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Son pocos los programas sociales que sobreviven en La Guajira para la población migrante y en vulnerabilidad. Mientras algunas organizaciones tienen los días contados para proyectos, desde Maicao, por ejemplo, han visto en los últimos meses cómo 25 de las 28 organizaciones que trabajaban en ayuda humanitaria en la zona se han ido o han desaparecido por una cuestión clara: la reducción de los recursos que llegaban desde Estados Unidos que no han podido suplir.
La Guajira es un departamento que históricamente ha enfrentado graves tasas de desnutrición infantil, barreras de acceso a los servicios de salud y escasez de agua, problemas que en los últimos años han afectado a la población migrante que ha llegado desde Venezuela y se ha asentado en la región. Llegan con vulnerabilidades que se agravan con la corta capacidad del gobierno local para atender las problemáticas, y la situación preocupa a los mandatarios, pues tampoco hay recursos públicos para atender las necesidades de quienes ya están y los que llegan.
“Recibimos a muchas niñas madres adolescentes embarazadas, y hay muchísimos temas de salud mental alrededor de su situación de vida”, dijo María Mercedes Liévano, directora de País Save the Children Colombia. La organización es una de las que aún quedan. En Maicao, específicamente, están atendiendo a aproximadamente 2.300 personas al mes, a las que ofrecen servicios médicos gratuitos, que incluyen atención primaria en salud, control prenatal y programas nutricionales enfocados en salud materno-infantil y desnutrición, pero no es suficiente. Se estima que en el municipio se han asentado alrededor de 54.000 migrantes, a lo que se suma un aumento en la desnutrición en los últimos años en la población en general.
Liévano teme que con la reducción de la ayuda humanitaria se pierda lo que se ha hecho para enfrentar el trabajo infantil. Resalta que han implementado programas de educación en emergencia, apoyando a los niños y jóvenes afectados por la crisis en su derecho a la educación. “En los lugares donde trabajamos, un asentamiento como en las afueras de Maicao, donde hay 105 familias, todas en condición de vulnerabilidad, situaciones muy extremas… nos decían que gracias a nosotros lograron eliminar en su totalidad las prácticas de trabajo infantil en los niños de la comunidad y matricularlos en el colegio”, expresó.
Sin embargo, Érika Guillén, gerente territorial en La Guajira, explicó que el impacto de los recortes pone en riesgo todo. Uno de los programas más importantes de protección a la infancia tuvo que ser cancelado. “Tuvimos que salir de diferentes territorios donde teníamos nuestros espacios amigables de la niñez. Los riesgos de desprotección infantil han aumentado: trabajo infantil, abuso físico y emocional, consumo de sustancias, incluso intentos de suicidio”, relató.
Uno de los casos más alarmantes es el del asentamiento La Pista, donde viven más de 10.000 personas, especialmente niños y niñas. Pero Guillén asegura que los problemas no son solo en este lugar. “Otros asentamientos tienen las mismas condiciones, no hay acceso a servicios públicos, las personas viven del reciclaje o de esos pequeños emprendimientos que eran en gran parte de lo que veníamos apoyando”.
Entre los programas más relevantes que les preocupa está Ven Esperanza, “el programa de transferencias monetarias más grande de América Latina, orientado a mejorar la seguridad alimentaria de las personas en situación de mayor vulnerabilidad”. Este programa, que retomaron en abril, beneficia a “más de 50.000 personas en cuatro departamentos del país, con atención focalizada en La Guajira”. Las ayudas son flexibles y permiten a las familias cubrir necesidades inmediatas, como alimentación y vivienda.
Pese a esto, Liévano dice que el reto será sobrevivir. “No es fácil, por supuesto, este recorte afectó más del 5 % de nuestro presupuesto”, pero insiste en que no se irán: “Haber dicho y haber dado nuestras espaldas a las comunidades que veníamos apoyando ha sido dolorosísimo para ellos y para nosotros… el mensaje que queremos darles es seguimos ahí y vamos a seguir estando ahí“, destacó.
Por último, Liévano enfatizó que, aunque ha habido avances, el Estado colombiano aún tiene una deuda muy grande con los niños de la región. “Para poder responder de manera efectiva al goce efectivo de los derechos de los niños se requiere mayor inversión en educación, en estrategias de prevención frente a temas de reclutamiento, maltrato y abuso infantil”, afirmó.
Por ello, cree importante que el Gobierno Nacional asuma un rol más activo en la protección de la infancia, integrando el tema en los planes de desarrollo territorial, ya que los gobiernos locales no tienen la capacidad de enfrentar solos los complejos desafíos sociales que enfrenta La Guajira, y ahora menos con la reducción de la cooperación internacional. “Esto es un esfuerzo que tiene que ser en conjunto y un esfuerzo de todos para evitar que esos recortes se vuelvan un caos mayor”.