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La controversia por la construcción de un proyecto de cinco torres, que dañaría la vista hacia el Castillo San Felipe en Cartagena, se avivó esta semana. El martes se conoció una carta que la Procuraduría envió a la Alcaldía de Cartagena. En ella, el ente de control dio a entender que, pese a que un juez suspendió la obra del proyecto Aquarela, los trabajos continuaban. Así que le ordenó al alcalde de la ciudad tomar medidas para hacer cumplir la orden judicial y para eso le dio un plazo de 48 horas.
“Con gran preocupación la Procuraduría General de la Nación observa esta inacción y la no efectividad de la orden de suspensión vigente. La continuidad de la obra mencionada pone en alto riesgo a la ciudad de Cartagena, tanto por razones urbanísticas como especialmente, por afectar potencialmente su condición de patrimonio histórico y cultural de la humanidad declarado por la UNESCO”, afirmó la Procuraduría. (Lea aquí: ¿Quién tiene la culpa? Nadie responde por edificio que daña vista al Castillo San Felipe)
Tras conocerse este pronunciamiento, Promotora Calle 47, la firma que construye el proyecto Aquarela, aseguró este jueves que le sorprende la posición del ente de control. Lucas Tamayo, gerente general, le explicó a este diario que la obra se suspendió el 24 de octubre de 2017, porque una inspectora de policía consideró que se violaron las normas urbanísticas, y que desde esa fecha no se adelantan labores en el sitio. Más adelante se iniciaron dos procesos judiciales, en medio de los cuales se decretó en diciembre una medida cautelar que volvió a suspender las obras en el edificio, aunque ya estaban inactivas.
“Yo mismo fui a esa diligencia de octubre. Ese día se levantó un acta de suspensión de la obra, de sellamiento y desde entonces permanece cerrada por instrucción de las autoridades. El proyecto tiene dos acciones judiciales en curso: una acción popular interpuesta por el Ministerio de Cultura, en la que la Procuraduría coadyuva; y una acción de nulidad que interpuso una procuraduría delegada en el juzgado primero de Cartagena. La Procuraduría es parte en el proceso por la acción popular y en el otro es demandante. Por tanto, conoce que las obras están suspendidas”, afirmó Tamayo a este diario. (Lea aquí: ¿Cartagena está en riesgo de salir de la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco?)
El gerente general del proyecto agrega que en enero la constructora envió un memorial al juez para pedir que les permitieran culminar unas labores en la torre 2, “porque es una zona contigua hacia la calle Paseo Bolívar, muy transitada. Como las obras quedaron inconclusas, queremos evitar riesgo de una erosión en la vía y en las propiedades vecinas”, pero no se autorizó el ingreso a la obra para hacer este trabajo.
Pese a que la constructora cumplió todos los requisitos legales y obtuvo su licencia de construcción, las autoridades reaccionaron en contra solo cuando se levantó el edificio y aseguraron que constituía un riesgo para el patrimonio de la ciudad, ya que daña la vista hacia el Castillo San Felipe, una de las joyas más importantes de La Heroica.
“Nuestra preocupación es que estamos haciendo viviendas de interés social para más de 900 familias. Los afectados serán nuestros clientes, que esperan que entreguemos los apartamentos por cumplimiento de contratos. Hemos dedicado a dar la defensa jurídica para que la acción popular sea fallada a nuestro favor”, puntualizó Tamayo. En octubre pasado, cuando se sellaron las obras, 900 apartamentos de los 950 estaban vendidos. Y el resto estaban pendientes de concretar por ausencia de algún documento. Desde entonces, 86 clientes han pedido desistir de esta compra porque temen que la obra no se reactive.
La Unesco ha dicho que Aquarela “perturbaría y constituiría una afectación importante a la relación visual y simbólica existente entre el Castillo y su entorno, poniendo en riesgo uno de los atributos que sostienen el Valor Universal Excepcional de Cartagena”.
¿Por qué le dieron todos los permisos y licencias a Aquarela si afectaba el patrimonio? ¿Quién debe ser investigado? ¿Se debe demoler el edificio? Y ¿Quién les responde a los propietarios de esos apartamentos? Son algunos de los interrogantes que siguen sin ser resueltos.