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En medio del novelón judicial en el que se ha convertido el proceso contra Miguel Enrique Franco Menco, actual alcalde de Nechí (Antioquia), cuyo paradero se desconoce desde hace tres meses y por el que las autoridades ofrecen una recompensa de $20 millones, la prescripción de la acción penal parece ser el recurso al que se aferra su defensa para salvarlo de la prisión. En caso de lograrlo, pese a existir una condena de la Corte Suprema, se cerraría un capítulo sin la claridad de si delinquió o no.
La historia se remonta al 2 de enero de 2008, cuando el recién posesionado alcalde expidió la Resolución 001, con la que modificó el Manual de funciones y requisitos del municipio, eliminando la exigencia de ser profesional y tener experiencia para aspirar al cargo de secretario de despacho. Gracias a este cambio, Franco Menco pudo nombrar a Everilda Liseth Osorio Martínez como secretaria de Hacienda y tesorera de Nechí, quien, según su hoja de vida, tenía un bachillerato técnico administrativo y su experiencia con el manejo de dinero era haber trabajado un año como cajera.
Ante el evidente favorecimiento, el 5 de septiembre de 2009, ante un juzgado de Caucasia (Antioquia), la Fiscalía le formuló imputación y luego lo llevó a juicio por el delito de prevaricato por acción. Pasados cinco años, en 2014, al mandatario fue absuelto tanto en primera como en segunda instancias. Esto le permitió volver a ser candidato y a ser reelecto como alcalde del municipio, para el período 2016-2020, por el movimiento Opción Ciudadana.
El ente acusador, convencido de la culpabilidad de Franco Menco, llevó el caso hasta la Corte Suprema de Justicia, donde el proceso duró otros cinco años y en marzo pasado los magistrados encontraron méritos para imponerle una condena de cinco años de prisión y una inhabilidad para ejercer cargos públicos durante siete años y diez meses. Al ser la primera autoridad judicial en condenarlo, por ley, tiene derecho a impugnar la decisión ante la misma corporación.
Hoy el lío radica en la incertidumbre que rodea el proceso, pues desde entonces nadie sabe del paradero de Franco; la Alcaldía está en manos de un funcionario encargado; no existe una orden de captura en su contra, y la administración departamental dice desconocer el estado de su proceso y si debe o no nombrar un reemplazo.
Sin embargo, este diario conoció que hace dos días (miércoles 10 de julio), la defensa del alcalde de Nechí presentó ante la Corte un recurso pidiendo la prescripción del proceso; es decir, cerrarlo, ya que la justicia no pudo demostrar la culpabilidad de su cliente en el tiempo que otorga la ley. El tema pasa por una serie de detalles jurídicos que podrían darle la razón a Franco.
En el caso del delito de prevaricato, que contempla una pena máxima de doce años, después de la imputación, la justicia tiene hasta seis años para dictar una sentencia y dejarla en firme. Si no lo logra, se da la prescripción por vencimiento de términos. En el caso del alcalde de Nechí, la imputación fue en 2009; es decir, han transcurrido más de diez años sin que el caso se tenga una decisión en firme, pese a la condena de la Corte.
La última vez que se tuvo noticias de Franco Menco fue el pasado 16 de marzo, siete días antes de la decisión del alto tribunal, cuando sufrió un aparatoso accidente de tránsito, mientras viajaba a Medellín. El carro que conducía se estrelló contra un árbol, aparentemente como consecuencia de un microsueño, y el político tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta un hospital en Rionegro. Los médicos lo incapacitaron por cinco días.
Con ese escenario como telón de fondo, y ante la falta de claridad sobre la situación del mandatario, desde hace tres meses el municipio vive una preocupante incertidumbre política, pues técnicamente no se ha configurado vacancia temporal ni definitiva, por lo que la Gobernación no puede nombrar un reemplazo. Cada vez que llega la hora de reintegrarse al cargo, Franco presenta una nueva incapacidad médica con la que justifica la ausencia de sus funciones.
“Franco sigue siendo el titular del despacho, porque presenta una incapacidad. Lo difícil es que nadie ubica el paradero de él. Entregaremos $20 millones a quien nos ubique a este alcalde”, explicó la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez.
Sobre el tema se refirió esta semana el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien al término de un consejo de seguridad sostuvo que la situación jurídica que rodea al alcalde se le “escapa” a la Gobernación: “Si el alcalde tiene una orden de captura de la Fiscalía, es la Fiscalía la que nos tiene que decir. Nosotros no hemos recibido ningún documento donde diga que el alcalde fue condenado y que hay que nombrar reemplazo. El gobernador procede siempre y cuando llegue la noticia de un juez. Lo que se dijo fue que la Corte Suprema le ratificó una detención. Nosotros le escribimos hace más de un mes y no hemos recibido respuesta”.
A pesar de las dudas que expresan desde la Gobernación, lo cierto es que, por un lado, no existe orden de captura, pues la decisión fue impugnada por la defensa y al no haber sido cobijado con medida de aseguramiento, Franco puede enfrentar el proceso en libertad. Además, con la reciente solicitud de prescripción, en caso de ser atendida por los magistrados, el caso sería cerrado y el mandatario quedaría sin antecedentes penales, pese a existir una condena de la Corte Suprema. Legalmente, hoy podría asumir de nuevo sus funciones en la Alcaldía.