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Este fin de semana, líderes campesinos y comunales de al menos 40 veredas de la región de Guayabero, en Guaviare, se reunieron en Puerto Cachicamo con delegados del Gobierno y la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comanda por Calarcá Córdoba, así como representantes del Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y Parques Nacionales.
Así lo dio a conocer esa mesa de diálogo de paz en un comunicado publicado este domingo. De acuerdo con el documento, el objetivo del encuentro era “revisar, acelerar y profundizar las acciones” para el “reconocimiento de derechos campesinos y el cuidado ambiente”.
En el comunicado se afirma que tras la reunión se establecieron tres acuerdos. El primero continuar con el diálogo como “única vía de solución” de los problemas que enfrenta el campesinado y las comunidades indígenas del Arco Amazónico (Caquetá, Meta y Guaviare).
Además, se convocó a la sociedad y las organizaciones a “movilizarse en favor de la paz, cerrando el paso al guerrerismo”, dice el documento.
Y por último, se anunció que se realizará un encuentro entre las organizaciones campesinas y sociales, entidades del Gobierno y delegados de la mesa en la región de Guayabero de cara a la “implementación de medidas de transformación territorial”. No se dio la fecha de esa reunión.
El documento fue firmado por Pedro Arenas, parte de los negociadores de Gobierno, y Leopoldo Durán, jefe de la delegación de esa disidencia.
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La violencia en el Guaviare
A mediados de enero, mientras empezaba a librarse los ataque del ELN en Catatumbo y los posteriores enfrentamientos con la disidencia de Calarcá, otros combates también se daba en Guaviare. De acuerdo con reportes de las autoridades, los choques entre los bloques Amazonas, al mando de Mordisco, y Jorge Suárez Briceño, de Calarcá Córboba, se dieron en zona rural del municipio de Calamar. En el hecho murieron 20 combatientes —cinco mujeres y 15 hombres—. Luego se supo que había menores de edad entre los muertos.
En septiembre del año pasado ya se había presentado hechos violentos como el confinamiento de cerca de 4.000 personas por los enfrentamientos entre las disidencias. Este diario publicó un reportaje en su momento que daba cuenta de esa situación humanitaria.
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La Defensoría del Pueblo ha hecho varias alertas sobre la posibilidad de una escalada de conflicto en el departamento. La entidad advirtió a finales del año pasado que, pese a que en ese departamento solo hay presencia de las disidencias de las Farc, “las vulneraciones a los derechos humanos son significativas, con imposición de normas de control social, restricciones a la movilidad y ‘cercos humanitarios’.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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