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Por primera vez en 10 años, las Naciones Unidas, a través de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), retiró a Colombia de la lista de países que requieren observación constante en materia de lucha contra la producción, tráfico y consumo de drogas. Sin embargo, pese a la importancia que representa este espaldarazo del organismo internacional, el país continúa ocupando el nada honroso primer lugar en producción de cocaína: 410 toneladas en 2009.
Así lo planteó el informe presentado por la JIFE (2011), según el cual, “la superficie total del cultivo ilícito de arbusto de coca disminuyó en América del Sur gracias a la considerable reducción registrada en Colombia, ya que entre 2008 y 2009 bajaron las hectáreas sembradas en cerca del 21%”. Esta cifra contrasta con la anunciada en Bolivia y Perú, donde se ha venido presentado un aumento y, según el informe, para el próximo año Perú podría convertirse en el principal productor mundial de cocaína.
En materia de cultivo de marihuana, la JIFE también resaltó la labor que se viene realizando. En 2009 el Observatorio de Drogas de Colombia calculó que las plantas de cannabis cultivadas ilícitamente cubrían unas 210 hectáreas y en el mismo año las autoridades erradicaron 170. De igual forma, el informe plantea el crecimiento exponencial del negocio ilícito de la marihuana nuevamente en Perú y Bolivia.
Al analizar estos resultados, el relator de la JIFE para Colombia, Camilo Uribe Granja, dijo que “la decisión de retirar la observación constante para Colombia significa un reconocimiento que implica suspender esa revisión diaria y constante, pero que no implica que no sigamos haciendo seguimiento. Salir de la lista no es fácil, pero entrar es muy sencillo”.
Uribe considera que la lucha contra el negocio de las drogas es un fenómeno complejo, sobre todo en la actualidad, porque se ha convertido en el mecanismo de financiación de los grupos terroristas, por eso recomendó “mantener una constante y sostenida inversión social y lucha frontal contra los grupos armados al margen de la ley. Inicialmente los grupos ilegales cobraban un impuesto al campesino y al comerciante. Ahora son dueños del negocio: de esta forma se financian en España la Eta, en Afganistán Al Qaeda y en Colombia las Farc”.
El ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, sobre quien recae la responsabilidad de las políticas de lucha contra las drogas, celebró la decisión de la JIFE de retirarle la vigilancia constante a Colombia y presentó algunas cifras manejadas por esta cartera. “En el plano de la lucha contra las estructuras del narcotráfico, las autoridades incautaron 4’601.004 kilos de sustancias sólidas ilegales y más de 1’220.897 galones de sustancias líquidas en 2010. Como lo reconoce hoy el Informe de la JIFE, a lo largo de los últimos años se ha reforzado el régimen internacional y nacional de fiscalización de los precursores, lográndose impedir que lleguen a donde se fabrican las drogas ilícitas”, aseguró.
Además, Vargas Lleras anunció que una de las prioridades del gobierno de Juan Manuel Santos es combatir de forma frontal todos los eslabones del negocio del narcotráfico: la producción, el tráfico y el consumo. Y anunció las modificaciones que se le realizarán a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), amparados en la ley que le otorga al Gobierno facultades especiales para reformar las entidades adscritas a la Rama Ejecutiva: “La idea es retirarle a la DNE el manejo y administración de los bienes incautados al narcotráfico y que esta entidad se encargue exclusivamente de la política nacional de lucha contra las drogas”, afirmó el ministro.
Juan Carlos Restrepo, director de la DNE, explicó que la idea es rescatar la misión institucional como la coordinadora de la política antidrogas en Colombia, para que todos los esfuerzos que hacen el Gobierno y la sociedad en la lucha contra este fenómeno estén realmente articulados y den los mejores resultados.
Dentro de esta política de lucha contra el narcotráfico, Vargas Lleras dijo que es prioritaria la aprobación de la ley de seguridad ciudadana, en la cual se contempla “fortalecer la extinción de dominio y superar de este modo los obstáculos que hoy se están presentando en materia procesal. Abrimos el debate sobre la inimputabilidad de delitos a menores de edad, adoptamos reformas para combatir de manera más eficaz el terrorismo, le damos facultades especiales a la Policía en materia de allanamientos e incluimos la persecución del tráfico de precursores de drogas sintéticas en nuestra normatividad”.
Aunque es claro el reconocimiento que se le hizo a Colombia y Vargas Lleras planteó estrategias para enfrentar de forma adecuada el negocio ilícito de las drogas, el representante de la JIFE, Camilo Uribe, advirtió que el problema en Colombia sigue siendo muy complejo y citó casos como el de Armenia, donde el gramo de heroína sólo cuesta $1.800 y en Bogotá ese gramo cuesta cerca de $30.000, “precios muy bajos que pueden generar una endemia”.