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Homicidios, masacres, desplazamientos forzados, confinamientos e incursiones paramilitares forman parte del camino del crimen en el departamento de Antioquia, de acuerdo con el documento “La guerra no para en Antioquia”, un balance de la situación de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y las garantías para las personas defensoras de derechos humanos en 2021.
En el 90% del departamento hacen presencia las Agc o Clan del Golfo, que continúa ampliando sus zonas de influencia a través de sus diferentes estructuras. Por su parte, el Eln tiene influencia en municipios de las subregiones del Norte, Nordeste, Bajo Cauca, Suroeste, Urabá y Occidente, y las disidencias de las Farc siguen extendiendo su accionar hacia municipios del Nordeste, Norte, Occidente, Bajo Cauca y Magdalena Medio.
Durante el año 2021, dice el estudio, Antioquia continuó presentado un alto número de masacres, homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas y agresiones, contra la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Pese a que las organizaciones sociales, campesinas, comunitarias y de derechos humanos denunciaron lo que acontecía en sus territorios e interlocutaron con la institucionalidad, la violencia no se detuvo.
Para los autores de la investigación, es preocupante el aumento de las agresiones contra las mujeres lideresas sociales. La baja efectividad del Estado local, departamental y nacional para proteger y prevenir a las comunidades, ha provocado un alto nivel de victimización. A esto se suma “la negativa del gobierno del presidente Iván Duque, de implementar integralmente el Acuerdo de Paz, lo que ha provocado que subregiones como Bajo Cauca, Suroeste y Nordeste, así como en municipios del Occidente y Urabá estén atravesando una grave crisis humanitaria”.
El informe consigna que, según cifras de Indepaz, en Colombia se han registrado 1.286 homicidios de personas defensoras de derechos humanos, desde la firma del Acuerdo de Paz (2016). De ese total, 888 han ocurrido durante el gobierno de Iván Duque, de los cuales 171 ocurrieron en 2021 (Indepaz, 2021).
Respecto a los defensores de derechos humanos, Antioquia —después del departamento del Cauca— es la región con más casos de homicidios contra ese grupo de personas, con 25 en 2021, en una estela de sangre que comenzó el 7 de enero, cuando fue asesinado Edwin Antonio Idaburo, en el municipio de Nechí; hasta el 23 de diciembre, día en que las balas asesinas segaron la vida de Víctor Alfonso Roldán, en Apartadó. En ambos crímenes, el informe señala como responsables a las Agc o Clan del Golfo.
De acuerdo con los registros relacionados, el 90 % de esos homicidios fueron en zonas rurales, el otro 10 % en zonas urbanas del Valle de Aburrá, principalmente en Medellín y Bello. Los paramilitares de las Agc, Caparrapos y los Triana son responsables de once casos de homicidio. De otro tanto se desconoce el responsable y en tres casos ha sido el Eln.
Masacres
Durante 2021, se presentaron en el departamento catorce masacres, mostrando un descenso importante con respecto al número de masacres en el 2020, que registró 25. “Pese a ello, lo preocupante es la persistencia de este crimen en las subregiones del suroeste, Bajo Cauca, nordeste, oriente y Valle de Aburrá, territorios donde están presentes la Policía y el Ejército Nacional. Siete de las masacres fueron en zonas rurales y las restantes en la parte urbana”, reseña el estudio.
El total de víctimas fue de 51 personas, cuarenta hombres y once mujeres, entre ellas una lideresa del nordeste y otra de Bello. Los principales responsables identificados son los paramilitares de las Agc, los Caparrapos y los Triana.
“Es de señalar que, durante el año 2021, la Fiscalía General de la Nación publicó información sobre las capturas de personas responsables de masacres en Bello, suroeste y nordeste, lo cual es un avance en el ámbito de la investigación y judicialización; sin embargo, esto sigue siendo insuficiente frente a las garantías de no repetición y el derecho a la justicia, máxime que las masacres siguen aconteciendo”, relata el informe.
La Fundación Sumapaz y la Corporación Jurídica Libertad plantean que los vacíos dejados por el Estado colombiano y el incumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc-Ep intensificaron el avance y la presencia de grupos paramilitares, guerrilleros y de disidencias que buscan controlar una zona estratégica, con amplios corredores hacia el Bajo Cauca, sur de Bolívar, Magdalena Medio, norte de Antioquia, Valle de Aburrá y oriente de Antioquia, y desde estos sitios hacia otras zonas del país.
Las cinco subregiones donde se perpetraron las masacres se caracterizan no solo por una diversidad de bienes comunes, sino también por la existencia de economías ilegales: minería, narcotráfico, cultivos de hojas de coca, exacciones y loteo, entre otros. Estas últimas generan algunos escenarios de riesgo para las poblaciones; además, son territorios con una gran capacidad organizativa y de movilización social, lo que preocupa, ya que las masacres son un mecanismo de terror que afecta las expresiones organizativas.
Recurrentemente, consigna el informe, “el Gobierno Nacional reduce las causas explicativas del porqué de las masacres a dos variables: presencia de las economías ilegales y actores armados, lo que impide reconocer la magnitud y los efectos del problema, entre ellas que las víctimas eran: 1) de sectores o grupos poblacionales vulnerables, principalmente mujeres, jóvenes, campesinos y pequeños mineros, 2) que algunas de las víctimas no eran de las subregiones, sino que eran migrantes de Venezuela, quienes hasta unos días antes de ser asesinados llegaron a los territorios a trabajar, por ejemplo en fincas cafeteras del suroeste y 3) que las estrategias del Estado no son las eficaces para enfrentar este grave crimen”.
Desplazamiento forzado y confinamientos
En este acápite se destaca que el desplazamiento forzado continúa en aumento, afectando a las poblaciones rurales y urbanas de Colombia.
De acuerdo con la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por sus siglas en inglés), en 2021 se observó un incremento del 57 % en el número de emergencias por desplazamiento forzado reportadas a los Equipos Locales de Coordinación (ELC) de respuesta humanitaria. En dichas emergencias, al menos 73.900 personas (181 % más que en 2020) fueron forzadas a desplazarse de sus territorios de origen.
En este mismo informe se revela que 11.700 personas retornaron a sus territorios mientras que 62.200 continúan desplazadas. Para el caso del departamento de Antioquia, se registraron 7.852 víctimas de desplazamiento forzado en las subregiones de Bajo Cauca, norte, occidente y Urabá.
Las principales víctimas han sido las comunidades indígenas y campesinas. Aproximadamente, el 68 % del total de víctimas son del municipio de Ituango.
Según el informe, los responsables de dichos desplazamientos y confinamientos son los paramilitares, las disidencias de las Farc, el Eln y la fuerza pública.
“La disputa por la tenencia de la tierra tanto de actores armados legales e ilegales, así como por los grandes terratenientes e industrias extractivas, la implementación de los proyectos minero-energéticos, la persistencia de economías ilegales, las amenazas contra las comunidades y el reclutamiento forzado, especialmente de menores de edad, siguen siendo las variables explicativas del alto nivel de desplazamiento forzado”.
Incursiones paramilitares
Entre finales del 2020 y el 2021 se pudo conocer de diez incursiones de las Agc en zonas rurales de Antioquia. Algunas de estas acciones tuvieron un gran movimiento de hombres armados —entre 50 y 200—. La fundación comenta en el informe que los paramilitares regularmente vestían prendas militares y portaban armas de largo alcance.
En la incursión de las Agc en septiembre de 2021, desde el municipio de Zaragoza al Bagre —Puerto López— y de allí hasta Remedios —Mina Nueva—, nordeste, se presentó movimiento de 200 paramilitares. “De acuerdo con algunos testimonios, el Ejército regularmente patrulla la zona, pero en esta incursión que duró varios días no se observó la presencia de las fuerzas del Estado”.