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Por cuenta de un ácido enfrentamiento entre la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda y el sindicato, tremendo malestar ronda en el Ministerio Público en los últimos días. El pasado 20 de septiembre el sindicato, en comunicado interno, rechazó la actitud "retadora" de Castañeda, quien "el 17 de septiembre cerró las puertas a las 4:00 de la tarde e impidió la salida e ingreso de servidores supuestamente para hacer cumplir el horario de trabajo".
En el documento se lee que "la disciplina no puede ser sinónimo de atropello", que el sindicato jamás se ha opuesto a que se implementen los controles necesarios para que se respeten los horarios, "pero que ello se realice sin sesgos o privilegios, en donde nada se investiga ni reclama a altos funcionarios de la entidad que, precisamente, se distinguen por llegar tarde".
La carta, con destino al procurador Alejandro Ordóñez, añadió que la viceprocuradora, "en vez de estar dedicada a luchar contra el flagelo de la corrupción", ordenó sin ninguna ponderación impedir el ingreso y la salida de los funcionarios de la entidad, lo cual "desdice de las funciones que les corresponden" y pudo desconocer "algunos derechos fundamentales". Y quién dijo miedo. Al día siguiente, en carta enviada al sindicato, la viceprocuradora se despachó, detalló un sinnúmero de abusos e irregularidades de funcionarios que ella misma ha documentado y recalcó: "¿Si en el interior de nuestra entidad no cumplimos con nuestros deberes elementales (como el cumplimiento del horario), estaremos revestidos de autoridad moral para reclamarlos de servidores de otros entes del Estado?".
Castañeda recordó que a principios de 2009, cuando llegó a su cargo, le dio por fiscalizar si los funcionarios de la Procuraduría cumplían los horarios. "Me coloqué desde las 7:00 de la mañana a esperar el ingreso, en vista de que muy pocos llegaron antes de las 8:00, esperé hasta las 8:25 a.m. y las diferentes dependencias seguían sin su personal; decidí a esa hora quitarles los carnés que portaban a los que seguían entrando. La tarea la suspendí a las 10:15 a.m., por mis otras ocupaciones, y cuál sería mi sorpresa que al relacionar estos documentos su totalidad fue de 353 servidores que durante ese lapso se presentaron a laborar tardíamente, sin excusa justificada ni permiso concedido por su jefe inmediato".
La viceprocuradora fue más vehemente aún. Preguntó si antecedentes como esos "nos legitiman para disciplinar a otros", o cómo "predicaremos una excelente gestión pública si no cumplimos los horarios". Castañeda advirtió que adoptará los correctivos que correspondan y que la ley la faculta "para cerrar las puertas de acceso y salida de funcionarios para impedir el incumplimiento de deberes", y que eso no constituye ningún atropello. A renglón seguido manifestó que ese 17 de septiembre "se impidió la salida antes de las 5:00 p.m. de delegados y jefes de oficina y se cerró la puerta de acceso al sótano", en clara alusión a que no hay privilegios, y agregó que está investigando la negligencia o rendimiento de muchos despachos en los que en un semestre "sólo se elaboran cuatro oficios".
El regaño fue más extenso. "No sé si ustedes estiman que la corrupción atañe exclusivamente al desangre de las entidades a través de los contratos o la destinación indebida de los recursos públicos -dijo Castañeda- (…) ¿Será que no se enmarca dentro de la corrupción recibir un salario completo sin cumplir con los deberes?".
En la carta la viceprocuradora resaltó que hace pocos días, al realizar una vuelta personal a un banco, se percató que a las 10:30 a.m. las cafeterías alrededor de la entidad "estaban atiborradas" por funcionarios que salieron a desayunar, a tomarse un café, a fumarse un cigarrillo, a otras "miles de excusas" y "luego, claro, salen a almorzar". En la orilla de la viceprocuradora hay quienes dicen que sólo busca la eficiencia. Del otro lado, voceros del sindicato afirman que estas medidas son arbitrarias y casi que "de profesora de colegio". La polémica está servida.