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Desde el lunes 19 de julio, los habitantes de cinco comunidades indígenas wounaan y embera que habitan sobre las riberas de los ríos Docampadó y Siguirisúa notaron que hombres fuertemente armados transitaban muy cerca de sus hogares. Según la carta que la Asociación de Autoridades Indígenas del Bajo Baudó (Asaiba) le envió a la personera del municipio, los sujetos que bajaban por el río pertenecen al Clan del Golfo y al Eln, dos grupos armados que se disputan el control del territorio desde 2016. Ante la amenaza, inicialmente 1.500 indígenas se confinaron en sus resguardos.
Meliro Barrigón, presidente de la asociación indígena, le dijo a El Espectador que en la mayoría de las comunidades el confinamiento se hizo de manera preventiva, ya que ambos grupos armados se encuentran muy cerca y temen que inicien los enfrentamientos, “hasta el momento no ha habido maltrato físico ni psicológico, el temor es que tarde o temprano puedan causar daños”. Sin embargo, agrega que en el caserío de Santa Rosa, al sur de la cabecera municipal de Bajo Baudó, miembros del Clan del Golfo prohibieron el tránsito de los habitantes por el río, lo cual generó desplazamientos de indígenas a otras comunidades y la limitación total de la movilidad.
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Ocho días después de esta primera alerta, Hermenegildo González, alcalde de Bajo Baudó, lideró un consejo de seguridad que contó con la participación de funcionarios de la Policía Nacional, el Ejército, la Infantería de Marina, la personera municipal y el secretario de interior departamental. La conclusión principal de esta reunión apuntaba a que la crisis humanitaria en la región es más grave de lo que inicialmente se había alertado: en total serían 4.092 personas confinadas pertenecientes a once comunidades que viven sobre las cuencas de los ríos Docampadó, Siguirisúa, Hijuá, Sivirú y Orpúa.
Los actores armados responsables de estos confinamientos son el frente de guerra occidental del Eln y estructuras del Clan del Golfo que, desde 2016, cuando, los frentes 30 y 57 de las Farc salieron de la región producto de la dejación de armas, iniciaron una disputa por el control de los corredores de movilidad, abastecimiento y repliegue entre la subregión del Baudó y la costa Pacífica. Según documentó la Defensoría del Pueblo en una alerta temprana emitida en 2020, la confrontación se da “especialmente, en los corredores estratégicos de movilidad que comunican al resguardo indígena Catrú, Dubaza y Ancozo en el Alto Baudó, la quebrada Caimital en el municipio del Medio Baudó con el resguardo indígena de Purricha, y el corredor que comunica al resguardo río Pavasa con el río Panguí en el vecino municipio de Nuquí”. En dicho informe, la entidad también llamaba la alerta sobre el riesgo de reclutamiento forzado, pues en su objetivo de consolidación en el territorio ambos grupos armados estaban utilizando niños, niñas y adolescentes en los corregimientos y resguardos indígenas del municipio del Bajo Baudó para realizar actividades de inteligencia y entregar información.
La disputa armada tiene su origen en dos puntos claves. En primer lugar se trata de un corredor natural que permite conectar con Buenaventura y el Pacífico nariñense por el sur y con el río Atrato, el Urabá y la frontera con Panamá por el norte. Estas conexiones son importantes, ya que desembocan en el océano Pacífico, desde donde se trafican armas y drogas. En segundo lugar, se trata de una región que ofrece ventajas estratégicas derivadas de la riqueza de sus suelos y la concentración de recursos maderables y minerales.
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El conflicto en el Bajo Baudó tiene una historia violenta marcada por los ataques constantes de paramilitares, guerrillas y fuerza pública contra sus habitantes y hace parte de una radiografía mucho más compleja, que comprende un ciclo de violencia que se extiende por todo el departamento . Un fenómeno al que se le viene haciendo seguimiento desde distintos frentes e incluso ha sido alertado por la Corte Constitucional que, a través de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 —en la que declaró el estado de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado en el país—, emitió en 2017 el auto 504 en el que determinó que en el departamento de Chocó existían “fallas y problemas en materia de asistencia, atención, prevención y protección de la población de este departamento” y que esto se estaría agravando por la reconfiguración del conflicto. Es decir, trece años después, el ente judicial consideraba que los esfuerzos que el Estado estaba haciendo para cesar la violación masiva de los derechos a las personas desplazadas en el departamento eran insuficientes.
Para Cleider Palacios, personero de El Litoral del San Juan (Chocó) y abogado que ha estudiado el cumplimiento de la sentencia del 2004, “sí ha habido avances a pesar de que hayan sido pocos. Sin embargo, hay muchos reparos consistentes en que la Corte ha sido muy laxa en el seguimiento que les ha hecho a la sentencia y las medidas que se toman permiten que los funcionarios se pasen por la faja las órdenes que ella imparte”.
Meliro Barrigón, líder indígena, comparte la postura de Palacios y señala que “ayudas como tal, hace tres o cuatro años hubo, pero desde entonces nada. Actualmente se requieren ayudas en temas alimentarios, salud, educación, de capacitación para las guardias indígenas y que puedan proteger el territorio”.
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Al margen del cumplimiento de la sentencia, las necesidades siguen siendo las mismas y, si bien se reconfiguró la violencia en la región, los habitantes del Bajo Baudó continúan siendo víctimas de los actores armados. Para Fernanda Palacios, personera municipal, una de las primeras medidas que se deben adoptar para la superación de estas condiciones es la presencia estatal, “acá los habitantes están abandonados e indefensos, los proyectos de vida son mínimos, falta inversión social y compromiso de las instituciones”.
Por su parte, el presidente de la Asaiba señala las falencias en términos de alimentación, salud y educación, y resalta que se requiere más seguridad: “Necesitamos mayor protección de la fuerza pública, no necesariamente que estén en los resguardos, porque eso también generaría unos problemas, pero sí que estén más cerca de nosotros”. El personero de El Litoral del San Juan apunta que “no va a haber verdadero desarrollo en las regiones si el Estado sigue siendo tan ultracentralista. Se gastan demasiado recursos queriendo brindar soluciones desde Bogotá. La atención a la población debe hacerse desde los territorios y con traslado de recursos”.
