Mucha energía puesta en el río Bogotá

Descontaminar el río Bogotá ya no es una simple necesidad, de la que se habló por décadas. Es una orden del Consejo de Estado. Ahora, 19 organismos gubernamentales (con injerencia en los 42 municipios que atraviesa el afluente) tendrán que unir esfuerzos para que en un plazo máximo de 30 años y con una inversión cercana a los $6 billones le devuelvan algo de vida al río. La primera tarea será mejorar los mecanismos para tratar las aguas residuales domésticas e industriales, que son las que más lo contaminan. Todo está claro en el fallo del máximo tribunal administrativo.

Sin embargo, para varios ciudadanos, expertos en medio ambiente y funcionarios públicos, hay preguntas que la decisión no responde. Por ejemplo: ¿el río aguantará 30 años en su agonía? ¿Todos los entes comprometidos, actuarán con la eficacia que exige la justicia? -para ellos no deberían ser 19, como ordena el fallo, sino 75, que fueron citados en la última auditoría realizada por la Contraloría en 2010-. Y, luego de construidas la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el sector Canoas (Soacha) y la planta elevadora para bombear agua y generar energía, ¿qué costo adicional tendrán que pagar los ciudadanos?
Estas son algunas de las inquietudes que surgen tras la sentencia de 1.610 páginas, proferida por el magistrado Marco Antonio Velilla, con la que se puso fin a un reclamo popular de salvar al río Bogotá y que estuvo en manos de los tribunales administrativos desde 1992. La decisión debe ser leída con sigilo y paciencia para comprender en su totalidad sus alcances.

Las voces de la ciudadanía

Veedores ciudadanos que se dedican a ejercer control sobre el río Bogotá han denunciado la urgencia de solucionar los problemas que tienen varios municipios del departamento a la hora de tratar sus aguas residuales. Es el caso de Claudia Estévez, quien denunció que en Sesquilé hay un detrimento patrimonial porque no está funcionando la planta de tratamiento, ni se ha hecho mucho por arreglarla, por lo cual todos los desechos van directo al río sin tratamiento.

En Zipaquirá, entre tanto, el veedor Ricardo Carrillo alertó sobre la contaminación de sus ríos y quebradas, producto de la minería, la industria y la construcción urbana. Para completar, se suma la situación de los humedales cercanos al río y la gran cantidad de industrias que vierten sus químicos desde Fontibón, como lo ha denunciado Alfredo Vargas, veedor para la cuenca del río Bogotá en la localidad de Fontibón, al occidente de la capital del país.

El problema en ese sentido, según el ingeniero ambiental Jorge Achury, coordinador de la Red de Veedurías y estudioso del río Bogotá, es que “los municipios se han dedicado a entregar licencias para construir vivienda, pero no han hecho nada para tener unos tratamientos de aguas residuales efectivos”. Y la norma tampoco parece ofrecer soluciones, pues reza que los municipios deben tener en cuenta el proceso de factibilidad para garantizar el agua potable a sus pobladores, pero en cambio no hay una ley estricta sobre el tratamiento de las aguas residuales.

El asunto es grave, si se tiene en cuenta que el 25% de la población urbana en el país vive de los 42 municipios relacionados con la cuenca del río Bogotá, que es a donde van a parar todos sus desechos. De ellos, 31 tienen infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, pero 14 de esas plantas no funcionan. Es decir, de 42 poblaciones, sólo 17 están cumpliendo la tarea de tratar los residuos antes de echarlos al río. Este es el panorama que revela el Informe técnico sobre sistemas de tratamiento de aguas residuales en Colombia, elaborado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

 El dilema con las PTAR

Desde 1993 se inició el plan de saneamiento para proyectar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar) necesarias para descontaminar al río Bogotá. Entonces se planeó construir una en la desembocadura de cada una de las principales cuencas del Distrito (Salitre, Fucha y Tunjuelo). Sin embargo, la única que se construyó fue la de Salitre (que queda en la intersección del río Salitre y el río Bogotá). Además se proyectó la PTAR Canoas, que se ubicaría en el municipio de Soacha. Sin embargo, este último proyecto fue interrumpido por la administración distrital, al considerar que por economía y eficiencia se debía construir en otro sector. La decisión es que en un año debe estar lista esta planta.

Lo que hay que tener en cuenta, según el ingeniero ambiental Jorge Achury, es que la PTAR de Salitre no ha funcionado bien, porque “fue mal diseñada en su conceptualización técnica y por eso se incrementó su costo operativo”. Además, en cuanto al proyecto de la PTAR de Canoas, destacó que la Empresa de Acueducto de Bogotá ha advertido que adelantar la construcción como está concebida, con una estación elevadora para desviar agua al embalse del Muña para que Emgesa produzca energía, podría generar incrementos en las tarifas de servicios públicos.

En ese aspecto coincide con Ignacio Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), quien afirma que, pese a que la decisión de construir la planta de tratamiento en Canoas fue analizada en un estudio de prefactibilidad, lo más probable es que, al bajar el cauce del río, Emgesa ya no pueda producir energía y tenga que acudir a una estación elevadora que bombee el agua necesaria para producirla. Luego, es factible que esos costos tengan que ser asumidos en el futuro por los usuarios.

 Un tratamiento primario

Pero el quid del asunto está en que a esas plantas no se les haría un tratamiento totalmente eficiente, según el ingeniero Achury. Hay tres formas de tratar el agua contaminada. Cada una de ellas depende del nivel de separación de residuos que se haga y los materiales que se usen para el proceso. Según el director de la CAR, el tratamiento primario (que es el que se contempla inicialmente en el fallo) podría costar alrededor de US$400 millones (casi $800.000 millones) para la PTAR de Canoas, mientras que el secundario sería de cerca de US$900 millones. Desde la CAR advirtieron que los tratamientos secundarios y terciarios son necesarios para la desinfección de residuos coliformes (los desechos que producen los humanos) y otros potencialmente peligrosos para la salud.

Pero más allá de si es apropiado o no construir la PTAR en Canoas (a lo que se opusieron varios habitantes de Soacha a través de demandas, alegando que no los tuvieron en cuenta para tomar la decisión), lo que sostiene Ballesteros es que ya no es posible dar marcha atrás en este proyecto. Por un lado, está la orden del Consejo de Estado. Por el otro, que antes del fallo ya se habían construido varios intersectores, los cuales conducen las aguas a la PTAR. De no concretarse la obra, esta inversión se perdería.

Salidas para las curtiembres

Las curtiembres son otro factor de contaminación del río Bogotá. Este sector, que se dedica al tratamiento de las pieles y que se ubica, en su gran mayoría, en Villapinzón (Cundinamarca), considera que ha sido estigmatizado. El director de la Asociación de Curtidores, Juan Carlos Calderón, le manifestó a El Espectador la incertidumbre que vive su gremio porque el fallo ordena que se cierren aquellos lugares que operan de manera ilegal. Sin embargo, la sentencia también ordena construir un parque industrial para que las familias que no han podido formalizarse puedan trabajar allí con tecnologías limpias.

Para Calderón, la situación no es tan fácil, pues es algo que, además de trascender lo económico, tiene que ver con lo cultural y social. Los más de 1.200 empleos directos que genera esa actividad, gracias a 150 curtiembres, quedarían en la cuerda floja y eso generaría un fuerte problema de desempleo. Lo cierto es que la orden está dada y lo que resta es acatarla.

Una solución integral

Limpiar el río Bogotá no es solamente asunto de las autoridades ambientales. Este afluente, que recibe más de 640.000 toneladas de desechos al año, debe tener la atención de varios sectores con injerencia en su contaminación. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda. A la luz del crecimiento que han tenido varios municipios de la zona centro y occidental de la Sabana, la lupa se posa sobre los controles que se están haciendo a esas nuevas construcciones y a si cumplen con sus plantas de tratamientos de residuos.

Hoy se sabe que la mayoría tiene problemas al respecto. Las zonas de reserva, que el Ministerio de Ambiente cambió hace poco, también ampliaron las facultades de las constructoras para seguir expandiendo el territorio, una modalidad criticada ampliamente por el exalcalde Petro y que hoy, incluso, pierde validez con la decisión del Consejo de Estado de suspender el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que aquél decretó.

Por ahora, más allá de las dudas alrededor del total cumplimiento del fallo del Consejo de Estado, que ordena descontaminar el río, lo cierto es que ya hay una acción concreta. Y, aunque tal vez sea difícil alcanzar metas de limpieza tan eficientes como lo hicieron Reino Unido con el río Támesis, Lisboa con el Tajo, Corea del Sur con el Han o París con el Sena, ya hay un avance. La tarea ahora es pasar de la letra a la acción.