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Seis miembros del último secretariado de las extintas FARC entregaron a la JEP su respuesta formal a la imputación hecha en noviembre de 2024 por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos contra más de 18.000 niñas, niños y adolescentes.
El extenso documento, que supera las 400 páginas fue entregado por sus abogados -el último día de plazo para ese reconocimiento formal- ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP.
En el documento Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo, Jaime Alberto Parra y Milton de Jesús Toncel aceptan la responsabilidad por la incorporación de menores a las filas de las antiguas FARC, y califican esa práctica como un error profundo e injustificable.
“En consecuencia, los comparecientes reconocen que, en distintos momentos y contextos del conflicto armado, se configuró una práctica de facto de reclutamiento de menores de 15 años al interior de las extintas FARC. Si bien dicha práctica no fue institucionalizada ni formalizada mediante reglamentos internos, su ocurrencia obedeció a la falta de control efectivo por parte de ciertos mandos, quienes incurrieron en omisiones frente a su deber”, dice el documento.
Sin embargo, sobre el tema de violencia sexual, de género y reproductiva, los firmantes niegan que haya existido una política formal o tácita que promoviera o tolerara la violencia sexual, abortos forzados o políticas anticonceptivas impuestas en las filas de la insurgencia. Sostienen que los casos registrados fueron excepcionales, que no obedecieron a una directriz institucional y que incluso algunos de ellos fueron investigados y sancionados en el interior de la organización.
Ahora, el tribunal evaluará las observaciones de los seis excomandantes frente a los cargos formulados por la JEP, que incluyen reclutamiento forzado, homicidios, tortura, violencia sexual, abortos forzados y actos discriminatorios contra personas con orientación sexual e identidad de género diversas.
Estas son algunos de los datos recogidos por la JEP durante la extensa investigación que incluso se trabajo en un macrocaso, el número 11, sobre violencia sexual en las filas de las antiguas FARC o perpetradas por miembros de esa extinta guerrilla.
¿Qué sigue?
La JEP afirmó el martes que entrará a evaluar la respuesta del antiguo secretariado en orden de avanzar en una resolución de conclusiones. Esa evaluación incluirá si hubo verdad plena y detallada y consistente, y si se cumple con la justicia restaurativa.
Si el tribunal considera que la respuesta tiene esos elementos y tras la resolución de conclusiones, los excombatientes de las FARC podrían acceder a sanciones propias (uno de los tres tipos de medidas que tiene la JEP), pero en ese caso serían no privativas de la libertad), que van de los cinco a los ocho años, pero no son privativas de la libertad.
De lo contrario, irían a un juicio adversarial donde se enfrentarían a sanciones ordinarias de hasta 20 años de prisión.
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