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En el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, fue asesinado este domingo Miguel Pérez, un campesino cocalero, quien hacía parte de varias organizaciones sociales y adelantaba procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito en la región. La denuncia fue hecha por Marcha Patriótica, según la cual, ya van 125 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos asesinados en 2017.
Pérez era integrante de la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) de Tarazá, de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, presidente de la subdirectiva Cañón de Iglesia, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y de Marcha Patriótica.
La Agencia de Renovación del Territorio publicó un comunicado en el que lamentó el asesinato de Pérez. La entidad aseguró que «fue un actor fundamental para llevar a cabo diferentes procesos a favor de la paz y del desarrollo del Bajo Cauca Antioqueño (…) y apoyó el proceso de sustitución gradual de cultivos de uso ilícito que lidera la Dirección para la Atención Integral de la Lucha contra las Drogas». También dijo que Pérez había sido elegido como representante veredal para la formulación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en esta región.
“La implementación está en grave riesgo”: UP y Partido Comunista
Los asesinatos que en las últimas semanas, después de la masacre en Tumaco (Nariño), parecen haberse identificado han despertado preocupación en distintos sectores de la política colombiana. Los más recientes en manifestarse fueron la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista Colombiano quienes, en un comunicado conjunto, manifestaron sus temores y sus críticas frente a la implementación de los acuerdos y a la seguridad de los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos.
Según ambos partidos, “al boicot legislativo se han agregado las masacres de la Fuerza Pública y del paramilitarismo, especialmente en Tumaco y el sur occidente colombiano. Los seis excombatientes desarmados en San José del Tapaje, el crimen de José Jair Cortés en zona rural de Tumaco, los crímenes de la docente Liliana Astrid Ramírez, en Natagaima, Tolima, de Benicia Tobar, en Guachené, Cauca, y del excombatiente amnistiado Henry Meneses Ruiz, en Miranda, Cauca, entre otros (…) no pueden seguir siendo calificados como hechos aislados por el Estado colombiano”.
Entre las peticiones hechas por la UP y por el Partido Comunista, se encuentra que se actúe para que “paren la matanza y las amenazas”, también que termine el programa de erradicación forzada, se facilite “a las autoridades civiles territoriales y a las organizaciones populares el cumplimiento de sus funciones y el acompañamiento solidario a excombatientes”.
Pero las críticas de ambas organizaciones políticas no fueron solo por los graves problemas que hay en cuanto a la seguridad de los líderes sociales. También se fueron contra lo que calificaron como “un peligroso viraje en los compromisos oficiales con la implementación de la paz. La ofensiva del fiscal General, de Cambio Radical y Centro Democrático en el Congreso complementa la política de guerra a los cultivadores de coca por parte del Ministerio de Defensa, al margen y abiertamente en contra del compromiso estatal con el Punto IV del Acuerdo Final”.