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El gobierno del alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, comenzó el primero de enero de este año y, a cien días de su mandato, se han contratado 3.512 órdenes de prestación de servicio (ops), según un informe del Observatorio a la Contratación Estatal de Funcicar, una fundación creada por empresarios locales en 1993, “preocupados por la creciente corrupción en la administración pública y la ingobernabilidad de la ciudad”.
Sin embargo, más allá del número de contrataciones celebradas, el dato más relevante es que esta nueva cifra, obtenida a través de un derecho de petición por parte de la fundación, es casi ocho veces mayor que el que la administración distrital había reportado al Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop). Como deja ver un informe anterior de la misma organización, entre enero y marzo de este año, el gobierno de Cartagena había reportado 461 proceso celebrados y adjudicados, en su mayoría (143), realizados por la Secretaría del Interior.
Explica Funcicar que “esta diferencia en la información sería una violación al artículo 19 del decreto 1082 de 2015, que obliga a las entidades estatales a publicar todos los procesos de contratación en el Secop durante los tres días siguientes a su expedición”. A renglón seguido, criticó que estos procesos no hayan sido publicados a tiempo, debido a que la omisión de este reporte en contrario al compromiso manifestado por la actual administración de “promover la transparencia, expresado en el Plan Anticorrupción, en la firma del Pacto por la Transparencia, y en la meta de ubicar a Cartagena dentro de las cinco ciudades más transparentes del país”. Cabe aclarar que, en total, el gobierno de Cartagena publicó en el Secop 1628 procesos (entre ‘Terminados anormalmente’, ‘Celebrados o Adjudicados’ y ‘Convocados’.
El 97 % de los procesos contractuales celebrados se realizaron mediante la modalidad de contratación directa y el mismo porcentaje corresponde a prestación de servicios profesionales o de apoyo. La contratación realizada en los primeros días fue por $15.604.625.990, en donde la mayor cuantía fue adjudicada al contrato de aseo en instituciones educativas, mediante licitación pública.
Carolina Calderón, directora de la fundación, concluyó en un comunicado que no se oponen a que haya contratación, “sin embargo, la información debe estar disponible para todos de manera oportuna y así permitir el ejercicio del control ciudadano”.