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Lo que pasa en Cali es insólito. En lo que va corrido del año, las ambulancias de la ciudad han estado involucradas en por lo menos 34 accidentes de tránsito, que han dejado cinco personas muertas, pero el problema es que muchos de estos casos se han relacionado con las ya conocidas guerras por los pacientes, lo que tiene preocupada a la administración local.
Y no es para menos. En uno de los casos, registrado el pasado 29 de abril, un joven de 24 años murió frente a la estación 7 de Agosto del MIO, luego de que una ambulancia a gran velocidad y con nueve multas de tránsito lo arrollara sobre el carril exclusivo del medio de transporte masivo, por el que circulaba sin permiso, pues no llevaba ninguna emergencia.
Un similar y aparatoso accidente se presentó hace ocho días en el barrio El Lido, donde dos ambulancias chocaron tras ir a más de 90 kilómetros por hora, en busca de un paciente alertado por un mensaje de Whatsapp. En el hecho no solo resultaron heridas cuatro personas, entre ellas una transeúnte, sino que además murió la paramédica de una de las ambulancias.
Esto no solo puso los focos sobre las denuncias que ya se venían haciendo en la ciudad, sino además sobre las inspecciones a estos vehículos que han llevado a la sanción de por lo menos nueve ambulancias y el cierre de empresas prestadoras del servicio. Pero detrás de esto hay una serie de circunstancias que no se deben pasar a la ligera.
De acuerdo con la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, la guerra del centavo de las ambulancias se ha venido registrando desde antes de pandemia, pero lo que ocurre ahora es que en la ciudad se pasó de tener 216 ambulancias a 407, lo que aumentó la oferta en la ciudad. “Eso está bien, sin embargo, cuando uno revisa las condiciones se han creado empresas con una y tres ambulancias, a las que se les da la habilitación sin una serie de requisitos fundamentales como tener un parqueadero propio, un lavadero o una modalidad de contratación que permita la formalización del empleo o un salario mínimo”.
Con esto último, la secretaria se refiere a las condiciones en las que laboran los empleados de las ambulancias y quienes prácticamente viven de lo que hacen del diario recogiendo pasajeros. “Eso no alcanza a un salario mínimo, se ganan un básico de una cuota y el resto lo completan con pacientes vivos. Por eso salen a matarse por recoger heridos”.
Por su parte, la Contraloría ha evidenciado otras prácticas peligrosas. Además de la disputa por las víctimas de accidentes de tránsito por las que el SOAT paga 10 SMLDV ($333.330) para el traslado desde el lugar del siniestro hasta las instalaciones del prestador de servicios de salud más cercano, un informe de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) detectó 29 casos irregulares en Cali, donde las ambulancias registraron el traslado de pacientes con cinco o menos minutos de diferencia a centros asistenciales desde puntos lejanos.
Además se conocen 18 casos en la ciudad en los que diferentes ambulancias recogieron a heridos en distintos sitios, el mismo día y hora, así como “encontramos 914 facturas por cobros de dos y hasta tres veces el mismo herido, de las cuales 878 (96 %) son cobradas en Cali. Tan solo dos empresas en la capital del Valle concentran más del 90 % de estos cobros”, indicó María Fernanda Rangel, directora del Diari, en un artículo que publicó en la revista Economía Colombiana de la Contraloría.
Ante este panorama se han tomado diferentes medidas en la ciudad. Desde hace un mes la Alcaldía de Cali es autoridad sanitaria con capacidad sancionatoria, por lo que desde hace tres semanas se tienen cuatro equipos en calle, con agentes de tránsito haciendo operativos de verificación de las ambulancias en vía pública y en los servicios de urgencias.
“En las verificaciones es constante la falta de equipamientos, dotaciones, equipos biomédicos e insumos. Tienen paramédicos y un técnico, pero vemos que no exigen a los conductores tener un curso específico de manejo de ambulancias. Por eso esperamos tener una serie de capacitaciones sobre qué es tener una empresa con la Cámara de Comercio y otro con los conductores ya directamente con Movilidad”, dijo Torres.
A la par, se ha intentado centralizar el despacho de ambulancias en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), que se creó desde 2018 y bajo el que se encuentran el 54 % de las empresas prestadoras, “sin embargo, eso no es suficiente. Aún quedan empresas que no adhieren a las que les escriben por Whatsapp o líneas diferentes, que incentiva que compitan por un paciente y no adhieran”, aseguró la secretaria de Salud, quien se ha sumado a la solicitud hecha por el alcalde Jorge Iván Ospina al Gobierno Nacional para solucionar los vacíos que hoy mantienen la guerra de las ambulancias vigente.
Sobre esto, la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) destaca que la ley vigente reglamenta los Sistemas de Emergencias Médicas (SEM) y la conformación del CRUE, por lo que advierten que más que una nueva regulación, se requiere una reglamentación de las ciudades. “Así las cosas, el marco general existe, lo que se necesita es la implementación integral de estas disposiciones y que en efecto se controle que todos los prestadores, lo que incluye a las ambulancias, respondan al direccionamiento que les indique su Secretaría de Salud o quien haga las veces de operador del SEM y el Crue”, indicaron a este medio.
Lo cierto es que se esperan prontas acciones, pues así como se han presentado hechos en Cali, en otras como Bucaramanga se han adelantado acciones para sancionar a las empresas infractoras. La tarea está en centralizar la recepción y asignación de las urgencias, pero también en resolver los vacíos que impiden acelerar estos procesos y les dan cabida a estas irregularidades.
