Masacre de El Tandil: tras 4 años, piden que sea investigada en justicia ordinaria

1. El 5 de octubre de 2017, más de 1.000 campesinos e indígenas awá de la zona rural de Tumaco protestaban en la vereda El Tandil contra los operativos de erradicación forzada de cultivos de coca por la Policía Antinarcóticos en la zona. En medio de las protestas, los miembros de la Policía y los militares del Ejército que los acompañaban abrieron fuego contra los manifestantes. Según los uniformados, sus tropas fueron atacadas por un grupo disidente de las Farc y en respuesta dispararon.

2. El hecho es conocido como la primera masacre cometida después del Acuerdo de Paz, firmado en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las Farc. Resultado de los disparos, fueron siete las víctimas: Jaime Guanga Pai, Diego Escobar Dorado, Nelson Chacuendo, Alfonso Taicus, Aldermar Gil, Janier Usperto Cortés e Iván Darío Muñoz.

3. La Fiscalía 102 especializada de Pasto contra bandas criminales asumió la investigación y determinó que no había elementos probatorios que sustentaran la versión de la Fuerza Pública sobre el ataque a sus tropas. Por el contrario, dijo que fue un ataque indiscriminado contra población indefensa. Por eso, vinculó al capitán de la Policía Javier Enrique Soto García y al mayor del Ejército Luis Fernando González Ramírez, al mando de las tropas que ese día hacían el operativo de erradicación forzada.

4. Sin embargo, en agosto de 2019, la defensa de los imputados y la Procuraduría judicial solicitaron que el caso fuera remitido a la justicia penal militar. El argumento era que lo sucedido estaba enmarcado dentro de la orden de operaciones Hércules y un juzgado de Tumaco accedió. Entonces, el caso pasó a la penal militar.

5. En octubre de 2020 las víctimas, representadas por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y la Corporación Jurídica Yira Castro, solicitaron a la Fiscalía que presentara conflicto de competencias a la justicia penal militar, para que el caso volviera a la justicia ordinaria. El órgano investigador escuchó a las víctimas y presentó el conflicto de competencias.

6. En febrero de 2021, un juzgado envió el conflicto de competencias a la Corte Constitucional para que esa corporación definiera y allí actualmente se encuentra el proceso. Por eso, este 4 de octubre, un día antes del cuarto aniversario de la masacre, familiares de las víctimas, acompañados por sus abogados, hicieron un plantón frente a la Corte Constitucional para pedirle que se pronuncie lo más pronto posible sobre la impugnación de competencia para que el caso se remita a la justicia ordinaria. Además, le llevaron a esa alta corte más de 500 firmas que respaldan la petición.

7. “No podemos permitir que sean los jueces penales de la Policía y el Ejército los que estén investigando estos hechos cuando ellos son los responsables”, dijo el abogado Alirio Uribe, del Cajar, que acompaña el caso junto a la abogada Lucía Aldana, de Yira Castro.