‘Autoridades no están empoderadas para salir de la crisis invernal’

El peor invierno que ha sufrido Colombia, y que se dio en el último trimestre de 2010, no sólo afectó a 2,2 millones de colombianos y a unas 800 mil hectáreas de cultivos, sino que destruyó buena parte del tejido empresarial en amplías zonas del país. 

Además de estas cifras preliminares, José Leibovich, funcionario del Departamento Nacional de  Planeación encargado del tema de la ola invernal, reconoció los problemas que se han tenido con las autoridades locales. “Por ahora estamos en una fase de diagnóstico, porque los alcaldes y gobernadores de las zonas afectadas no están empoderados para salir de la crisis, por lo tanto no hay la coordinación necesaria”, dijo, pero aclaró que los recursos necesarios están en poder del Estado y que en el momento se encuentran en la fase de la atención humanitaria de emergencia en los lugares afectados, además de la rehabilitación de vías. 

A estas palabras se suman las del director de la Defensa Civil, general (r) Jairo Duván Pineda, quien aseguró que hay personas censadas que no fueron realmente afectadas por el invierno, entre las que se encuentran algunos alcaldes, ante lo que Leibovich manifestó que “es muy posible que esté sucediendo y que por eso el Gobierno se ha tomado un plazo hasta el 15 marzo mientras que se cierre el censo oficial del Dane”.

Pero más allá de las fallas detectadas y con miras a reparar la situación de las pequeñas y medianas empresas hasta ayer se llevó a cabo en la Fundación Mario Santo Domingo un taller de  re-emprendimiento productivo para zonas en desastre que contó con la intervención de representantes gubernamentales colombianos y Cristina Ornella, delegada presidencial para el manejo de las catástrofes que sufrió Chile en 2010 durante el gobierno de Michelle Bachelet.

De acuerdo con Ornella, Colombia deberá desarrollar cuatro fases (diagnóstico de necesidades básicas, re-emprendimiento, sensibilización y ejecución y seguimiento), no sólo para salir de la problemática ambiental y económica actual, sino para hacer políticas y planes que permitan evitar o prepararse para este tipo de eventualidades. “nadie espera que haya un desastre, ningún presidente lo quiere. Pero los países latinoamericanos deben estar alerta. Estoy en Colombia para compartir un modelo de aprendizaje que tuvimos en Chile, que tiene tres componentes esenciales: al menor costo, en el menor tiempo y con la mayor eficiencia”.

Además agregó que la base de cualquier plan de re-emprendimiento debe abordarse desde los miedos que tenga la población, es decir efectos post-traumáticos, y las fracturas de las economías locales. “Si el Gobierno colombiano logra, por lo menos a pequeña escala, reorganizar las economías locales para que la gente se sienta ocupada y necesaria, alcanzará un primer peldaño en este proceso”.

También dijo que en Chile ocurrió lo mismo que está pasando en Colombia, que en las listas de damnificados se registren personas que no lo son y que es imposible pensar que el Gobierno lo pueda solucionar todo. “Es un trabajo conjunto entre los sectores privado y público y la ciudadanía, la cual tendrá que ayudar con el tema de control social. Yo considero que al Gobierno le falta más eficiencia técnico política para abordar el problema, lo cual puede conseguir si se lleva a cabo este modelo”.

Teniendo en cuenta desastres pasados,  María Lucía Castrillón, gerente de Propaís, asegura que “este tipo de actividades, como el taller, son fundamentales para transferir experiencias que permitan contribuir y fortalecer el trabajo que desarrollan las entidades públicas y privadas que apoyan a la micro y pequeña empresa colombiana, y que a su vez juegan un papel importante en el desarrollo económico y social en cada región”.

La tarea

Durante el taller, la experta chilena dio una metodología para generar un plan de acción para ayudar a las zonas devastadas de cada una de las regiones afectadas, el cual será evaluado y deberá ser escrito por los representantes de las fundaciones de los departamentos en 48 horas y en un año implementarlo. Estos tendrán que escoger factores que sean aplicables a la realidad de sus comunidades.

Hilda Estrada, directora del centro de investigación de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, expresó las preocupaciones que tiene en cuanto a la formulación y aplicación del plan en el Atlántico: “El mayor obstáculo es la carencia de recursos. El Gobierno no tiene la capacidad de entregar, como lo hizo Chile, una casa a cada familia damnificados. Nosotros no vemos voluntad política, aquí se depende del gobierno que esté de turno y no de políticas claras. No es un secreto que nuestro departamento es uno de los que peor ha sido manejado políticamente, por ejemplo hay municipios que no tienen alcaldes, como Candelaria”.

También fue enfática en el mayor reto que tienen los asistentes a este taller es llevar a la realidad lo que han escrito para aplicarlo como proyecto piloto en el sur del departamento, lo que empezará por hacer la caracterización de la población y luego investigar qué suelos pueden ser productivos nuevamente. Esta universidad adelantaba proyectos productivos, por ejemplo, agrícolas, en varios municipios del departamento, los cuales se afectaron por el invierno.