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Una semana después de que las directivas del hospital Federico Lleras de Ibagué anunciaran a través de un comunicado el despido de 990 empleados y de que advirtieran la crisis que atravesaba la entidad, la Superintendencia Nacional de Salud decidió llevar a cabo una intervención forzosa administrativa. El propósito no es otro que salvar el centro hospitalario ante las dificultades financieras que afronta hace varios meses.
“Hemos tomado posesión de los bienes, haberes y negocios del hospital, con el fin de superar el creciente nivel de quejas en términos de atención de urgencias vitales y de ponerle freno a la crisis presupuestal que agobiaba a la entidad. No se trata de una intervención para liquidar, sino para administrar. Se diseñará un plan de acción para salvarla”, aseguró el superintendente Gustavo Enrique Morales.
De acuerdo con lo dicho por Morales, esta vez no hay ningún cuestionamiento a la idoneidad ética o gerencial de la junta directiva saliente, como ha sucedido en otras ocasiones. “Ellos —explicó— recibieron el lastre de administraciones anteriores muy malas. La consecuencia de una intervención es que esos cargos sean removidos, pero no habrá despidos de otros funcionarios”.
Una de las dificultades más grandes que afrontaba el Federico Lleras era el déficit financiero, generado en gran parte por los $121 mil millones que le adeudaban varias EPS del régimen contributivo y subsidiado. Entre las que más le debían se destacan Caprecom, con $23.000 millones; Humana Vivir, con $4.170 millones; Pijao Salud, con $7.697 millones, y Salud Vida, en etapa de liquidación, con $7.224 millones.
Además, como lo anunció Morales, se encontró que para 2011, 2012 y 2013 había un déficit presupuestal de 38%, 45% y 37%, respectivamente, lo que puso en riesgo el equilibrio financiero, riesgo al que también se enfrentan varias de las instituciones prestadoras de salud (IPS) del país.
De hecho, según lo reveló un estudio de la cartera hospitalaria presentado en julio por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, las deudas de las EPS, entes territoriales, el Fosyga y otras entidades estatales con las IPS ascendía a $5 billones. A 31 de diciembre de 2013, las EPS del régimen contributivo debían $1,7 billones y las del subsidiado, $1,5 billones.
Y justamente para tratar de que esos saldos no afecten la calidad del servicio es que en las últimas semanas se han formado pequeños grupos de hospitales que impulsan iniciativas para prevenir una crisis mayor. Ejemplo de ello es la Alianza 14+1, integrada por las principales IPS de Medellín. Su objetivo es llamar la atención sobre el riesgo de tener una cartera morosa tan alta.
“Queremos concientizar a la ciudadanía para que actúe. Es un llamado para que todos cumplamos con nuestro rol. Si lo hacemos, podemos sacar adelante el sistema. No podemos esperar a que llegue al límite y colapse”, dijo a este diario Mauricio Jaramillo, director de la clínica CES de Medellín.
Una de las consecuencias de esas deudas es la crisis que ha tenido que padecer el hospital Federico Lleras. Eso, sumado a los malos manejos que ha habido en los últimos años y que ayer reveló la Supersalud.
Ese panorama hizo que a los 1.385 empleados de la entidad tolimense se les debiera entre 3 y 6 sueldos, auxilios educativos, recargos festivos y aumentos salariales desde hace dos años. Incluso, hace tres semanas renunciaron 18 especialistas entre ortopedistas, anestesiólogos, pediatras, psiquiatras, cirujanos, ginecólogos y oncólogos. Casos de ginecobstetricia y optometría difícilmente eran atendidos. “Urgencias solamente recibía casos vitales”, dijo Yesid Camacho, fiscal del sindicato del gremio de los trabajadores hospitalarios (Anthoc).
Pero lo cierto es que la crisis ya estaba anunciada. La semana pasada habían advertido que el Federico Lleras solo tendría recursos hasta el pasado 31 de agosto. Hace 17 meses, cuando comenzó la administración del gerente saliente, José Raúl Reyes, el presupuesto era $152 mil millones. Hoy está en $164 mil millones y para completar el año se requieren $46 mil millones más.
Según Guillermo Alfonso Jaramillo, exgobernador del Tolima, son varios los factores que han influido en esta situación. Además de la falta de voluntad política, ha habido un atraso tecnológico que obliga a que las historias clínicas y facturas sean diligenciadas a mano.
Y hay también otro factor que ha jugado en contra del hospital: la corrupción. Los organismos de control, por ejemplo, tienen conocimiento de supuestas inversiones, como la de $1.600 millones para reforzar la parte estructural o la de $1.472 millones para mejorar la sala de partos, que hoy resultan inexistentes.