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Una alerta temprana de inminencia, dirigida a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, emitió la Defensoría del Pueblo con el propósito de hacer un llamado ante la difícil situación de seguridad que viven cinco comunidades del Pacífico por la presencia de grupos armados ilegales que operan en la región
De acuerdo con el Ministerio Público, se trata de actores armados que «unilateralmente se han declarado como disidencias de las Farc-Ep, tales como: la Columna Móvil Jaime Martínez y Frente Fuerzas Unidas del Pacífico».
(Lea:La guerra civil por el Pacífico: del Naya al Mataje)
La Defensoría se refiere puntualmente a la situación de riesgo inminente de más de 12.800 personas: 3.000 habitantes (574 familias) del Consejo Comunitario de la Cuenca del río Yurumanguí, conformado por 13 veredas; 2.500 habitantes (435 familias) pertenecientes al Consejo Comunitario del Río Paposo; 3.589 habitantes (920 familias) del Consejo Comunitario Río Cajambre; 1.600 habitantes (357 familias) pertenecientes al Consejo Comunitario Mallorquín; y 2.200 habitantes (700 familias aproximadamente) pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor de Achicayá.
El organismo sostiene que los grupos ilegales «han generado zozobra en las comunidades, las cuales se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado, dado el incremento en las intimidaciones y amenazas contra la vida, libertad e integridad de las personas y familias, señaladas de brindar colaboración a sus adversarios o de quien sea calificado como informante de alguno de los grupos en contienda» y que incluso hay restricciones de movilidad para algunos pobladores.
El documento sostiene que este tipo de escenarios de vulnerabilidad llevan a que se registren homicidios, reclutamientos y actos sexuales abusivos.
Según la Defensoría se trata de una zona que -debido a su geografía y las ventajas que ofrecen los grandes afluentes que llegan al mar- permite la movilidad de grupos armados y bandas asociadas al negocio del narcotráfico que utilizan los «corredores estratégicos para el flujo de economías ilícitas, entre ellas el cultivo, procesamiento y tráfico de cocaína; tráfico de armas; tráfico de combustible y la explotación de la minería ilegal que ocasiona daño en el medio ambiente».
El diagnóstico consignado en la alerta temprana detalla que en el proceso de reconfiguración de estructuras armadas ilegales, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con las Farc, en el suroccidente del país y particularmente en el puerto de Buenaventura, se originó una disputa entre el autodenominado Frente Fuerzas Unidas del Pacífico y la Columna Móvil Jaime Martínez, con el propósito de lograr el control de la cadena ilícita del narcotráfico, la minería ilegal y otras economías subterráneas.
(Lea:El Pacífico colombiano y el cartel de Sinaloa)
Aunque inicialmente la pelea era en la cuenca del río Naya, se fue expandiendo hacia las cuencas de los río Yurumanguí, Raposo, Cajambre, Mallorquín y Anchicayá «generando riesgos y amenazas sobre la población civil, con graves afectaciones a los territorios colectivos afrodescendientes. En efecto, las difíciles condiciones que existen para el acceso a los mismos, ha facilitado el accionar de estos grupos armados ilegales, sin que la presencia de la Fuerza Pública sea permanente».
Las comunidades, entre tanto, han insistido en que tras la dejación de armas por parte de las Farc y su concentración en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación como consecuencia del proceso de paz, no hubo presencia de la Fuerza Pública para tomar el control de los territorios abandonados por la guerrilla, una ausencia que, sostiene la Defensoría, configuró un escenario de riesgo y vulneración a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario para la población más afectada como el caso de las autoridades étnicas y los líderes comunitarios.