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El Concejo de Cartagena realizó un debate de control político para escuchar a los sindicatos, la ciudadanía y al director de talento humano del distrito, frente a las denuncias de despidos masivos en las entidades de la administración distrital de personas que están a punto de pensionarse, madres o padres cabeza de hogar, personas en condición de discapacidad, entre otros.
Antonio Cabarcas Marchan, en representación de los sindicatos, manifestó que muchas personas han perdido sus cargos, después de 12, 20 y hasta 29 años de labores en el distrito. Aparentemente, la oficina de Talento Humano, al abrir el concurso de méritos, omitió reportar a la Comisión del Servicio Civil el listado de los prepensionados, personas con enfermedades catastróficas, etc.
Erick Urueta Benavides es presidente del Sindicato de Servidores Públicos del Distrito y durante el debate dijo que se encuentran “en medio de una guerra jurídica por las personas que ha desvinculado la administración a pesar de ostentar una estabilidad reforzada». Para él, teniendo en cuenta las diversas sentencias que han salido a favor de los miembros del sindicato, es conveniente llegar a un consenso entre el distrito y las organizaciones sindicales, con la mediación del Concejo «para que cese la vulneración de los derechos fundamentales de estos extrabajadores del Distrito”.
Olga Montes Paredes, en representación del Movimiento por la Inclusión Real y Efectiva de las Personas con Discapacidad de Cartagena, manifestó su rechazo por la diferencia entre “el discurso y las prácticas» de la alcaldía frente a las garantías de los derechos de las personas con discapacidad. En esto coincidió Denis Galván, del Sindicato de Mujeres (Sindemujer), quien dijo que el Alcalde se ha apartado de su discurso de campaña, pues no se han implementado alternativas para la protección de personas vulnerables.
Así mismo, Nixon Torres hizo un llamado a respetar el orden jurídico, expresando que “frente a un servidor público los ciudadanos al servicio del Estado no tienen que concertar el cumplimiento de la Ley, porque esto está inmerso dentro de sus funciones”. Torres señaló que en este caso la Alcaldía debió respetar los derechos de los prepensionados, las madres o padres cabeza de familia y personas con enfermedades catastróficas.
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Por parte del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Cartagena, Alexander Mendoza, solicitó el restablecimiento de los derechos fundamentales que habría violado el distrito a los extrabajadores “por no tener previsto un verdadero plan de vacantes, ni el acompañamiento de la comisión de personal que evaluara cuántos prepensionados hacían parte de la planta de personal de la alcaldía antes de someter a concurso estos cargos”.
Frente a esto, el director administrativo de talento humano del Distrito, Adelfo Doria Franco, manifestó que “para la vinculación de personas naturales en el Distrito de Cartagena de Indias mediante vinculación de órdenes de prestación de servicios se debe acreditar los estudios y experiencia para desempeñar el cargo que se está ofertando”. Además aseguró que la administración distrital ha identificado a las personas que fueron desvinculadas – a pesar de tener enfermedades catastróficas – y van a proceder a su vinculación y que en caso de cumplimiento de una orden judicial para el reintegro de un exempleado por ostentar una estabilidad reforzada, esta orden estaría sujeta a la existencia de vacantes.
Los concejales manifestaron su inconformidad con la respuesta del director. Lúder Ariza San Martín, del partido Verde, dijo que conoce casos de personas que ingresaron a la dependencia de vigilancia y control del DADIS y no están certificados para auditar, y para poder hacerlo, deben esperar tres meses. “Por lo tanto, durante tres meses se tendrán vinculados a unos auditores estudiando para poder ejercer la labor para la cual fueron contratados, sin embargo, desvincularon a los que sí tenían la experiencia y certificación”.
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El concejal Carlos Barrios Gómez del partido Cambio Radical expresó que lo sucedido es “una falta de sensibilidad social y un atentado contra las arcas del distrito, porque se mandó a la calle a estas personas violentando sus derechos fundamentales, que serán restablecidos mediante una orden judicial y será con el dinero de los cartageneros con el que se tendrá que responder a las innumerables demandas que se sobrevienen”.