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El preocupante incremento del 35% en asesinato de lideresas sociales en 2023

La cifra total de homicidios a líderes disminuyó un 17% respecto a 2022, pero los crímenes contra mujeres subieron. ¿Qué encontró la Comisión Colombiana de Juristas sobre la situación de violencia contra esta población?

Indígenas del pueblo Nasa y Embera se movilizaron por el centro de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar, exigiendo justicia por el asesinato del menor Breiner Cucuñame y el líder Albeiro Camayo, quienes fueron asesinados en el departamento del Cauca. Los manifestantes reclamaron por la seguridad en sus territorios y protestaron contra el abandono estatal de las comunidades indígenas.
En los últimos siete años, la ciudadanía ha realizado decenas de movilizaciones pidiendo garantías de seguridad para líderes.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Durante el 2023 se registró el asesinato de 23 mujeres que ejercían el liderazgo social, seis casos más que en el año anterior, lo que representa un incremento del 35,2% en los homicidios contra esta población. También fueron asesinadas al menos cinco personas con orientación sexual diversa. Así lo muestra el informe de violaciones del derecho a la vida de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales, realizado por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

Aunque la cifra total de asesinatos disminuyó un 17% (pasando de 212 casos en 2022 a 175 en 2023), se mantiene la preocupación por los hechos de violencia contra estas personas, que ejercen labores claves para el desarrollo de sus comunidades y la construcción de paz en su territorios.

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Según Andrea Garzón, directora de Investigación de la CCJ, uno de los principales factores que inciden en que los riesgos contra líderes y defensores se mantengan tiene que ver con la falta de resultados de la Fiscalía General de la Nación en materia de investigación.

“Las hipótesis de investigación que ha sacado la Fiscalía son muy someras, apuntan al control territorial de actores armados, que es lo que histórica y comúnmente se ha dicho sobre estos temas. Consideramos que las investigaciones deben ser más profundas en el sentido de llegar a preguntar por qué se quiere silenciar a un líder o lideresa en particular, cuál era el trabajo que estaba haciendo, trabajar perfiles y ver por qué era incómodo para cualquier tercero”, explica Garzón.

NO VENTAS ZONA EPA
Las mujeres étnicas enfrentan graves riesgos en las zonas con presencia de grupos armados.
Foto: (EPA) EFE - ERNESTO GUZMÁN JR

Una muestra de la ausencia de resultados tiene que ver con los presuntos autores de los asesinatos. De los 175 casos de 2023, se desconoce el responsable en 132 hechos (el 75% de los homicidios).

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“El proceso de investigación de la Fiscalía debe ser más complejo no solamente para ir en contra de autores materiales (aunque ya las cifras sobre estos es muy reducida), sino ir en contra de quien realmente está detrás de los asesinatos”, asegura la directora de Investigación de la CCJ.

Las alertas por los asesinatos de mujeres

Entre los 23 homicidios contra mujeres el año pasado se identificaron tres lideresas indígenas, tres afrocolombianas y dos campesinas.

El reporte de la CCJ asegura que en algunos casos se registraron vulneraciones previas como amenazas, desapariciones forzadas, torturas físicas y casos de violencia sexual.

“Hay que poner mucha atención a los sectores de liderazgo de las mujeres. En 2023 tuvimos unas elecciones bastante complicadas tanto a nivel nacional como territorial. Mientras que en 2022 no tuvimos asesinatos contra lideresas políticas, durante 2023 sí, y eso tiene que ver con represalias persecuciones y con que las mujeres han empezado a visibilizarse más en los escenarios políticos y por esto empiezan a estar más en el ojo de los que están asesinando a estas personas”, explica Garzón.

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En la cifra global de 175 asesinatos, los sectores más afectados fueron el comunal (42 homicidios), el indígena (31), el político (24), el comunitario (19) y el campesino (14).

Bajo este panorama de violencia, la Comisión Colombiana de Juristas volvió a hacer un llamado a las entidades del Estado para que profundicen las medidas de protección a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos.

 

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