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En diciembre del 2002 las AUC anunciaron un cese unilateral al fuego como muestra de paz para el entrante gobierno de Álvaro Uribe Velez.
Foto: Archivo El Espectador
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En enero de 2003, el entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, llegó a Santafé de Ralito en Tierralta (Córdoba) junto a la Comisión Exploratoria de Paz para reunirse con los jefes paramilitares de las AUC y plantear el sistema de desmovilización de las estructuras armadas.
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Durante seis meses tuvieron diferentes encuentros con los que se buscaba desmovilizar a 36 estructuras armadas entre bloques y frentes, ubicados en 26 de los 32 departamentos del país.
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El 15 de julio de 2003, en la cancha del corregimiento de Santafé de Ralito, llegaron los delegados del gobierno, las AUC, la Iglesia Católica, medios de comunicación nacionales e internacionales y políticos nacionales a acompañar el acto.
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Salvatore Mancuso le explicó a la Comisión de la Verdad que el proceso de desmovilización se iba a realizar de forma gradual para que la Fuerza Pública tuviera la capacidad de llegar a los territorios y retomar el poder.
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Los representantes de la Iglesia fueron monseñor Jorge Leonardo Gómez Serna, monseñor Julio César Vidal, monseñor Germán García Isaza, monseñor Luis Augusto Castro y los padres Leonidas Moreno y Darío Echeverry.
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El primer bloque paramilitar en desmovilizarse fue el Bloque Cacique Nutibara bajo el mando de Diego Murillo Bejarano ‘Don Berna’, el 25 de noviembre del 2003 en Medellín, mientras que el último se dio en la región de Urabá, justo un mes antes de la reelección de Álvaro Uribe.
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Dentro de lo acordado, las AUC estaban dispuestas a dejar las armas a cambio de legalizar parte de su fortuna, su poder político y especialmente, a no ser extraditados a los Estados Unidos.
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En 2004, la MAPP/OEA entró como un mecanismo externo de observación. En sus informes resaltó que muchas de las estructuras paramilitares no se desmovilizaron en su totalidad y alertó un inminente resurgimiento de los nuevos grupos armados.
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El rearme de los paramilitares fue del 22%, es decir, superior al de otros grupos que dejaron las armas. Aunque pasados gobiernos insistieron en que el “paramilitarismo ya no existe”, el no haber arrancado el problema de raíz dio paso al nacimiento de varios Grupos Armados Post Desmovilización (GAPD).
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