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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Qué es la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas, ONU? ¿Qué es lo que hace ese equipo en Colombia? ¿Por qué estaba en riesgo su continuidad? ¿Qué fue lo que se decidió? ¿Qué tiene que ver con el proceso de paz? ¿Qué había pedido el gobierno de Iván Duque al respecto? ¿Por qué hasta el presidente Gustavo Petro ha salido a comentar la decisión que se tomó el viernes? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con toda esta discusión? ¿Y por qué Rodrigo Londoño, “Timochenko”, le hizo una petición especial a Petro? ¿Cómo se asoma la Corte Penal Internacional en este capítulo de la historia nacional? Para responder a estas preguntas, le pedimos todos los contenidos recientes a la redacción de Colombia +20, dedicada a registrar y analizar los temas de paz en Colombia, y son los que dejaremos a continuación para explicar y resumir este tema que hoy fue portada de El Espectador en la edición impresa. Comencemos.
Vamos por partes: ¿Qué es la Misión de Verificación de la ONU? “Se estableció el 25 de enero de 2015, más de un año antes de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Aunque en un principio se trataba de una misión de observadores internacionales encargada de monitorear y verificar la dejación de las armas de esta guerrilla, su mandato se fue extendiendo para hacerle seguimiento a la implementación del pacto”, nos explicaron los reporteros.
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¿Cuál es su papel hasta este instante? “El organismo monitorea, por ejemplo, la reincorporación de los excombatientes de las FARC, las garantías de seguridad, las garantías jurídicas y algunos asuntos transversales como el enfoque de género en la implementación de lo acordado. Asimismo, también hace seguimiento al capítulo étnico y la reforma rural contenidas en el Acuerdo, y bajo la apuesta de paz total del Gobierno de Gustavo Petro, se le ha encomendado acompañar algunas de mesas de diálogo”.
¿Y por qué estamos hablando de ella? Porque el viernes pasado se definía el futuro de ese equipo internacional en Colombia, pues se votaría en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York si le renovaban su mandato o no en territorio nacional. Si se le condicionaba o no para seguir adelante. Lo decía la redacción de Colombia +20: “La extensión del mandato de este organismo es clave por el papel que se le ha encargado para la búsqueda y consolidación de la paz en nuestro país”.
Por eso, en la previa de la decisión con su votación, los colegas nos contaban un poco de contexto, que tenía detalles de amplia relevancia, como el cambio en la cabeza de dicha misión en nuestro país, la inclusión de Gustavo Petro en la Lista Clinton y el recorte de presupuesto de Estados Unidos hacia Colombia en medio de uno de los peores momentos de la relación bilateral, producida por las diferencias políticas entre los líderes de los dos países, Gustavo Petro y Donald Trump, sobre todo en el tema de la lucha antidroga (la desertificación):
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De acuerdo con las fuentes consultadas por Cindy A. Morales Castillo, estaba cantado que EE. UU. condicionaría la continuidad de Misión de ONU en Colombia a que no estuviera entre sus obligaciones y responsabilidades la verificación de las sanciones de la JEP. Eso nos contaba en la mañana del viernes 31 de octubre en este texto: “El punto de mayor tensión ha sido la presión de Estados Unidos para suprimir dos funciones que la Misión venía cumpliendo desde 2023: la verificación del cumplimiento de las sentencias restaurativas dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016, de acuerdo con el borrador dado a conocer por el Security Council Report (SCR), “una organización independiente que proporciona análisis y datos sobre el Consejo de Seguridad de la ONU para promover la transparencia y la eficacia de su labor””, nos dijo. “Tras semanas de negociaciones, el documento elimina ambas tareas”, agregó.
“La Misión también verificó el cumplimiento del Cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal (CFBNT) entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Y, por solicitud de las partes, hizo parte del Mecanismo de Monitoreo y Verificación junto con la Conferencia Episcopal de Colombia, el Gobierno Nacional y el propio ELN”, aunque ese proceso de paz está detenido hace casi un año. Redacción Colombia +20.
Sobre las 3:00 de la tarde ya se iba decantando la decisión. En la votación “se renovó el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, por un año, con 13 votos a favor y dos abstenciones”. Nos recordaron, entonces, cuáles eran las tareas de esta Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que tiene que ver con la observación directa de cinco puntos del Acuerdo Final de Paz de 2016:
- El punto 1, sobre la Reforma Rural Integral.
- El punto 3.2, relativo a la reincorporación económica, social y política de los excombatientes de las FARC-EP.
- El punto 3.4, que aborda las garantías de seguridad para quienes están en proceso de reincorporación, así como para las comunidades y organizaciones en los territorios.
- El punto 5.1.2, sobre las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
- Y el punto 6.2, correspondiente al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.
El asunto es que la decisión venía, tal cual como nos lo había adelantado el equipo de Colombia +20, con condiciones. ¿Cuáles? “Aunque sí se extendió el mandato, se suprimieron dos funciones que la Misión tenía: la verificación del cumplimiento de las sentencias restaurativas dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz de 2016”.
La intervención del representante de Estados Unidos fue contundente y sin largas: “Las prioridades políticas del presidente Petro en lo que se refiere a la paz y la seguridad, tanto dentro de Colombia como en la región y en el mundo entero, son irresponsables, fuera de lugar y han contribuido a una mayor inestabilidad de violencia en Colombia. Por ello, no estamos en condiciones de refrendar esta resolución”, dijo. Dejó claro que el gobierno Trump está “deseoso” del nuevo gobierno de Colombia, en referencia a las elecciones presidenciales de 2026. Y que “seguimos decididos a respaldar la paz y la justicia en Colombia y nuestras relaciones con el pueblo de Colombia y con sus instituciones, relaciones que son firmes y que seguirán siéndolo mucho después de que el presidente Petro abandone su cargo y una vez que se hayan abandonado sus políticas fallidas. En tal sentido estamos deseosos de trabajar con el futuro gobierno de Colombia para entender sus prioridades en materia de paz y de seguridad y por ende el papel de esta Misión de las Naciones Unidas en favor de esas metas”:
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En el seno de la discusión, varios representantes dejaron ver su opinión y posición. El de Panamá, por ejemplo, dijo: “El Acuerdo de paz de 2016 es reconocido como un hito regional y global de diálogo, entendimiento mutuo, y de cómo las partes de un conflicto pueden ser capaces de sobreponer sus diferencias en beneficio de la paz y el bienestar colectivo”. “Si bien nos complace que esta Misión de Verificación haya sido renovada por un año adicional, nos vemos obligados a expresar nuestra disconformidad con que se hayan excluido de su mandato el Capítulo étnico y la verificación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (…) que representaban un interesante modelo sui generis, ya reconocido en el mundo por su contribución a la reconciliación”.
Desde Eslovenia fueron en la misma línea: “Lamentamos que, a pesar del abrumador apoyo a la verificación del cumplimiento y ejecución de esas sentencias (sanciones propias), finalmente no se incluyera el mandato de la Misión. Recordamos al Consejo que el propio acuerdo ya preveía dicha verificación y, por lo tanto, reflejaba la voluntad de las partes. También estamos decepcionados porque el mandato omita el capítulo étnico”. Y el vocero de Corea: “Si bien esta resolución no gozó del apoyo unánime por primera vez en su historia, sí que sigue reflejando el firme apoyo del Consejo de respaldar la aplicación del Acuerdo de Paz de 2016″. Todas las demás intervenciones aparecen aquí.
Una vez se conoció la votación y las intervenciones, el presidente Gustavo Petro respondió: “Que se quite el capítulo étnico es una demostración de racismo. Y que se elimine la JEP, muestra la displicencia del gobierno de los EE. UU. con la verdad en Colombia”. Como ha sucedido desde que han sido evidentes las diferencias entre los dos políticos, Trump y Petro, el mandatario colombiano volvió a lanzar directas desde su cuenta de redes sociales: “Cuando lo importante no es la cocaína sino el petróleo, cambia la estructura de alianzas del gobierno de los EE.UU.”.
Y la JEP, ¿qué dijo la JEP? “Pese a la limitación de la funciones de la Misión de Verificación la ONU, la JEP a través de su propio sistema de monitoreo, continuará verificando el cumplimiento de las sanciones propias impuestas a los máximos responsables sancionados en esta Jurisdicción”. Lo hizo, como se ha vuelto habitual en muchos de los mandatarios y entidades estatales, a través de una red social.
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Pero, más allá de la decisión, que estaba tomada, otra vez Cindy A. Morales Castillo, desde la redacción de Colombia +20, invitaba a una reflexión sobre una realidad: “Desde que se firmó el Acuerdo de 2016, el Consejo de Seguridad de ONU siempre había sido unánime sobre ese pacto, pero ya se dividió”. La prueba: la votación condicionada que acababa de suceder. Nos recordó que sobre las sanciones de la JEP, esta acción había sido solicitada por el gobierno de Iván Duque en 2021 y que, con la nueva decisión, es decir, el retiro de las obligaciones, queda de par en par una puerta gigantesca: “La posibilidad de que la Corte Penal Internacional reabra su examen preliminar a Colombia”.
La semilla de lo que pasó el viernes comenzó a tomar forma -además de la ya marcada diferencia entre Petro y Trump- cuando “la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia envió una carta en julio pasado al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, pidiendo que ese país no apoyara la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU. En la misiva, Valencia acusó a la JEP de “promover impunidad” para exmiembros de las FARC”, contaba la redacción de Colombia +20. Para algunos se eleva una pregunta con crítica en el medio: ¿Por qué el Centro Democrático (administración Duque) solicitó la verificación internacional en 2021, y ahora es el mismo partido político, con una de sus lideresas al frente, el que en este 2025 pidió su eliminación?
Recordando en este momento a Horacio Serpa, cuando decía “la política es dinámica”, pues para algunos la respuesta está en que, con la llegada de Duque, quien públicamente había criticado el acuerdo, se descargó la responsabilidad de la verificación en un organismo internacional; pero ahora, cuando los nuevos liderazgos están buscando la Presidencia, todo suma en campaña y esa era una movida coherente para quienes han estado en desacuerdo desde siempre con el proceso de paz, el acuerdo y, claro, con la JEP y sus decisiones.
Precisamente la senadora Paloma Valencia lo escribió en X: “Gracias a Estados Unidos, la misión de verificación de la ONU en Colombia no podrá hacer seguimiento a las ridículas sanciones de la JEP contra las Farc. Fracasó el intento de lobby que realizaron los Magistrados de la JEP y la renovación de la misión no fue por dos años, como siempre había ocurrido, sino solo hasta 2026. Sin el acompañamiento de la ONU, es más fácil que la Corte Penal Internacional inicie las investigaciones contra el Secretariado de las Farc. No hubo cárcel ni justicia, solo impunidad con curules gratis y 300.000 hectáreas de coca”:
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La decisión claramente ha despertado todo tipo de reacciones, pero ¿cuáles pueden ser los efectos sobre la JEP? La redacción de Colombia +20 y la redacción Judicial nos ayudan a contestar esa pregunta, cada una con textos independientes. Vamos con la primera mirada. Para el jurista Fabián Cárdenas, profesor de derecho internacional, las consecuencias son claras: “Esencialmente se reciben dos perjuicios directos a la JEP: por un lado, la pérdida del apoyo institucional, técnico y financiero que brindaba la ONU a su gestión. Por otro, la ausencia de presencia internacional en el proceso genera una importante pérdida de legitimidad al funcionamiento de la JEP”.
Cindy A. Morales Castillo nos explica que “esa pérdida de legitimidad externa podría tener una consecuencia mayor: reabrir la puerta a la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI)”. Y hace un poco de memoria: En 2021, el fiscal Karim Khan anunció el cierre del examen preliminar sobre Colombia, tras concluir que la JEP y la Fiscalía adelantaban investigaciones genuinas sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero esa decisión se tomó en un contexto de verificación internacional independiente, incluida la observación de Naciones Unidas sobre las sanciones. Para expertos en justicia transicional consultados por este diario, el retiro de esa verificación desmantela un pilar del sistema: “Lo más debilitado ahí es el mecanismo de supervisión de las sanciones (…). De facto, lo que vamos a tener ahora es la CPI más metida”, dijo uno de ellos. “Si la CPI considera que las sanciones propias de la JEP no se están cumpliendo o que no existe control efectivo, podría reabrir su examen preliminar o exigir información adicional al Estado colombiano sobre la ejecución de las medidas restaurativas”, agregó la reportera en este amplio análisis.
Jhordan C. Rodríguez, de la redacción Judicial, también se aprestó a un análisis de entrada: “A la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le tomó más de siete años emitir sus primeras sentencias para castigar a los máximos responsables de crímenes cometidos en el conflicto armado. Pero ahora que la justicia transicional tiene sus dos primeros fallos en las manos, la verificación de su cumplimiento está en la cuerda floja. La Misión de Verificación de la ONU, que adelantaría ese trabajo, se retiró de la mesa. Ahora esa jurisdicción, por sus propios medios, tendrá que seguirle pista al cumplimiento de las sanciones. Aunque la JEP sostiene que no necesita de una ayuda internacional para la tarea y que su sistema propio es suficiente, esa postura deja con dudas a expertos en la materia. Algunos, incluso, ven en la salida de la ONU un resquebrajamiento de los logros del Acuerdo de Paz de 2016”.
El texto completo con esto que nos cuenta el colega de la redacción Judicial está aquí, pero les dejamos un par de opiniones allí consignadas: Para María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional en Colombia (ICTJ, por sus siglas en inglés), “el acuerdo establece que podrá haber monitoreo internacional, pero eso no significa que el cumplimiento de las sanciones dependa de eso”. Según la experta, “la primera responsabilidad del seguimiento al cumplimiento es de la JEP. En ese sentido, le corresponde a esa jurisdicción tener un mecanismo robusto de seguimiento y monitoreo”. Además, señaló que “el monitoreo internacional no estaba previsto para que fuera exhaustivo. Su función era más bien de respaldo político y para legitimidad”.
Y esta otra también tiene mucho valor por quien lo dice: el exnegociador de paz y senador Humberto De la Calle aseguró que la salida de la ONU no hace que se afecte la verificación del cumplimiento “pero sí me parece que hay un efecto muy grave y es que una cosa era sanciones alternativas menos severas que muchos critican, pero dictadas bajo la sombrilla unánime del Consejo de Seguridad, lo cual incluso frente a la Corte Penal Internacional era un mensaje de que el sistema de Naciones Unidas en su conjunto estaba avalando la forma de actuar Colombia en esta materia”. Que la ONU se levante de la mesa, dice De la Calle, “elimina esa sombrilla y convierte el monitoreo exclusivamente en acciones que debe adoptar el gobierno colombiano, me parece que se genera una cierta fragilidad, una cierta ausencia de protección internacional y uno no sabe qué riesgos hay en el futuro sobre la suerte del monitoreo de las sanciones”.
Es momento para recordar El Espectador le explica que escribió el colega Gustavo Montes Arias sobre las sentencias de la JEP, pues “tras siete años de funcionamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)” había emitido “sus dos primeras sentencias de tipo restaurativo. Sin embargo, las esperadas decisiones están en la cuerda floja por cuenta de las apelaciones de las víctimas y la falta de recursos para su cumplimiento”. Todo los detalles para comprender el impacto de esas sanciones quedaron aquí escritas.
Por ahora, asegura el mismo Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, en su primera entrevista desde que asumió el cargo, dijo que “se va a realizar una reunión con el presidente de la JEP. También hablaremos con el Gobierno y con el sistema de Naciones Unidas en Colombia, porque la nueva resolución pide al secretario general coordinar todas las presencias de las Naciones Unidas en el esfuerzo de apoyar estos procesos. Hoy no puedo darle una respuesta exacta, pero sí es claro que ya no tenemos este mandato para verificar las sanciones propias de la JEP, y tenemos que respetar la resolución, porque para nosotros la resolución del Consejo de Seguridad es una ley”. Sin embargo fue claro en que “la aprobación de la renovación del mandato de la Misión de Verificación es un éxito” y que “nosotros vimos apoyo de todos los miembros del Consejo de Seguridad a la paz en Colombia. Esto es lo principal”.
Seguiremos atentos al desarrollo de esta noticia, a la voz de las víctimas, pues como lo dice el mismo jefe de la Misión, todavía falta coordinar lo que se viene y cómo se va a ejecutar. Entre tanto, la vicepresidenta Francia Márquez se refirió al capítulo étnico: “Lamentamos profundamente la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de excluir la verificación a la implementación del Capítulo Étnico y las acciones de la Justicia Especial para la Paz (JEP). Esta decisión representa un retroceso significativo en el camino hacia la consolidación de una paz con justicia para los pueblos étnicos, más aún, teniendo en cuenta que en sus territorios persiste la violencia de los grupos armados ilegales y se hace urgente proveer alivio humanitario”. No hay que olvidar que es en el territorio donde se ha vivido la verdadera violencia de un país en guerra que no para de reescribir tragedias y por eso se guarda la esperanza de que algún día, entre todos, podamos vivir en paz. A pesar de las diferencias.
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