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En los últimos meses, el inconformismo con los peajes en la costa Caribe no solo se ha materializado con protestas y bloqueos, sino que además ha obligado al Gobierno Nacional a establecer mesas de diálogo con manifestantes, comerciantes y líderes de las convocatorias en busca de soluciones a la problemática, que lleva años.
En medio de la lucha de las comunidades por el desmonte de los peajes, hay inconformismo por las condiciones de las vías concesionadas y troncales del Caribe, así como por las acciones sociales dentro de los municipios, a lo que se suma la presión de las zonas donde se ha suspendido el cobro, como el peaje Papiros, que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia, que se reactivó el pasado domingo para vehículos de categorías C1 y C2, es decir para vehículos de carga.
Algo similar ocurre en el peaje de Turbaco, que estuvo 19 meses sin talanqueras, en donde volvieron las protestas ante la posible reanudación de operaciones, lo que finalmente no ocurrió, debido a que Guillermo Reyes, ministro de Transporte, el viernes pasado anunció que extenderían la suspensión del pago hasta el 30 de abril, a la espera de que en este tiempo se logren crear soluciones conjuntas con las comunidades y gobernadores locales.
Pero la problemática no es solo allí. Hay por lo menos seis peajes en Bolívar y Atlántico donde las comunidades piden retirar o cambiar la ubicación de las talanqueras y aunque tienen diferentes motivaciones, según miembros del comité No Más Peaje, el mayor inconformismo es que fueron estructurados sin participación ciudadana, por lo que en casos como el peaje de Marahuaco se ha afectado a comunidades étnicas y afros.
Las solicitudes
En el caso de Turbaco hay dos peajes en discordia: el de Clemencia y el de Ballestas. Ambos hacen parte de los proyectos Ruta Caribe 1 y 2, que conecta a Cartagena con Barranquilla. La primera tuvo una inversión de $1,2 billones para la construcción de la doble calzada de 160 kilómetros, mientras que en la segunda, según la ANI, se comprometieron $1,8 billones para intervenir 79 kilómetros.
Los promotores de las protestas aseguran que en la ubicación de ambos peajes no tuvieron en cuenta las afectaciones a las poblaciones cercanas, ya que, por ejemplo, en el caso de las talanqueras en Clemencia, aunque en un principio se dijo que estarían a 42 kilómetros, finalmente se construyeron en el kilómetro 17, por lo que hay residentes que aseguran que deben pagar por salir de sus casas, lo que ha afectado su calidad de vida.
“El caso de Cartagena es único. Llevamos 20 años pagando peaje para visitar a un familiar de un sector a otro e incluso para poder salir o entrar de nuestro propio barrio. El ministro dice que ‘traen competitividad y desarrollo’, pero la realidad es que generan un impacto negativo para las comunidades por las que pasan esas vías, cuando lo que necesitan es inversión”, añadió García, representante del comité No Más Peaje en Bolívar.
Con esto, el líder se refiere a situaciones particulares en la población, como es el caso del acceso al agua potable las 24 horas o el servicio de alcantarillado, que Turbaco no tiene. “Estamos asumiendo un costo enorme y no se ve reflejado porque no hay obras. La gente se cansó de ver cómo se hacían negocios para enriquecer a unos particulares y que la inversión no se viera reflejada en la comunidad. Cuando se investiga y se estudia que hay unos impuestos que se deberían invertir en obras, infraestructura y mantenimiento de la vía, se ve que no se está haciendo nada”.
En el caso del peaje Papiros, en Puerto Colombia (Atlántico), la problemática la han desencadenado varios factores. Las talanqueras están sobre la vía al mar y fueron instaladas hace años para los vehículos de carga de las canteras que había en el sector. Pero con el crecimiento exponencial de la población y el cierre completo de la vía antigua, por las afectaciones de la última ola invernal, el tráfico se volcó completamente por Papiros, lo que no solo aumentó el costo de los viajes, sino que además generó trancones hasta de 45 minutos en el paso.
“Empezamos a hacer marchas, taponamientos de la vía y un plan tortuga, siempre en el marco de las acciones pacíficas. Esto generó un impacto que hizo que los medios nacionales se enfocaran en la situación y allí empezamos a visibilizar más la problemática y las fuerzas políticas del municipio se unieron”, expresó Juan Fernando Agámez, líder del comité No Más Peaje del Atlántico.
Incluso la gobernadora Elsa Noguera ha pedido que se retire el peaje, pues a los argumentos de las comunidades añade que en los alrededores también se han inaugurado universidades y hospitales, por lo que se requiere el acceso fácil y gratuito por la vía.
Como respuesta, el Gobierno Nacional ha ido ordenando la suspensión del cobro en los peajes, establecido mesas y prometido soluciones. En el caso de Papiros se ha eximido del cobro a buses y vehículos, mientras que en Turbaco y Marahuaco se ha propuesto su traslado. Mientras tanto, los voceros de los comités aseguran que no se detendrán y esperan que los problemas de las comunidades se solucionen pronto.
