‘Acuerdo de desminado sí es bilateral’

Mañana, cuando se inicie en La Habana el ciclo 34 de diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc, una de las prioridades será comenzar a definir la implementación del acuerdo sobre desminado humanitario en el país. La idea, según lo dice el exdirector de la Policía, general (r) Óscar Naranjo, ministro del Posconflicto y negociador plenipotenciario en Cuba, es que en un plazo no mayor a seis semanas arranquen las labores, no en las zonas de alta confrontación, pues como lo reconoce en esta entrevista con El Espectador, ello obligaría a un cese del fuego bilateral y esa es una discusión que todavía está pendiente.

Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre lo del desminado, ¿cuál será el modelo a aplicar en realidad y cómo va a funcionar?

Estaba previsto que, en la medida en que el proceso de paz alcanzara madurez, avanzaríamos hacia el desescalamiento del conflicto. El acuerdo sobre desminado es el resultado de eso y, además, que se empieza aplicar el principio planteado por el presidente Juan Manuel Santos, de que en la mesa se estaba acabando el paradigma que negociaríamos como si no estuviéramos haciendo la guerra, y haríamos la guerra como si no estuviéramos negociando. En otras palabras, ha llegado la necesidad de conectar lo que pasa en La Habana con lo que pasa en Colombia.

Es decir, la idea es que el proceso de paz comience a impactar a los colombianos…

Así es. Las medidas de desescalamiento deben traducirse en medidas de alivio para los ciudadanos. Eso marca un avance porque la gente se pregunta: ¿cómo hablamos de paz si esta guerra está tan dura? Ahora, ese acuerdo alcanzado no reemplaza el plan estratégico de desminado para el posconflicto, que ya está concebido. Se trata de una medida de alcance limitado, que esperamos se aplique favoreciendo a la población civil más afectada, en unos programas pilotos concentrados, y que sea una demostración de confianza entre las partes. Pero nuestro proyecto de desminado es con o sin las Farc.

¿Ese plan estratégico desde cuándo se viene concibiendo?

El Gobierno venía trabajando en un programa de desminado humanitario desde la Vicepresidencia, pero yo recibí la instrucción del presidente Santos de que ese proyecto quedaba bajo la órbita del Ministerio del Posconflicto. El objetivo es fortalecer capacidades que respondan al drama que significa ser el segundo país del planeta más minado, después de Afganistán. Lo que esperamos ahora es crear confianza, generar alto impacto en poblaciones que hoy son víctimas de este problema y que tenga el carácter de piloto. Y que se aplique —y esa es una discusión que tendremos con las Farc— en territorios que lógicamente no van a ser los de la más alta confrontación.

¿Por qué?

Porque supondría una discusión que a estas alturas el Gobierno todavía no está dispuesto a dar, y es que este programa de desminado no implica el cese bilateral y definitivo. Eso está consagrado en uno de los puntos del acuerdo y está siendo discutido por la comisión de militares. Si se tiene la pretensión de irse a las zonas de alta confrontación, se encontraría con la necesidad de que el desminado dependa de un cese bilateral.

¿Entonces dónde va a ser ese desminado?

Llegar hoy con un programa piloto significa atender poblaciones en las que hubo minado y fue abandonado, pero la población quedó confinada. Aquí ha habido una alta rotación del dispositivo de la guerra. Vamos a llegar allí y las vamos a encontrar. Vamos a iniciar el desminado con la información que tiene el Estado, la que tienen las Farc, con la que tienen las comunidades y la que han conseguido los organismos especializados. Los pilotos se van a iniciar en territorios que acordemos con las Farc. Va a desminar una fuerza multitarea, que tiene como centro de gravedad el Batallón de Desminado Humanitario de las Fuerzas Militares, con el acompañamiento de la Acción Popular Noruega y con autorización de hasta tres personas de la guerrilla que se acreditarán para que estén en el terreno.

Que seguramente serán sus explosivistas…

No sabemos quiénes serán, pero debemos suponer que es gente que tiene información y experiencia en la instalación de minas.

¿Y es posible tener los mapas de las minas sembradas?

El desminado humanitario es diferente al militar, que es en el marco de la guerra para facilitar el transito de las tropas. En el caso humanitario hay unos protocolos. Empieza con los estudios no técnicos, luego vienen los técnicos y ahí sí el desminado como tal.

Cuando se habla de desescalamiento, de solucionar el reclutamiento de menores, de suspender bombardeos, más cese del fuego unilateral por parte de las Farc, ¿no es de esperar que lo que sigue es el cese bilateral?

No. Las medidas de desescalamiento previstas son cuatro o cinco. Algunas tienen origen bilateral y otras son decisiones unilaterales. El reclutamiento de menores fue un tema que llevamos a la mesa, y dado que no hubo acuerdo en el sentido de que se debía incluir a menores de 18 años y no de 17, las Farc asumieron de manera unilateral esa medida. Los bombardeos son un tema que no está pactado en la mesa, es una decisión unilateral del Gobierno. El acuerdo del desminado sí es bilateral. Y hay dos temas más: la búsqueda de desaparecidos, que esperamos ponernos de acuerdo, y lo que tiene que ver con el cese bilateral y definitivo, que está a cargo de la subcomisión para el fin del conflicto.

Mucho se habla de los altos costos del desminado, ¿hay plata para eso?

Nuestra obligación es garantizar que ocurra. Los recursos no deben ser un obstáculo.

Hay quienes dicen que el poner a los militares a trabajar de la mano con la guerrilla es un golpe a la moral de las tropas…

La lectura que tenemos y que tienen las Fuerzas Militares es totalmente distinta. Lo que habría sido desmoralizante era que el desminado hubiera quedado en manos de la guerrilla o de organizaciones civiles cuando, está claro, las Fuerzas tienen todo el conocimiento y la capacidad técnica para ayudar.

Y el procurador Alejandro Ordóñez cree que deberían ser los guerrilleros los del desminado…

No descartamos que para el megaproyecto de desminado que se le viene al país durante el posconflicto, antiguos explosivistas de la guerrilla —ya desmovilizados— se vinculen a estas tareas.

Sin duda la participación de oficiales ha sido efectiva en la mesa, pero antes se decía que los militares y policías eran obstáculos para el proceso, ¿cómo lo ve usted?

Hay un principio clave en la voluntad de acabar la guerra y es que los hombres y mujeres que la han padecido y que la desarrollan día a día están agotados de ella. Pero a estas alturas, no nos podemos equivocar, no hemos llegado a la firma de un acuerdo y por eso las Farc son y seguirán siendo enemigas del Estado colombiano hasta entonces. Eso lo saben nuestras tropas.

El procurador dice también que la orden de suspender los bombardeos va en contra del deber constitucional de la Fuerza Pública…

Constitucionalmente, el presidente es el comandante de las Fuerzas Armadas y el responsable de garantizar la seguridad de los colombianos, y los medios que utiliza la Fuerza Pública para cumplir esos deberes son diferenciales. Cuando uno va a muchos territorios, la gente, por ejemplo, pide que se ataque la extorsión, y eso no se resuelve bombardeando. No se nos olvide que esta es una medida temporal, que se irá evaluando si es necesario volver a los bombardeos.

Siendo usted una persona con buena receptividad en todos los sectores políticos, ¿estaría dispuesto a trabajar para que el uribismo integre las discusiones sobre el proceso de paz?

Respondo lo que ha dicho el presidente: este es un proceso de todos los colombianos, no del Gobierno. Mi aspiración es que la paz se vuelva un proyecto nacional.

Como ministro del Posconflicto, ¿tiene algún plan para que la Policía vuelva a tener un rol de cuerpo civil?

Para ser prácticos, cuando cambia la música también cambia el baile. Y eso deberá pasar con las instituciones.

Por cierto, ¿qué pasó con la idea de crear un ministerio de seguridad ciudadana?

Creo que eso sigue siendo una necesidad y el presidente ha condicionado su creación en el momento en que realmente sea oportuno y garantice que habrá total efectividad. Lo que sí vale la pena aclarar es que esa es una decisión que nunca estará atada al proceso de La Habana. El presidente Santos ha dicho claramente que la estructura y la doctrina militar y policial no están en discusión.