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El Gobierno trabaja en la creación de una comisión nacional de derechos humanos, que tendría carácter permanente, con la participación de la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional, anunció su vicepresidente, Angelino Garzón.
El tema de los derechos humanos va a ser una "política permanente, de Estado", prometió Garzón en una rueda de prensa que ofreció en Bogotá al término de una reunión con embajadores de los países emergentes, agrupados en torno al G24, y representantes de las Naciones Unidas en Colombia.
"Hemos tomado la decisión de convocar a una conferencia nacional de derechos humanos, cuya realización sería en diciembre de 2011", explicó Garzón, quien desde la Vicepresidencia colombiana se encarga de las políticas vinculadas a esa materia.
El propósito es acordar, en el marco de esa conferencia, una "plataforma común" entre Gobierno, instituciones estatales, sociedad civil y la comunidad internacional para "consolidar una política de derechos humanos de Estado y permanente", detalló.
Agregó que esa conferencia será el punto de partida para la creación de una comisión nacional de derechos humanos, "que tendría carácter permanente, con participación de la sociedad civil y acompañamiento como socia de la comunidad internacional".
"Vamos a denunciar desde el Gobierno cualquier atropello a los derechos humanos", enfatizó Garzón al explicar que, durante la reunión de, también se llegó a un acuerdo para configurar un grupo de abogados penalistas que haga un seguimiento detenido a los casos de violaciones a esos derechos en Colombia.
La preocupación por la situación de los derechos humanos en Colombia mantiene paralizado en el Congreso de EE.UU. el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral, firmado por ambos países en 2006.
Desde su llegada al poder en agosto pasado, el presidente Juan Manuel Santos ha puesto en marcha iniciativas para garantizar el respeto a esos derechos, como la Ley de Víctimas, que busca reparar a más de cuatro millones de afectados por el conflicto armado sin discriminar si los victimarios fueron guerrillas, paramilitares o agentes del Estado.
Al menos 22 activistas, uno de ellos también periodista, y un juez murieron durante los primeros 75 días del Gobierno de Santos, según un informe de grupos pro derechos humanos presentado ayer en Washington.
El Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) y otras organizaciones expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el documento, basado en datos de una plataforma que reúne a cerca de 200 entidades por derechos humanos, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEEU).