Acueducto regional, el plan B del gobernador

Pero están pasando los días y la posición del alcalde Petro es inamovible. Varias razones son suficientes para no dar marcha atrás, según ha manifestado el mandatario: la venta de agua en bloque permite que los municipios lleven el líquido a lugares por fuera de sus perímetros urbanos, lo que impulsa los desarrollos urbanísticos en la Sabana en zonas que son “inviables ambientalmente”, como ha insistido el gerente del Acueducto, Diego Bravo.

Por otro lado, el aumento de este tipo de desarrollo estaría generando una carga contaminante en la parte alta del río Bogotá, con el agravante de que esa es el agua que termina abasteciendo a casi el 30% de la ciudad. Según estudios de la Universidad Nacional, si aumentan los proyectos de construcción en esas zonas, el tratamiento del agua podría ser “ imposible”.

Sin embargo, los alcaldes y el gobernador también tienen sus razones para acceder al agua en bloque: el gobernador, Álvaro Cruz, ha insistido en que sin ella el desarrollo de la región se vería gravemente afectado, “en la medida en que no haya empleo ni desarrollo”. Según Cruz, “de ninguna manera puede restringirse un servicio que es vital, constitucional y que afectaría a los municipios”.

Al ver que continúa el tira y afloje por la venta de agua en bloque y ningún acuerdo parece cercano, la Gobernación ya está cocinando el plan B anunciado por Cruz: la creación de un acueducto regional para que los municipios dejen de depender de la Capital.

¿Es viable este proyecto? Pese a todos los trámites y la gran inversión que tendría que hacer para tener un nuevo acueducto, la Gobernación cree que puede lograrlo. Prueba de esto es que la semana entrante estarán listos los estudios de factibilidad que muestran qué tan posible es la iniciativa, y el próximo lunes el gobernador se reunirá con la comisión reguladora de agua potable del Ministerio de Vivienda y los alcaldes de los 19 municipios que harán parte del proyecto. Con el estudio de factibilidad, el departamento podrá solicitar, tanto al Ministerio de Ambiente como a Parques Nacionales, las concesiones de agua necesarias.

Aunque todavía no se conocen los detalles del proyecto, si Cundinamarca quiere tener su propio sistema de abastecimiento, tendrá que negociar con el Acueducto de Bogotá, no sólo para tener acceso al sistema Chingaza o a Tibitoc, sino a la red de distribución existente. De lo contrario, tendría que construir una nueva presa, con todo lo que esto significa: comprar predios, tramitar una licencia ambiental que se tarda como mínimo 120 días hábiles y trazar una nueva red: sin lugar a dudas una tarea que podría tomar varios años y una inyección de millonarios recursos. Sólo para la creación de un acueducto para un municipio como Sopó, se requerirían $5 mil millones como señala una propuesta oficial de la Empresa de Servicios Públicos local.

Por otro lado, si el proyecto sale a flote también cambiaría el panorama para la Empresa de Acueducto, pues dejaría de percibir los ingresos de los municipios que hoy le siguen comprando agua para suministrar en áreas urbanas.

Mientras se define el futuro del nuevo acueducto, la pelea por la decisión de Bogotá continúa: la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le dio plazo hasta hoy al alcalde Gustavo Petro para que aclare la negativa de vender agua en bloque por considerar que “la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP ha producido una variedad de explicaciones, que llegan a ser contradictorias, en su propósito de cambiar el statu quo en materia de venta de agua en bloque”.

Lo cierto es que a estas alturas, parece que el nuevo acueducto seguirá marchando sin importar qué pase con la solicitud de la Superintendencia. Si sale adelante los municipios tendrán su propia agua pero también un gran reto: evitar el crecimiento desorganizado y manejar las aguas negras que seguirán aumentando en la Sabana