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Las disputas de grupos armados por el control del narcotráfico han generado un recrudecimiento de la violencia en el Pacífico y el suroccidente del país. Los habitantes viven atemorizados ante el aumento alarmante de casos de reclutamiento forzado, masacres y desplazamientos. La situación de cada municipio es distinta, pero la zozobra de las comunidades es la misma y denunciar se ha convertido en una sentencia de muerte. Tanto así que hasta el obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo, reveló que recibió amenazas a través de un mensaje de WhatsApp en el que le advirtieron que le pondrían una bomba. Jaramillo viene denunciando desde hace varios meses la crisis de seguridad del municipio, lideró la cadena humana por la paz, una jornada de manifestación pacífica donde los bonaverenses salieron a las calles a exigir la presencia del Gobierno, y ha lanzado fuertes críticas ante el abandono en el que se encuentra el municipio señalando que “la gente siente que la autoridad son los bandidos”.
Frente a las amenazas, catorce obispos de las jurisdicciones eclesiásticas de la Iglesia católica de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, en el marco de la Agenda Regional Eclesial de Paz de las dos regiones, se reunieron en Buenaventura a exigir garantías para las comunidades.
En el municipio vallecaucano hay presencia del Clan del Golfo, el Frente 30 de las disidencias de las Farc, el Eln, La Empresa y la banda La Local. Los enfrentamientos entre dos divisiones de esta última, Los Shotas y Los Espartanos, dejaron en medio a la población civil. En los primeros 38 días del año por lo menos 156 familias (653 personas) tuvieron que desplazarse, según datos de Indepaz. “Sabemos que hay fuerzas oscuras e intereses poderosos que no quieren que salga a la luz la verdad, que se evidencie lo que está viviendo el pueblo”, dijo monseñor Jaramillo. Además, aseguró que su vida no es la única que está en riesgo, pues varios sacerdotes y personas vinculadas a la Diócesis están amenazados, especialmente quienes han liderado los acuerdos establecidos en 2017 desde el Comité del Paro Cívico.
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Óscar Augusto Múnera, obispo de Tierradentro, señaló que a manos de grupos armados han sido asesinados más de setenta miembros de la Iglesia, entre sacerdotes, seminaristas, religiosos y pastores cristianos. “En Cali, la mafia asesinó al arzobispo Isaías Duarte Cancino; Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, fue asesinado por el Eln; el frente 36 de las Farc mató al padre César Peña García”, dijo. Múnera recordó las palabras de Jesús Emilio Jaramillo: “Si necesitan la sangre de su obispo, aquí está, pero es la sangre que clama al cielo por cientos de colombianos enmudecidos, con miedo, asesinados, picados con motosierra, desplazados”.
Las otras zonas del Pacífico también sufren los estragos de la violencia. Mario de Jesús Álvarez, obispo de Istmina-Tadó, cuenta que en el Alto Baudó la situación se agudiza por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales; esto lo evidenciaron en una misión humanitaria conjunta. “Allí nos encontramos con cerca de mil personas que están desplazadas, unas 300 familias. No pueden salir, están confinadas”, contó.
Los obispos manifestaron la importancia de responder a las necesidades de niños y jóvenes que están siendo reclutados por grupos armados. “Son muchas las variables que tienen que intervenir, para que quienes estructuran y organizan estas grandes máquinas de guerra, de violencia, no encuentren en los jóvenes un miembro más a cambio de un arma, una moto o un fajo de billetes”, dijo monseñor Ómar Alberto Sánchez, arzobispo de Popayán. Además, destacaron la necesidad de repensar estos territorios que están siendo usados como rutas del narcotráfico, para poder llevar educación y aprovechar de otra forma la tierra. “Debemos pensar en las nuevas territorialidades, las nuevas ciudades, las nuevas colonias agrícolas. La gente tiene derecho al territorio”, dijo el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve Mejía.
En los municipios del Cauca, la situación de seguridad también se ha complicado. En Argelia los enfrentamientos entre el frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, y el Eln han generado desplazamientos, en especial en el corregimiento de El Plateado. El fin de semana del 27 y 28 de febrero 250 personas tuvieron que desplazarse por temor a las balas, el 1 de marzo otras 155 tuvieron que salir de la vereda Las Vegas. Entre otras cosas, en enero 12 concejales del municipio salieron del municipio tras el secuestro y posterior asesinato del concejal Fermiliano Meneses. La realidad en el resto de municipios no es muy diferente. Durante el 2020 la Defensoría del Pueblo emitió seis alertas tempranas para nueve de los 42 municipios del departamento. Para el arzobispo de Popayán es necesario abordar el tema de los cultivos ilícitos por eso “el estado le debe una mirada mucho más profunda y menos simplista al problema”.
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En Tumaco, Nariño, la situación no es mejor. Solo el fin de semana del 20 y 21 de febrero fueron asesinadas once personas. Según las autoridades, los homicidios, en cuatro hechos distintos, serían el resultado de enfrentamientos entre el Frente Oliver Sinisterra, de las disidencias de las Farc, y Los Contadores. En esta zona la configuración armada es compleja, pues son muchos los actores que intentan ingresar al territorio por su posición estratégica. Monseñor Orlando Olave, obispo de la Diócesis de Tumaco, estima que en los dos primeros meses del año han asesinado a cincuenta personas en la costa Pacífica nariñense. “Hemos insistido en que las violencias, los desplazamientos y desaparecidos tienen un punto de encuentro en el narcotráfico, pero de fondo hay un asunto estructural”, dijo en conversación con El Espectador.
Para Olave, la presencia de la fuerza pública es importante, pero no debe ser la única respuesta. En esto coincide el arzobispo de Cali, quien aseguró que agradecen el gesto del Gobierno y de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien los contactó el 3 de marzo en Buenaventura junto con otras autoridades locales; sin embargo, asegura que no solo piden seguridad para el obispo, sino una respuesta para toda la comunidad.
“Es la vida la que tenemos que proteger, no podemos ponerle a cada persona un policía; no se trata de multiplicar indefinidamente la fuerza pública, no alcanzaría. Se trata de crear condiciones sociales, humanas y de dignidad, para que podamos atacar la raíz del problema”, concluyó monseñor Jaramillo.