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El Gobierno Nacional anunció medidas específicas en Cali para enfrentar a los grupos armados, especialmente al frente urbano del Eln y la delincuencia común que estaría afectando la seguridad de la ciudad, tal y como lo alertó la reciente alerta temprana de la Defensoría del Pueblo. El plan no solo incluye operaciones conjuntas y especializadas, sino además acciones con la patrulla fluvial por el departamento. ¿Pero es suficiente?
Las motivaciones son varias. El informe parte de que Cali, además de ser la tercera ciudad más grande del país, es la conexión entre Buenaventura y los departamentos del sur, por lo que la ciudad es un centro estratégico de tres corredores criminales por los que se movilizan armas, drogas e insumos para estas últimas.
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“La funcionalidad de la ciudad a las dinámicas actuales del conflicto armado y la criminalidad es para la movilidad y financiamiento de los grupos armados ilegales mediante las economías ilegales, especialmente al narcotráfico, a la que se suman otro tipo de rentas ilegales”, indica la alerta temprana.
Detrás de estas acciones hay actores claramente identificados. En esencia se parte de 182 grupos organizados y bandas delincuenciales estabilizados en la ciudad, de acuerdo con cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que a su vez apalancan a grupos armados que no hacen presencia permanente en Cali, pero que se asocian para acciones puntuales. Dentro de estas últimas organizaciones estarían facciones de las disidencias de las Farc, que integran el Comando Coordinador de Oriente, y miembros del frente urbano Omaira Montoya Henao y el frente de guerra Che Guevara del Eln.
Además, se evidencia una mutación del conflicto, que van desde la atomización del narcotráfico, lo que permite el trabajo conjunto entre bandas delincuenciales con grandes estructuras criminales, hasta la invisibilización de estas estructuras tercerizadas.
“En la actualidad no hay grandes capos que lideren esta práctica ilegal; existen pequeños mafiosos con múltiples conexiones, atomizados y difuminados, mimetizándose para bajar el perfil y por ende el nivel de exposición y persecución por parte del Estado”, indica la alerta temprana.
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Esto lleva a otro tipo de análisis. El primero está relacionado con las guerras híbridas, cuya definición se toma de los planteamientos de Mary Kaldor, directora de la Unidad de Investigación de Sociedad Civil y Seguridad Humana, para explicar como durante el pasado Paro nacional estas organizaciones sin intereses políticos y enfocadas a las rentas ilegales (pandillas, delincuencia común, criminalidad organizada y pequeñas mafias, entre otras) tuvieron el interés de “desestabilizar el Estado” a través de acciones particulares, que en este caso relacionan con las acciones violentas durante las manifestaciones.
Por el otro lado, está la relación entre la presencia del Estado y la vulnerabilidad de poblaciones en riesgo. Esto es muy importante, porque en la ciudad se ha evidenciado la instrumentalización de niños, el reclutamiento de migrantes extranjeros y desplazados internos como indígenas y afros, así como violencia ejercida contra líderes, personas en reincorporación y población estigmatizada como habitantes de calle, que requieren de acciones institucionales para su protección.
Por eso, la Defensoría pide acciones sociales directas de la Alcaldía de Cali en zonas con pocas oportunidades laborales y altos índices de pobreza, entre otras cosas, que son espacios de interés para los actores armados ilegales, así como intervenciones puntuales en los sitios críticos como la zona de ladera, el oriente, el centro y la plaza de mercado de Santa Elena, con la aclaración que no son los únicos en los que hay hechos delictivos e ilegales, pero sí se concentra la violencia de la ciudad.
Para Néstor Rosanía, experto en seguridad de la Universidad Nacional, es importante destacar que la fragmentación de los actores armados no es nueva y aunque su conformación ha variado en el transcurso de los últimos años, no ha ocurrido lo mismo con las fuerzas militares y policiales, con respecto a las acciones que toman para enfrentarlos. “No se adaptaron a este modelo. Ellos siguen pensando que dando de baja a, por ejemplo, Gentil Duarte se acabó un conflicto, pero no es así, la historia demuestra otra cosa”.
Es por eso que considera que acciones como las anunciadas el pasado viernes por el ministro de Defensa, Diego Molano, de mantener el pie de fuerza o desplegar acciones directas contra el Frente de guerra urbana del Eln y su cabecilla, terminan quedándose cortas con respecto a lo que requiere la ciudad.
“El fenómeno de las estructuras urbanas, se les conoce como redes de apoyo y todos los grupos las han tenido. En Bogotá las Farc tuvieron la Antonio Nariño, pero a la vez había otros grupos que hacían acciones internas como robar camionetas, hacían los secuestros, les conseguían los radios y hasta los uniformes”, afirmó Rosanía.
Por su parte, Henry Cancelado, catedrático de la Universidad Javeriana, señala que la gestión de la crisis actual solo puede ser policial y militar, pero aclara que “el problema urbano no es uno de cantidad de pie de fuerza sino de inteligencia, porque la guerra urbana es complicada. No es convencional porque no se puede atacar con fuerza armada. De hecho, todos los países han avanzado en inteligencia y ciberseguridad porque ya no estamos en la época de los carteles, sino en uno donde 15 personas componen un grupo, tienen su territorio y cumplen una parte del proceso del narcotráfico”.
Algo diferente opina el experto en seguridad del Externado, Andrés Macías, para quien sí se requiere mucho más que la intervención militar y policial, ya que esto que muestra la Defensoría no es nuevo y se ha venido cocinando desde hace años.
“Yo no diría que haya una atomización del narcotráfico, como tal lo que sí ha pasado es que ha habido una atomización de grupos organizados o de delincuencia organizada que se dedica entre otras cosas al narcotráfico. Esa autorización se debe en parte a la acción de la fuerza pública, pero también en parte a divisiones o disputas internas de grupos ilegales”, indica Macías.
En cuanto a las guerras híbridas, Cancelado es enfático en señalar que el Eln está avanzando en una guerra urbana y eso se ha evidenciado en los trabajos de inteligencia que en el caso de Bogotá dieron con la captura de primeras líneas relacionadas con actos delincuenciales, mientras que para Rosanía este es un discurso que ha impulsado Rafael Guarín, con el fin de estigmatizar la protestas relacionándolo con actores armados.
Lo que viene ahora en Cali es la acción, pues si bien, el ministro Molano aseguró que varias de las observaciones de la Defensoría ya se venían trabajando en la ciudad, lo que ahora deben demostrar es que serán contundentes a la hora de frenar estas estructuras que no solo se han unido para crear nuevas redes de narcotráfico, sino que además han tenido una gran incidencia en los indicadores de seguridad en la ciudad valluna.