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La reaparición de fenómenos delictivos de alto impacto en las principales capitales del país, una vez más como consecuencia del reacomodamiento de fuerzas vinculadas con el negocio de las drogas ilegales, puso en la encrucijada a mandatarios de distintas zonas ante la necesidad de evitar la extensión de la problemática y la multiplicación de sus consecuencias.
Si bien es cierto que hay elementos que hacen que cada caso sea diferente, el denominador común en esta realidad es que las grandes ciudades colombianas están convirtiéndose en escenarios de conflicto como consecuencia de la llegada de sectores mafiosos que buscan en ellas tanto la posibilidad de blanquear dineros, como el anonimato que ya no tienen en la zona rural ante la arremetida de la seguridad democrática.
Pero entre la cruenta guerra que libran alias Jerónimo y Valenciano en Antioquia, así como el incremento de algunas modalidades delictivas en Bogotá y los municipios de la sabana, por poner un ejemplo, la coincidencia no se limita al origen de la violencia. Lamentablemente, las principales víctimas también son las mismas: los jóvenes. Bien sean reclutados para oficinas de sicarios en Antioquia o para usarlos como expendedores de droga en Zipaquirá, los adolescentes siguen siendo los blancos predilectos de los delincuentes y esta situación está obligando a las ciudades a repensar sus modelos de seguridad.
No basta ya con la estrategia de la represión, sino que en los citados casos de Medellín y Bogotá el nuevo énfasis está en los esfuerzos por retener a los estudiantes en el sistema escolar. O, como hace el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, buscar urgentes alianzas con el Sena y entidades técnicas para mantenerlos ocupados, incluso después de que terminen sus clases.
La preocupación especial por evitar que los jóvenes terminen siendo víctimas de los delincuentes, tal y como está siendo entendida por los alcaldes del país, coincide con el nuevo concepto de seguridad promovido por Naciones Unidas, según el cual ya no basta con mantener en tendencia descendente las cifras sobre criminalidad para cantar victoria en la materia, sino que es necesario atacar cualquier fenómeno que impida el libre disfrute de los demás derechos de las personas. En otras palabras, el discurso estrictamente represivo no aplica para las grandes urbes modernas, caracterizadas por una acelerada urbanización, como la que ocurre en las citadas ciudades del país.
Sobre este tema estuvieron de acuerdo cinco secretarios de Seguridad de países de Iberoamérica que durante la última semana se dieron cita en Bogotá por iniciativa de la Alcaldía de la ciudad y de ONU-Hábitat para compartir estrategias respecto a la forma de enfrentar los retos de seguridad de las ciudades. Sus conclusiones apuntaron en dos direcciones. De un lado, demandaron cambios de enfoque desde las políticas públicas para vincular a la seguridad urbana temas que antes parecían desligados de la discusión, como la educación, la salud y el empleo. La segunda recomendación fue hacer cambios profundos en la Policía, la institución tradicionalmente encargada de velar por la seguridad, para lo cual —opinan los expertos— es necesario sacarla de las estructura de los ministerios de Defensa y ponerla en el del Interior o en una nueva secretaría de seguridad. Los secretarios de Seguridad de México, El Salvador, Brasil y Cataluña (España) plantearon el tema durante un foro del jueves en el hotel Tequendama y hasta se lo mencionaron el jueves al general Óscar Naranjo, director de la Policía, en una audiencia privada.
Este último tema apenas comienza a debatirse en Colombia y, de hecho, tanto en el Gobierno como en el Congreso se ha discutido sobre la necesidad de abrir la discusión para revisar la conveniencia de que la Policía pase a depender del Ministerio del Interior. Eso significaría afianzar su carácter de Fuerza Pública, como lo han hecho paulatinamente sus pares de países que superaron las dictaduras militares o las guerras de guerrillas. Pero aún parece temprano para que Colombia adopte una decisión de esas.
Mientras ese largo debate despega, Bogotá decidió dar el paso hacia el primer cambio requerido para la adopción de su propio modelo de seguridad: la vinculación de los temas sociales. Su modelo incluye áreas hasta ahora no contempladas en los planes de seguridad, como la educación gratuita y una política de género encaminada a garantizar la protección de los derechos de la comunidad LGBT.
Las cifras más recientes de Medicina Legal podrían darle razón a su estrategia. La tasa de homicidios en la capital sigue siendo una de las más bajas del país, pese a que en el período de enero a mayo hubo 651 casos, mientras en el mismo lapso de 2009 fueron 629. Cali pasó de 717 a 743, y Medellín, de 720 a 887.
Para el secretario de Gobierno de Bogotá, Andrés Restrepo, este es un logro de la estrategia conjunta de capacitación de policías para temas urbanos, promoción del desarme, vinculación del sector privado y articulación con temas sociales. Y así piensa combatir también el microtráfico que hoy aqueja a la ciudad.
