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Un ataque sicarial en un billar. Otro en un restaurante. A veces frente a una casa o en una playa a plena luz del día. Un boxeador que desaparece después de una pelea y cuyo torso termina flotando en las aguas del río Magdalena. Escenas que, separadas, parecen apuntar apenas a casos aislados, a hechos excepcionales. Pero no lo son. Al menos, no en el departamento del Atlántico.
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En enero de este año, el presidente Gustavo Petro aseguró que los homicidios en Barranquilla se habían reducido a la mitad durante su gobierno, avance asociado a la tregua entre Los Costeños y Los Pepes que terminó ese mismo mes.
Pero quedarse únicamente en las cifras de la capital —que fluctúan entre sí— termina dejando por fuera una discusión más amplia sobre lo que ocurre en el resto del departamento: las cifras del Sistema Civil de Alertas Tempranas, que lidera el ex personero Arturo García, muestran que en los primeros cuatro meses del año se han contabilizado 394 homicidios, un incremento de 116 casos respecto al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 278.
Según la misma entidad, hasta ayer, 18 de mayo, se registraron 73 muertes violentas en el Atlántico (un volumen de casos igual al acumulado en todo mayo de 2025), que equivale a casi cuatro personas asesinadas por días.
Los antecedentes
Entre el 25 de octubre de 2025 y el 20 de enero de este año, en una sala de la cárcel La Picota, en Bogotá, y en presencia de las autoridades, quedó sellado una especie de respiro temporal para el Atlántico. Se trataba de un acuerdo que buscaba frenar la confrontación entre Digno José Palomino Rodríguez y Jorge Eliécer Díaz Collazos, los cabecillas de Los Pepes y Los Costeños, respectivamente, dos de las estructuras criminales más poderosas en el departamento y responsables de múltiples delitos en la región, para aportar a los acercamientos impulsados dentro de la política de Paz Total del actual gobierno.
Pero lo que parecía abrir la posibilidad de devolver algo de tranquilidad al departamento, golpeado durante los últimos años por disputas violentas, “produjo un efecto perverso negativo, quizás no deseado: que las dinámicas del homicidio y la extorsión se salieran del área metropolitana”, explica en este análisis Luis Fernando Trejos, columnista, profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, quien ha sustentado que, probablemente, “Atlántico vive su periodo más violento desde los 2000″.
Recientemente, se han realizado dos consejos de seguridad en el departamento con presencia de autoridades nacionales. El primero tuvo lugar en la base aérea de Malambo y contó con la participación de los ministros del Interior y de Defensa; el segundo se desarrolló en Baranoa. “En el de Malambo, el ministro Sánchez reconoció abiertamente que había un problema estructural de impunidad, porque 9 de cada 10 detenidos en flagrancia por porte ilegal de armas quedaban en libertad, por ejemplo”.
Básicamente, hay una sobrecarga institucional: “Entonces está la policía que captura, pero por distintos motivos, cuando se llega al nivel de los operadores de justicia, esta gente vuelve y queda en libertad. Y esa es una de las discusiones que se tiene, porque el Gobierno Nacional debería estar resolviendo el problema de la justicia. Es ahí es en donde existe un cuello de botella“, asevera.
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Para la muestra, un botón: en el Consejo de Seguridad de Malambo, continúa explicando Trejos, “el ministro de Defensa reconoció que el Atlántico se lo están disputando 11 organizaciones criminales. Es decir, el ecosistema criminal que hoy tenemos en el departamento va mucho más allá de Pepes y Costeños”.
Una violencia que se mueve, se adapta y encuentra nuevas formas de expandirse
Lejos de ser un problema netamente estadístico, los acercamientos entre estas estructuras criminales en la mesa de diálogo en Bogotá produjeron un “efecto colateral” que terminó desplazando la violencia hacia otros municipios del departamento, como Baranoa, Soledad, Galapa o Sabanagrande, lugares en donde los reportes de violencia han crecido en paralelo a la reducción de los mismos en la capital.
Incluso, en diciembre pasado, explica el investigador, el alcalde de Baranoa solicitó la militarización del municipio ante el aumento de asesinatos; este año ocurrió una situación similar en Sabanagrande. Es casi una pérdida de control frente a la criminalidad.
Por eso, una de las hipótesis que explicaría el crecimiento del ecosistema delincuencial es la fragmentación interna de las organizaciones criminales. Según Trejos, estos grupos paralelos o alter egos criminales continúan operando mientras las estructuras principales mantienen los acercamientos con el Gobierno. Entre ellos aparecen el Bloque Resistencia Caribe, vinculado a Los Costeños, y La Mano Negra, asociada a Los Pepes.
“Uno puede decir que el grueso de los homicidios que hoy se registran en el Atlántico se dan en el marco de la guerra entre distintas estructuras criminales que están luchando por el control del territorio. En eso se ha reportado la muerte de civiles, de personas inocentes”.
Sí: comerciantes, tenderos o pequeños empresarios son asesinados por negarse a pagar extorsiones o por pagárselas al grupo rival, y estar en el lugar equivocado puede ser suficiente para ser alcanzado por alguna bala: “recientemente estamos viendo dos perfiles de victimización: mujeres y niños”. Y aunque explica que, en algunos casos, hay mujeres asesinadas que también tendrían vínculos con las economías ilegales asociadas al microtráfico (puntos denominados “ollas”), el incremento de víctimas infantiles refleja una “degradación cada vez mayor de la guerra criminal”.
El efecto globo y la lectura parcial de los resultados
Dos de los principales desafíos, plantea Trejos, recaen directamente sobre el Gobierno Nacional: el fortalecimiento de la justicia y la crisis penitenciaria. “Necesitamos más jueces y fiscales porque hoy están desbordados de trabajo, es decir, no tienen la capacidad de gestionar todos los procesos que tienen. Eso nos lleva a escenarios de vencimiento de términos, entrega de subrogados penales…”.
Y, por otra parte, dice que “el sistema penitenciario en Colombia fracasó estrepitosamente en el cumplimiento de sus objetivos misionales, que tenían como centro la resocialización de los delincuentes. Hoy nadie se resocializa en la cárcel; eso no es un secreto. Desde allí también, por ejemplo, se sigue dinamizando la renta de la extorsión”.
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El problema de fondo es que “las treguas y la negociación entre estas bandas solo cubre homicidio”. Sí, hay una apuesta por disminuirlo gradualmente, pero el microtráfico, la extorsión, el robo de tierras y los pagadiarios siguen funcionando y eso no se evalúa en las mediciones”.
A esto se suma una solución que en realidad constituye un problema: la forma en que se ha diseñado la mesa de diálogo sociojurídico faltando menos de tres meses para que este gobierno termine y no se sepa a ciencia cierta si los diálogos continuarán. “Se sabía bien que se iba a producir un ‘efecto globo’, eso se había anticipado, iba a reventar. No se puede reclamar una victoria en términos de paz o reducción de violencia en un territorio si termina afectando a otros”, asegura.
¿Cómo hacer una medición real de los impactos de la tregua? Hasta ahora, cuando se presenta una reducción de homicidios en un periodo determinado, no siempre es posible desagregar cuánto de ese resultado obedece a la acción de los grupos armados y cuánto a la intervención institucional: “La base de datos disponible sí evidencia una disminución, pero no del orden del 50% como se ha señalado en algunos casos, sino más bien cercana al 14% o 15%, una reducción que es algo importante, pero es modesta”.
Por eso, duda sobre la forma en que se presentan las cifras y cómo se interpretan. Por eso, limitar el análisis al distrito resulta insuficiente cuando la dinámica desborda ese marco territorial: “Mientras se reclaman victorias acá, el fuego se expandió por el resto del departamento”.
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