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La Procuraduría General de la Nación pidió al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo; al gerente de la Triple A, Jairo de Castro Peña; y al director general y subdirector de gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), Jesús León Insignares y Javier Restrepo Vieco, respectivamente, un informe pormenorizado del estado actual de los planes de saneamiento y el manejo de vertimientos en todos los municipios del departamento, y las alternativas para su eliminación a la altura del malecón del río.
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Según la Corporación Autónomo Reginal (CAR) , el Saneamiento y Manejo de Vertimientos es un instrumento de manejo ambiental aprobado por la CAR, que contempla el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o cuerpo de agua.
En cumplimiento de su función preventiva, la procuradora Judicial Ambiental y Agraria de Barranquilla hace seguimiento a los avances obtenidos desde el último trimestre de 2020 y hasta el 30 de junio de 2022, y para ello brindó 10 días de plazo a los destinatarios de la comunicación para allegar las respuestas.
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El Ministerio Público pide información sobre el porcentaje de cumplimiento de los planes de saneamiento, el monitoreo adelantado en la zona del malecón, e informar si Barranquilla contempla un sistema de tratamiento para los vertimientos antes de ser descargados al cuerpo de agua receptor.
La actuación de la Procuraduría tiene como objeto vigilar a los encargados de garantizar el acceso y adecuada prestación de los servicios públicos, asegurar el goce a un ambiente sano como derechos colectivos de las comunidades en general y verificar que se tomen las acciones y medidas desde sus competencias.