere ser el actor armado colombiano que tenga exclusividad en el relacionamiento con los venezolanos”, explicó hace unos días a Colombia+20 Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte.
La tregua con las disidencias que duró casi cinco años en esa zona ya no le convenía al ELN dada la cercanía entre los hombres -tanto de esa guerrilla como de la disidencia- que estaban en el terreno. Por eso, la guerrilla movilizó nuevas tropas.
La decisión, según confirmó Petro, vino del mismo Gustavo Aníbal Giraldo, conocido en la guerra como Pablito, histórico mando de esa guerrilla y al que desde 2021 se le perdió el rastro e incluso dieron por muerto.
Pablito reapareció en junio del año pasado cuando se realizó el Sexto Congreso Nacional.
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El coletazo en la paz total
En ese mismo evento del martes, Petro calificó la situación de Catatumbo como un “fracaso de la Nación”, pero el otro fallo, del que por ahora no habla el mandatario, es el de su política de paz total que tras estos atentados sigue desplomándose.
Tal como las alertas tempranas de la Defensoría sobre la bomba de tiempo en la que se estaba convirtiendo Catatumbo y que pasaron inadvertidas para las autoridades, desde hace meses analistas y expertos en negociaciones -y mucho más, las pocas muestras de voluntad de grupos como el ELN- vienen advirtiéndole a Petro y a sus delegaciones que las estrategias de negociación deberían, por lo menos, ajustarse.
Particularmente con esa guerrilla el proceso de paz, aunque había dado muestras de resucitar tras una primera suspensión en septiembre de 2024 por un atentado en Arauca, venía de capa caída. En las últimas dos reuniones de noviembre el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, dijo una frase que hoy parece demoledoramente premonitoria: que el grupo armado estaba dispuesto a avanzar, pero que no iba a firmar la paz con este Gobierno.
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Lo de “dispuesto” quedó en entredicho. De noviembre a enero, el ELN hizo un paro armado en Chocó, en plena emergencia por lluvias que impidió que se pudieran llevar ayudas, atacó con explosivos a una tropa del Ejército que protegía el antiguo ETCR de La Plancha, donde viven firmantes del Acuerdo de Paz. Hasta principios de diciembre iban 17 miembros de la Fuerza Pública muertos en medio de los combates.
Pero los advertidos ataques en Catatumbo no solo sobrepasaron cualquier otro hecho de los últimos meses, sino que han acallado para siempre las especulaciones sobre la conexión entre el oficialismo venezolano y el ELN y han puesto sobre la mesa la necesidad también de revisar cuál será el papel que jugará de ahora en adelante Venezuela como garante de ese y otros procesos de paz que adelanta el Gobierno Petro.
“Venezuela es una parte interesada en los procesos de paz de Colombia, toda vez que en su territorio hay presencia activa de grupos armados colombianos. De retomarse el diálogo con el ELN, tendría que examinarse con cuidado su rol. No podrá ser un borrón y cuenta nueva, como si no hubiera pasado nada”, dijo a Colombia+20 Carlos Velandia, investigador, promotor de paz y quien formó parte de esa guerrilla en el pasado.
Para Jorge Mantilla, experto en crimen y seguridad, el papel de Venezuela deberá cambiar, pero ello no significa apartarse del proceso.
“Lo que podría suceder es que Venezuela dejara de ser un garante, que es la condición que tiene hoy, y pase a ser sencillamente un país sede. ¿Por qué este cambio? Porque al final el ejercicio de mediación o el de los garantes e incluso de los facilitadores en un proceso de paz está fundamentado en que son actores que contribuyen a la construcción de confianza entre las partes. Eso se da en el marco de que no deberían tener intereses y es evidente que Venezuela los tiene”, explica.
Y agrega que, con los hechos últimos es “evidente que Venezuela de alguna manera tiene un interés en la paz total”. Ese interés, dice, “está relacionado con el hecho de que se convierta en una forma también de presionar a Colombia o de generar cierto efecto sobre la posición que ha tenido Colombia acerca de la necesidad de una transición política en Venezuela”.
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Su papel en la mesa con la disidencia de Calarcá también es incierto.
La crisis en Catatumbo evidencia cómo la relación entre el ELN y Venezuela complica la paz en Colombia. La tolerancia del régimen venezolano hacia este grupo armado refuerza su poder en la frontera, mientras el papel de Venezuela como garante de los diálogos de paz queda en entredicho. Sin una postura clara y efectiva frente a esta alianza, la estabilidad regional y el éxito de la paz total estarán en riesgo.
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