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«El Gobierno colombiano no puede hacer caso omiso de la terrible y creciente ola de asesinatos y amenazas en contra de quienes defienden los derechos humanos y sus comunidades», dijo en un comunicado Erika Guevara Rosas, directora de AI para las Américas, con sede en Ciudad de México.
Agregó que la «ausencia del Estado y su debilidad para garantizar los derechos humanos» ha creado un «ambiente propicio» para que se ataquen los liderazgos comunitarios con impunidad, y esta violencia «lesiona profundamente el tejido social» necesario para avanzar en la implementación del acuerdo de paz.
En el que es el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, AI recordó que 148 defensores han sido asesinados entre el 1 de enero de 2017 y el pasado 27 de febrero, según cifras oficiales.
Por ello, el Estado debe asumir «inmediatamente» su responsabilidad de garantizar la vida e integridad de estas personas, y de aquellas que ejercen un liderazgo social en comunidades que todavía enfrentan los estragos del conflicto armado.
Guevara Rosas defendió que «es profundamente alarmante que la respuesta de altas instancias del Estado colombiano se limite a negar que las personas son asesinadas en razón de su liderazgo y labor de defensa de los derechos humanos».
Los líderes comunales, de campesinos, de víctimas y defensores del territorio y los recursos naturales «deben contar con plenas garantías y ser una prioridad para el Gobierno colombiano, si se quiere alcanzar una paz sostenible y duradera».
A partir de que el Gobierno reconozca la dinámica de violencia existente contra ellos, remarcó Amnistía, «se podrá fortalecer el sistema de respuesta ante estos crímenes y mecanismos de protección integral y prevención».