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La forma en la que se dio el desmonte de un tramo de la ciclorruta de Bucaramanga generó la controversia en la ciudad. Videos en redes sociales evidenciaron cómo ciudadanos con picas y palas comenzaron a levantar los separadores de las vías destinadas para los ciclistas, mientras que a la par, el alcalde Juan Carlos Cárdena hablaba del cumplimiento de una sentencia, que señalaba que dichos pasos viales no habían tenido en cuenta el plan de ordenamiento de la capital nortesantandereana.
El mensaje al final no era claro, pues además de que parecía más una intervención ciudadana (de quienes se habían venido quejando de la construcción de la ciclorruta) y no de la alcaldía, surgieron muchas preguntas sobre las prioridades en movilidad en la ciudad y las alternativas que se darían a los ciclistas que transitaban dicho tramo.
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El punto en controversia de la ciclorruta está en la calle 55, entre las carreras 17 y 21, tramo que conecta el centro de la ciudad con Ciudadela Real y la Calle de los Estudiantes, zonas que albergan trabajadores y estudiantes que se movilizan en bicicleta, según Diego Moreno, miembro del colectivo Ciclaramanga, que promueve el uso de la cicla como medio de transporte y el respeto a los derechos de los ciclistas en Bucaramanga.
Para Moreno, los inconformes con las ciclorrutas han sido comerciantes que ya no pueden parquear sus vehículos frente a sus negocios y “están molestos por no tener parqueadero para sus clientes”. Argumenta que a pesar de que ha habido un aumento de las personas que usan bicicletas para movilizarse, también hay problemas de cultura ciudadana, como que, por ejemplos, los motociclistas a veces ocupan las ciclorrutas, por lo que al final se han polarizado las opiniones sobre la pertinencia de los espacios exclusivos para los biciusuarios. “Realmente las ciclorrutas se han vuelto una campaña política. Solo están buscando votos entre los que están a favor y/o en contra de estos espacios para ciclistas”.
Bucaramanga cuenta con 20 kilómetros de ciclorruta, que se construyeron en la pasada administración con una inversión de $15.000 millones. Lo que ocurrió es que en septiembre de 2022, la juez Claudia Ardila, determinó que la ruta de la ciclovía debía ser replanteada debido a que se vulneraron los derechos colectivos de construcción y edificación de la ciudad que estipula en Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad.
“Las acciones de planeación para la construcción de una obra de infraestructura vial en la ciudad, incluyendo los estudios previos del proceso de selección para la contratación de la obra, deben ajustarse a los parámetros fijados en el Plan de Ordenamiento Territorial para el diseño y construcción de dicha obra, puesto que se trata del principal instrumento de planificación y gestión urbanística de la ciudad, con el cual se asegura un desarrollo ordenado del territorio, así como el bienestar integral de la comunidad”, indica la sentencia.
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Según la jefe de Gobernanza, Saharay Rojas, la reubicación se da porque “las ciclorrutas que no cumplen con la apropiación de los ciudadanos pueden afectarlos en su ejercicio comercial, como en zonas de cargue y descargue, en la generación de accidentes y reduciendo la movilidad, entre otros”.
Frente a lo que viene ahora, el alcalde Cárdenas informó que “ni se tiene un tiempo determinado, ni se requieren nuevos estudios para la reubicación de las ciclorrutas, pues estas ya fueron contempladas en Plan maestro de movilidad”, en dicho documento está el Proyecto P33 A, el cual busca no solo incentivar la utilización de la bicicleta, sino el desarrollo de infraestructura, “cómoda, accesible y segura para los desplazamientos en bicicleta y diagnosticar las zonas de generación de viajes y plantear la integración de estas, a través de la red de ciclocorredores metropolitanos”.
La cuestión es que la alcaldía dice que ahora tendrá que hacer socializaciones para reubicar la ciclorruta, pero no hay claridad en la inversión que se tendrá que hacer ni los tiempos para hacerlo. “Mi deber como alcalde siempre ha sido la ejecución de los recursos públicos de la ciudad, y hemos defendido ante el debate Judicial las ciclorrutas; sin embargo, está claro que la socialización y la apropiación de estas por la ciudad han fallado y es un tema qué hay que resolver”, señala Cárdenas.
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Según políticos bumangueses, como la misma Saharay Rojas, la alcaldía de Juan Carlos Cárdenas, siempre ha estado preocupado por los ciclistas y sus espacios destinados a que puedan habitar y transportarse en la ciudad, cosa que para Moreno de Ciclaramanga es mentira, ya que se les está quitando espacio en la vía y el servicio de préstamo de bicicletas, CLOBI, y que depende de Metrolínea, dejó de funcionar por mucho tiempo. Precisamente esta semana se reactivó el préstamo de las bicicletas.
En su defensa, Cárdenas dice que en estos cuatro años “se rediseñó el último tramo de las ciclorrutas, para que sean más amigables al ciudadano y no reduzcan los carriles para la movilidad, que en últimas es la discusión. Además, he impulsado los esquemas alternativos de movilidad, la movilidad sostenible y amigable al medio ambiente, con sistemas como CLOBI, pero no hay duda que para que estos mecanismos sean usados por los bumangueses debe ser apropiados, socializados y aceptados por los ciudadanos”.
Por lo pronto, la ciudad está a la espera que esta administración haga las audiencias públicas que solicitó el juez y viabilice el proceso de reubicación de la ciclorruta, dado que las medidas judiciales fueron puestas sobre los tramos 5,6 y 8 de las ciclorrutas. Las obras ya quedarían a cargo de la siguiente administración y de la visión que el nuevo alcalde tenga de la movilidad.
