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A la situación que vivió el país este fin de semana con los ataques en Cauca y Valle del Cauca se sigue sumando la crisis humanitaria que no da tregua en el Catatumbo.
En esa región de Norte de Santander, donde se presentaron graves hechos contra la población civil en enero de 2025, persisten los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), al mando de Calarcá Córdoba. El accionar de ambos grupos armados ha llevado al desplazamiento de unas 22.000 personas, con afectaciones de más de 100 mil desde los combates del año pasado.
A inicios de la semana pasada, Colombia+20 documentó cómo se está agravando la situación en esa zona —con reclutamiento de menores y ataques con drones— e incluso como se está expandiendo a zonas urbanas de Cúcuta.
La persistencia del conflicto llevó a que una comisión de más de 160 personas —integrada por 22 entidades del Estado (algunas de las cuales o no habían entrado al territorio antes o no lo hacían desde hace un año), organizaciones sociales y acompañamiento internacional— llevó a cabo una visita humanitaria en Campo Seis, Bertrania, Kilómetro 25 y Versalles.
El informe público derivado de esta misión, que se llevó a cabo entre el 24 y 28 de marzo pasados, se presentará este martes en Bogotá.
La mayor preocupación, dice el informe, radica en la degradación acelerada asociada al “uso sistemático de drones para vigilancia y ataque con explosivos”, los cuales sobrevuelan viviendas y cascos urbanos, provocando un impacto psicosocial profundo y un ambiente de “miedo permanente en la comunidad”.
A este terror aéreo se suma la instalación indiscriminada de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en caminos, viviendas y entornos escolares, algunos de ellos ubicados a distancias de apenas 50 y 100 metros de las escuelas.
“Algunos de estos artefactos han sido encontrados por niños, niñas y adolescentes de forma accidental incrementando el riesgo hacia esta población y limitando sus movilidades, lo cual afecta de manera directa sus actividades de formación como las educativas e incluso de ocio, llevando a que zonas comunes, como por ejemplo, los parques no puedan ser de su uso”, dice el informe.
Esta situación no solo ha causado mutilaciones a civiles, sino que ha impedido que las comunidades busquen medios de subsistencia básicos como el agua o extraigan sus cultivos de pancoger para subsistir.
Diálogo humanitario ya
La principal conclusión y alerta del informe es que uno de los elementos más críticos identificados es lo que ellos llaman “acumulación de impactos humanitarios” en una población que es blanco de múltiples victimizaciones.
“En este contexto, personas que han sido previamente desplazadas o afectadas por distintos hechos de violencia continúan siendo expuestas a nuevos eventos victimizantes, incluyendo desplazamientos reiterados dentro de la subregión, confinamientos prolongados y pérdida continua de sus medios de vida”, se explica.
Ante este escenario, el clamor de las comunidades recogido en el territorio sigue siendo el mismo desde 2025. Una exigencia desesperada de diálogo humanitario expresada en frases directas: “que nos dejen en paz”, “que lleguen a un diálogo”, “que nos dejen vivir”, “tener calma” y “que la guerra se termine”.
La propuesta de mantener un diálogo de este tipo la vienen trabajando varias organizaciones sociales y la mesa humanitaria desde febrero pasado y, de hecho, se la han presentado tanto a la mesa de paz que se adelanta con el Frente 33 como a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz.
En contexto: Catatumbo: Piden a Gobierno “diálogo regional” con armados para abrir corredor humanitario
Según lo que conoció este diario, se trata de llevar alivios humanitarios en temas de desminado, corredores humanitarios, trabajar en posibles retornos y una estrategia de priorización. Además, se ha pedido que el interlocutor sea una autoridad local.
Hace una semana, el consejero de paz departamental, Luis Fernando Niño, había afirmado a Colombia+20 que hasta ahora no hay una respuesta concreta que permita activar este espacio de diálogo. “Nos dicen que está en estudio en la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, pero esperamos que no se dilate, que no saquen el decreto el 7 de agosto cuando sea demasiado tarde”, advirtió Niño.
¿Qué se hizo durante la visita?
Durante las jornadas de atención, dice el documento, se alcanzaron alrededor de 1.740 atenciones. La misión médica atendió a 700 personas, detectando cuadros de desnutrición crónica y esquemas de vacunación inexistentes en la infancia.
La estructura de trabajo se dio en siete subcomisiones para que las distintas entidades pudieran atender integralmente a las comunidades. Los equipos incluían temas de tierras y despojo, orientación y toma de declaraciones frente a hechos victimizantes, migración, prevención del reclutamiento forzado, misión médica con atención psicosocial y por último las Juntas de Acción Comunal.
Por su parte, la subcomisión de toma de declaraciones atendió a 450 personas, revelando que muchos ciudadanos “no han recibido la primera ayuda humanitaria desde hace más de un año que inició la crisis”.
Según el informe, el desbordamiento institucional es tal que la Personería de Tibú refleja un colapso con más de 200 personas agendadas y cerca de 300 en espera, sumando rezagos acumulados desde 2025.
La vulnerabilidad de la población se manifiesta también en una crisis de hambre y desnutrición, producto del control de los mercados por actores armados y la falta de dinero en efectivo en la zona. El informe documenta casos de reclutamiento forzado, especialmente de menores entre los 12 y 15 años. “Se registran dinámicas relativas a ofrecimientos de un salario mínimo mensual a menores de edad por su vinculación a un grupo armado”, indica.
El informe dice que la visita confirma que “la crisis en la subregión no es un fenómeno coyuntural, sino una crisis prolongada y en proceso de agravamiento”.
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