Contrato escolar en La Guajira quedó en manos de empresa cuestionada por malos manejos

Sobre las 11:00 a.m. de este viernes, 27 de diciembre, en la Gobernación de la Guajira se celebró una audiencia pública en la que el gobernador (e), Jhon Fuentes manifestó que su administración «acató las recomendaciones y observaciones que la Procuraduría General de la Nación había hecho anteriormente» al proceso de contratación en el que se estaba trabajando para adjudicar un servicio de transporte escolar para los niños del departamento. Lo cierto es que después de varios tires y aflojes, Fuentes oficializó la licitación No. 006 de 2019, por medio de la cual se esogió a la empresa Unión Temporal Eikajuluin para prestar dicho servicio en zonas rurales y urbanas de 12 municipios de La Guajira. El valor del contrato asciende los $27.926 millones de pesos y se espera que el servicio sea prestado a más de 7.900 menores.

Este proceso pasó por varias etapas de revisión, donde los antecedentes más cercanos muestran que para el pasado 13 de noviembre, el gobernador Fuentes revocó un contrato preestablecido, por recomendación de la Procuraduría, del comité evaluador y de algunas oficinas jurídicas de nivel departamental, debido a que no se tenía claridad sobre la plena garantía de los derechos de los niños en cuanto al transporte escolar, considerando los estudios de mercadeo realizados para el proyecto, la pluralidad de las ofertas y los requisitos habilitantes para poner este servicio en el marco legal. 

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A pesar del protagonismo de Fuentes en este proceso, la polémica está sobre la mesa por dos motivos. El primero, porque más allá del rol del gobernador, la persona que abrió el actual proceso de contratación fue su secretaria de Apoyo a la Gestión -y anterior gobernadora encargada-, Jessica Barros Zúñiga. 

Y segundo, porque desde mediados de 2018 está presente en el radar de la opinión pública el nombre de la empresa Relaturg, perteneciente a la recién adjudicada Unión Temporal Eikajuluin y propiedad del excandidato a la alcaldía de Riohacha, Edgar Acosta Romero, quien además es primo del exministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta. Esto representaba para algunos sectores sociales y políticos un escenario ideal para la prevalencia de intereses individuales en el contrato.

Este diario realizó un informe a finales de octubre de 2019, en el que hay señalamientos por parte de la Unión Temporal Guajira 2018, quienes denunciaron eventuales riesgos de contratar con Transportes Relaturg. Entre las preocupaciones manifestadas por parte de esta entidad, resaltan los hechos en los que supuestamente esta compañía no contaba con buses con aire acondicionado y que en lugar de prestar servicios con flotas de buses, habrían utilizado camionetas provenientes de Venezuela. 

La revista Semana publicó en su momento que Relaturg tenía dudosos procedimientos para certificar conductores y que incluso existía el caso de un menor de 12 años que conducía uno de sus vehículos. La hipótesis que se manejó fue que se estaba ante un panorama con dos posibilidades: o las certificaciones eran falsas o Relaturg vinculó ilegalmente a menores de edad. 

Sin embargo, y al márgen de la polémica, el gobernador Fuentes celebró dicha adjudicación y afirmó que «fue un proceso largo ya que comenzamos desde el mes de junio y ahora lo que viene es protocolizar la contratación para que los niños puedan disfrutar de este servicio, ya que se estaba violando la Constitución Nacional que establece el derecho a la educación».