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La bandera de Cartagena se izará hoy sobre los escombros del primer piso del edificio Aquarela, la estructura de 25 pisos que quedó a medio acabar justo a 200 metros del Castillo de San Felipe, lo que puso en riesgo la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la ciudad. La demolición tardó ocho meses, bajo una metodología llamada corte diamante, que consistió en el desmonte piso por piso de la estructura. Tan complicado como lo ha sido todo el proceso para darle fin a uno de los problemas urbanísticos más grande que ha tenido la ciudad amurallada.
Vea: En imágenes: así fue el desmonte del edificio Aquarela en Cartagena
Todo comenzó en diciembre de 2015, cuando el curador urbano N° 1, Ronald Llamas Bustos, dio la licencia para la construcción de la primera de tres torres de 30 pisos, que contemplaba el proyecto Aquarela, en el que la promotora Calle 47 SAS tenía prevista la construcción de viviendas de interés social (VIS). Con este permiso, los desarrolladores de la obra comenzaron a vender los apartamentos.
Más temprano que tarde comenzó en la ciudad la discusión sobre la pertinencia del proyecto. Primero por la visibilidad del castillo de San Felipe y demás zonas de patrimonio cercano, y luego por otros estándares que se llegaron a discutir dentro del Concejo de la ciudad, como los planes de movilidad y de acceso a servicios públicos ante el aumento de la población en la zona.
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Pero la discusión que más caló fue sobre si se podía o no construir edificios tan altos y tan cerca de los bienes de interés cultural, y aquí hay dos posturas. Por un lado, el curador urbano que dio la licencia se basó en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena, en el que el predio donde se haría la obra estaba por fuera del área de influencia de la zona protegida.
Por el otro lado, lo que ocurrió fue que ese mismo año en que se otorgó la licencia se aprobó el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico (PEMP), con el que se amplió el área de influencia de los bienes culturales, y con esto el predio donde se haría Aquarela quedaba limitado a construcciones no mayores de cuatro pisos.
Lo que vino de allí en adelante fue todo un rifirrafe. Mientras el edificio comenzaba a coger altura se expidieron órdenes de suspensión de las obras, y a la par, la promotora interpuso acciones judiciales para poder seguir adelante con la construcción, hasta que en 2019, y tras una serie de alertas, la Unesco le advirtió al Gobierno Nacional que debía derribar el edificio o si no Cartagena entraría en la lista de patrimonios en riesgo.
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Ahí fue cuando el Gobierno Nacional se comenzó a preocupar. Se habló de una implosión y la Alcaldía hizo acuerdos con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para determinar las mejores opciones para la demolición del edificio, mientras a la par se determinaban las acciones para obligar al constructor a pagar el desmonte o para que se pudiera dar la intervención del Distrito.
Aunque en un principio se habló de una implosión, como la que ocurrió con el Space o el Continental Towers en Medellín, que costaría alrededor de $4.000 millones, en febrero de este año el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció la toma del predio donde se haría Aquarela y la inversión de cerca de $11.000 millones para derribar piso por piso el edificio a medio construir. Para ello se contrató de forma directa a la firma caleña Demoliciones Atila Implosión, a la que se le dio un plazo de seis meses para acabar con los rastros de Aquarela.
El plan de Atila se dividió en tres partes (ver el gráfico), la mayoría de las cuales consistió “en la demolición manual de piso por piso, comenzando por los muros internos”, indicó Atila en los informes mensuales.
En la primera fase (de los pisos 25 al 20) se usaron máquinas de corte con hilo diamantado, para un desmantelamiento manual de las estructuras; de los pisos 20 al 10 “fue necesaria la técnica de corte de diamante y el uso de la grúa gigante telescópica con Jeep, marca Tadano”, mientras que para la última fase se utilizó una maquinaria de brazo largo, por lo que el desmonte fue más rápido. Hubo retos de por medio, como la suspensión de los trabajos por lluvias torrenciales o el replanteamiento de la forma en que se ubicó la polisombra para no afectar a los vecinos. Además, se solicitó ampliar por dos meses el plazo de la demolición, por lo que la entrega quedó definida para la última semana de octubre, cuando ya no debería quedar ningún piso en pie.
Y ahora eso está ocurriendo. Ya todo está listo. Hoy se hará la última parte de la demolición, por lo que el alcalde Turbay asegura que “los costos generados en esta intervención el Distrito los cobrará al desarrollador urbano de este proyecto, porque era su responsabilidad hacer el desmonte del edificio. No lo hizo, dilató, se negó a hacerlo. Y nosotros tomamos la decisión y cobraremos”.
Para eso se han entablado acciones judiciales, en las que piden intervenir los bienes de los desarrolladores del proyecto de vivienda, así como la devolución del dinero a quienes alcanzaron a invertir en el proyecto. Asimismo, el mandatario señaló que el predio se utilizará para reparar a estas personas y recuperar los recursos que el Distrito utilizó para solucionar este problema, que hizo replantear a la ciudad la protección de los bienes de interés cultural.
