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En las últimas semanas, la Alcaldía de Cartagena anunció con bombos y platillos la llegada de los primeros 24 coches eléctricos con los que se sustituirán los carruajes con caballos que tradicionalmente se han visto en el centro histórico. El plan de la Alcaldía es que los primeros vehículos comiencen a operar antes de que termine el año, pero una disputa con los cocheros que por años han realizado esta labor fue llevada a instancias judiciales y tiene en veremos el inicio del proceso de transición.
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Los carruajes con caballos han sido utilizados por décadas en Cartagena. William Gracia, integrante de la Asociación Cartagenera de Cocheros, explica que empezó en este trabajo con su abuela, quien alcanzó a tener 14 carruajes, que heredaron sus tíos, su mamá y ahora continúa él; algo que se repite en varias familias. Pero este modelo de transporte ha sido fuertemente criticado en los últimos años ante la aparición de reiterados casos de caballos víctimas de maltrato animal.
Uno de esos críticos ha sido Alejandro Riaño, quien hace un poco más de cuatro años publicó un video en el que un grupo de personas intentaba levantar a uno de los caballos que tiraba de un coche y se había caído. Junto a las imágenes advirtió que en la ciudad había visto a varios en malas condiciones, lo que generó un debate con el gremio de cocheros y terminó con la aparición de un prototipo de carro eléctrico para iniciar la transición.
Sobre esto, Gracia recuerda que tuvo por cinco días el vehículo que llevó Riaño. “Desde el día uno dimos fe de que queríamos una transición y analizar nuevas posibilidades de un nuevo vehículo. La Alcaldía delegó a Corpoturismo y nos sentamos a ver los detalles. Yo me tomé la libertad de tomar el coche de Riaño y desmenuzarlo, porque solo nos dio el 50 % del rendimiento que nos dijo el proveedor, por lo que diseñé un modelo. La Corporación nos pidió una cotización y el compañero Julio Martínez logró hacer un contacto en China y radicamos dos corporaciones, pero nos respondieron que el proveedor que se buscó no era confiable y ahí murió la negociación”.
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Luego, la Alcaldía abrió una licitación para conseguir los vehículos y tramitó ante el Ministerio de Transporte la expedición de una resolución que da vía libre al uso de las carrozas y permite al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) establecer cualquier exigencia adicional. Así fue como el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, comenzó a divulgar que los vehículos se les entregarían a los cocheros, quienes serían los encargados de manejar la empresa que se conformaría para administrar los nuevos vehículos. “Los cocheros tendrán exclusividad, para lo cual presentaremos un proyecto de acuerdo ante el Concejo para blindar, impedir y prohibir la entrada de inversores privados y foráneos, o también vía decreto”, dijo el mandatario a finales del año pasado.
Gracia dice que de ahí en adelante evidenciaron varias inconsistencias, como que la resolución del Ministerio hablaba de servicio particular y no público, que es bajo el cual están ellos catalogados, y las relaciones con el alcalde se comenzaron a dificultar, en particular después de que uno de los cocheros le dijo a Turbay que le tenía que comprar sus carruajes y que valían más de COP 2.000 millones. “Es un tema que ha tomado de excusa para cerrarnos las puertas”, añade Gracia.
El problema se enreda más si se evalúa el panorama, porque la transición incluye a varios grupos de personas. Están los dueños de los caballos, a quienes les retribuirán por entregarlos y serían unos 120, según datos de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). Por el otro están los dueños de los carruajes, como Gracia, y finalmente están los conductores.
Sobre estos, la Asociación de Cocheros de Cartagena, que agrupa a 60 coches y 300 cocheros, señala que hubo reuniones con la Alcaldía en las que se anunció un censo para determinar quiénes manejarían los coches eléctricos, pero en noviembre se dieron cuenta de que la Alcaldía abrió un proceso del que no les informaron para recibir hojas de vida y encargar a Corpoturismo para su formación.
“Obviamente, eso generó gran molestia y fue un punto de quiebre, porque se supone que ahora desconocidos van a manejar los nuevos coches”, dice Gracia, quien añade que tampoco participaron en el proceso de adquisición de los nuevos vehículos, por lo que no los conocen. Y ante el anuncio de que cuando comiencen a operar se ofrecerá por un tiempo los servicios gratuitos, indica que también temen que los terminen acorralando. Por ello, uno de los cocheros interpuso una acción contra la resolución que expidió el Ministerio de Transporte.
En respuesta, el alcalde presentó ante la Sección Primera del Consejo de Estado un recurso de reposición contra el auto admisorio, al no haber sido incluido como tercero en la acción. Además interpuso una acción pública contra un apartado de la Ley 2138 de 2021, por la que los cocheros también piden que les permitan mantener en funcionamiento sus coches.
“Es incoherente que persistan lagunas jurídicas o lugares de ambigüedad para que los animales sigan siendo maltratados en actividades turísticas; más cuando hay una voluntad nacional”, indicó Turbay.
A la par, Milton Pereira, jefe jurídico del Distrito, añadió que “en este escenario, el sufrimiento animal derivado de la tracción implica sobrecarga, estrés térmico, agotamiento y lesiones crónicas. Por tanto, permitir la tracción animal en turismo no satisface el estándar constitucional mínimo, pues el sacrificio del bienestar animal no responde a una necesidad constitucionalmente relevante”.
Pese a esto, como señaló en el abogado Camilo Blanco, en una columna en La Silla Vacía, la transición no se puede pensar sin incluir a los cocheros, quienes al final son quienes deben entregar sus vehículos y adaptarse como propietarios o conductores a las nuevas tecnologías. “Es un imperativo constitucional que los cocheros tradicionales hagan parte del nuevo proyecto de vehículos eléctricos, que participen y sean escuchados de manera activa en la toma de decisiones”.
