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El lunes 10 de diciembre, y después de estar ausente por 15 días, el alcalde Mauro Martínez De la Puente regresó al municipio de Barranco de Loba, Bolívar, en donde fue recibido por cerca de 200 personas inconformes con su gobierno.
Martínez llegó acompañado de funcionarios del departamento, junto con la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, con la intención de entablar una conversación y atender las quejas y denuncias que ha presentado la población. El alcalde fue retenido por un grupo de habitantes en la biblioteca pública municipal.
El procurador provincial de El Banco, Magdalena, fue intermediario en la situación. “Si ustedes quieren, pueden presentar las quejas o requerimientos que sean. Pero yo a él tengo que darle el uso de su defensa porque si no, estaría vulnerando sus derechos”, dijo.
Durante la manifestación se presentaron roces entre civiles y miembros de la fuerza pública. Para controlar la situación, 30 soldados y 30 policías hicieron presencia para reforzar la seguridad. “Está disponiendo todas las capacidades institucionales para que el pueblo pueda desarrollar sus derechos y libertades, y también garantizar la institucionalidad de las entidades”, señaló el comandante operativo de la Policía de Bolívar, el coronel Elkin Salcedo.
Denuncias Uno de los grandes argumentos para revocar a Martínez de su cargo, fue la irregularidad en un documento que se envió al gobernador, Dumek Turbay Paz. Se trató de una carta de vecindad en la que el mandatario falsificó la firma del inspector de policía, Emirel Amaris Meléndez.
La fecha de expedición del certificado es del 13 de septiembre de 2016, y Martínez fue nombrado alcalde cuatro años después, por lo que se ha pedido una investigación al respecto.
A forma de rechazo, el 26 de noviembre, los habitantes del municipio comenzaron una protesta pacífica y cerraron cuatro entidades (Alcaldía, Registraduría, Notaría y la parte de consulta externa del Hospital José Rudecindo López Parodis) con candados y cadenas.
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Otro de los reclamos es que, hasta el momento, Martínez no ha hecho públicos los ingresos del Sistema General de Participación, ni la inversión de 218 millones de pesos del Programa de Alimentación escolar (PAE), que debían ser ejecutados en 90 días escolares y de los que solo 15 se han hecho efectivos.
Uno de los demandantes, Samír Díaz, señaló que una situación similar ocurría con el transporte escolar. “Algunos rectores certifican que el servicio fue prestado por 15, 20, y en algunos casos por 60 días, sin embargo, en el contrato se cobran entre cuatro y ocho meses”, dijo.
También se denuncia la ejecución de un contrato por más de $1.300 millones para la contrucción de una vía de 15,5 kilómetros, de los que aparentemente solo se hicieron 3,5.
Renuncia Por su parte, Mauro Martínez se defendió y expresó que “son muchos los problemas que tiene Barranco, pero hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Nos piden resultados en mataderos y rellenos sanitarios cuando estos problemas tienen más de 10 años sin solución alguna. No es fácil pero estamos dispuestos a dar una rendición pública desde mi llegada”.
Con respecto a la construcción de la vía, afirmó que “el contrato se paralizó y reinició a causa de la ola invernal”. Y sobre los contratos del PAE y las irregularidades en el transporte escolar, dijo que ”tenemos el visto bueno y concepto favorable de la Contraloría en cuanto a cómo se ejecutó el proyecto”.
El funcionario firmó un acta de ‘renuncia irrevocable’ y comentó haberlo hecho por “presión de la comunidad”. A pesar de que el pueblo exigió que abandonara el cargo de forma inmediata, el cargo se revocará a partir del 14 de diciembre del presente año.
Como respuesta a las denuncias, delegados de la Gobernación de Bolívar, la Fiscalía y la Procuraduría se comprometieron con cuatro acciones: la Secretaría de Salud abrirá el hospital y revisará los servicios inhabilitados, el secretario de Educación hará seguimiento a las denuncias que le correspondan, se harán visitas a las obras con el acompañamiento de la Unidad para la Atención del Riesgo de Desastres nacional y departamental, y finalmente, la Fiscalía y Procuraduría abrirán proceso de investigación conforme a las denuncias hechas.