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Un interesante litigio judicial entre una pareja que terminó su unión marital de hecho y que al disolver la sociedad patrimonial surgida de esa relación se enfrascaron en una disputa por la exclusión e inclusión de varios activos y pasivos del inventario de bienes, fue resuelto por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Uno de los puntos de discordia surgió cuando el hombre se negó a reconocer la existencia de una deuda aportada al inventario por su expareja, relacionada con una letra de cambio por un valor total de ochenta millones de pesos destinados a pagar, entre 2009 y 2013, un tratamiento de fertilización in vitro mediante el cual lograron procrear un hijo. La mujer, en realidad, se sometió a dos procedimientos al no resultar el primero de estos satisfactorio, rubro que también fue utilizado para la aplicación de algunas inyecciones con posterioridad al tratamiento.
Al analizar el caso, la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, le dio la razón a la mujer tras argumentar que así el dinero para pagar el tratamiento haya salido de los negocios que tenía la demandante, es “responsabilidad de ambos (compañeros) el pago de los referidos procedimientos, motivo por el cual el pasivo no debía excluirse” como erradamente lo hizo un juez de primera instancia.
En el proceso, la mujer aportó la letra de cambio para demostrar la deuda y, además, que la acreedora diera su testimonio para ratificar el préstamo concedido y su destinación final para el tratamiento de fertilidad. “De esta forma, sin lugar a dudas la obligación surgió para la pareja, pues el dinero fue invertido para poder procrear un hijo, que de acuerdo a las reglas del matrimonio y/o convivencia está revestido por la procreación, la ayuda y el socorro mutuo”, dijo la Corte.