Los sobrecostos de la planta de etanol de Bioenergy

Este era, hace cinco años, uno de los proyectos más importantes de la estatal petrolera, al punto que anunció que en el 2013 estaría lista para ser inaugurada, luego de invertir alrededor de 344 millones de dólares. Hoy, tres años después, se tiene previsto que entre en operación en el segundo semestre del 2016, pero a costos cercanos a los 750 millones de dólares, es decir, más de lo que, según el presidente Juan Manuel Santos, generará Reficar en un año de ganancias.

El objetivo es que esta planta, a partir de la siembra de 16.847 hectáreas de caña de azúcar, produzca 480 mil litros de etanol diarios, “lo que implicará una producción de etanol para el abastecimiento del mercado nacional hasta por 2.000 barriles día”, según un documento explicativo que Bioenergy envió a El Espectador.

El negocio estaba pensado para una época en que la política del Gobierno Nacional impulsaba la mezcla de alcohol carburante para pasar del 8 % al 10 % en la gasolina; sin embargo, el entusiasmo se frenó con la transición de la administración Uribe-Santos y el proyecto de la planta también perdió fuerza como prioridad en Ecopetrol.

Pero este no fue el principal obstáculo. Los problemas realmente empezaron cuando Bioenergy eligió a la empresa española Isolux-Corsán para el desarrollo del proyecto en el 2010 y firmó el contrato de ingeniería. En ese momento “el valor total del proyecto, es decir, la agregación de su componente industrial y agrícola, era de 344 millones de dólares”, explica.

Isolux-Corsán es una transnacional española reconocida en más de 40 países y que construye desde líneas de metros, estadios, edificios, hasta plantas industriales como las que necesitaba Bioenergy. Sin embargo, es tan conocida por participar en millonarias licitaciones alrededor del mundo, como su fama por los inconvenientes que genera. Solo este año, cuatro de las siete licitaciones que tenía en Chile finalizaron de manera abrupta por graves irregularidades, como el supuesto pago de sobornos, que la Fiscalía de ese país investiga.

Aleck Santamaría, gerente de Bioenergy, dijo en julio pasado a El Espectador que “cuando se adelantó el proceso de contratación con Isolux, tenía unos criterios de experiencia, capacidad y verificación que fueron cumplidos por esta empresa. Infortunadamente en ese momento no se tenía el historial que hoy existe en internet. No es cierto que en el momento en que Bioenergy contrató ya se conocían de los incumplimientos internacionales de esta firma”.

Pero en Puerto López, Isolux no fue la excepción y también dejó una estela de atrasos y escándalos que en algunos casos derivaron en protestas sociales.

“El primer retraso por un incumplimiento de Isolux debido a fallas en el proceso de pilotaje por deficiente estudio de suelos y negociación del contrato se presentó en 2011. Posteriormente, en 2012 y 2013, se presentaron retrasos en ingeniería y compras por parte de Isolux, pero los retrasos más significativos se presentaron en la construcción debido a anormalidades laborales generadas por el incumplimiento de subcontratistas de Isolux en el pago de sus obligaciones laborales”, según la respuesta a un derecho de petición que envió Bioenergy a la oficina de la senadora Maritza Martínez Aristizábal (Partido de la U).

Para la congresista llanera “es increíble” lo que ha pasado con la construcción de esta planta “y lo que realmente preocupa es que los sobrecostos se acercan a los $700 mil millones”, y agrega que la planta tiene un aumento de 118 por ciento en sus costos, desde 2011.

“Esto obedece a una equivocada decisión de la empresa al escoger la firma que iba a construir la planta; no sé bajo qué criterios se hizo. Además (Bioenergy) fue sorda a las advertencias que daba la comunidad, pues la misma población decía que estaba incumpliendo en su tarea de construcción de la planta. Si se escuchara a la comunidad, habría tenido la alerta temprana. Cuando se terminó el contrato con Isolux ya el daño estaba causado”, dice la senadora Martínez.

Efectivamente, en abril del 2014 se da por terminado el contrato con los españoles, pero la empresa nacional tuvo que pagar $5.330 millones por conceptos de deudas con comerciantes y proveedores que dejó la transnacional.

Las pérdidas, que aún no han sido públicas, están en un laudo arbitral a la espera de ser resueltas por un tribunal internacional.

“La información sobre el litigio está protegida por obligaciones de confidencialidad que impiden revelar detalles sobre el mismo. La información sobre el monto de las pretensiones es altamente sensible y no puede ser revelada públicamente”, respondió Bioenergy a este diario cuando le consultó. La empresa tampoco quiso responder por el valor real de los valores adicionales que ha tenido que pagar la empresa para terminar la planta.

¿Elefante blanco?

Otro de los senadores que han advertido sobre los sobrecostos de la planta de etanol de Ecopetrol es Iván Duque (Centro Democrático), quien ha dicho que este proyecto podría convertirse en un “elefante blanco”.

“Si existen sobrecostos exorbitantes frente a sus planes originales, es un ‘elefante blanco’ de mala planeación. Si la rentabilidad esperada no se materializa y por el contrario se evidencian grandes ineficiencias, es un ‘elefante blanco’ de las proyecciones financieras y la incapacidad operacional. Este proyecto es una inversión frente a la cual se debe escrutar en detalle para saber si es un negocio que beneficiará a la nación o si generará grandes pérdidas”, dijo a al ser consultado.

El senador dice que el proyecto de la planta fue concebido en un escenario diferente: precios del petróleo al alza acelerada; no había aumento de crudo no convencional y estaba en auge el desarrollo de biocombustibles como alternativa en América Latina. “Hoy estamos ante nuevas realidades”.

Según Duque, la firma de consultorías BCG realizó recientemente un análisis crudo de la situación de Bioenergy, pero los resultados no se han dado a conocer.

Con todo, a finales de 2014 Bioenergy llevó a cabo un proceso de selección interna para reemplazar la compañía española con una nueva entidad llamada Consorcio Menegua, formada por dos empresas de construcción local: Ismocol, con sede en Bucaramanga, y Morelco, en el Valle de Cauca. Ambas ya han hecho millonarios contratos con Ecopetrol e incluso un informe de auditoría de la Contraloría General de la República indica que Morelco presentó “atrasos significativos” en un contrato (5205997) de junio de 2009.

En términos de documentación, acerca del proceso de contratación existe una “precalificación de licitantes” y no una licitación donde compitieran los precalificados. De hecho, un documento de estados financieros de Bioenergy del 2014 describe que el Consorcio Morelco-Ismocol fue escogido por un “comité negociador”, en vez de una licitación.

Lo que se espera es que, con estos antecedentes, Bioeneregy no se haya equivocado nuevamente y por fin ponga en funcionamiento la planta en el 2016. Sin embargo, una serie de protestas de líderes de la comunidad por el reclamo de contratación de personal de la región, hacen pensar que todavía faltan problemas por resolver.

Según la empresa, a agosto pasado laboraban en la planta 2.199 personas, de las cuales el 58 % correspondía al municipio de Puerto López y el 11 % a la región. “De la misma manera, desde que comenzó el proyecto se ha generado un valor de 7.108 millones de pesos en favor del comercio de Puerto López, por concepto de prestación de bienes y servicios. Esta cifra durante este año asciende a 1.692 millones de pesos”.

A finales de septiembre, a la salida de un evento de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros, de manera informal fue abordado el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, para hablar del tema, pero prefirió no hacerlo y decir: “Sin comentarios”.

* Con reportería de Robert Shaw.