El eterno retorno (I)

Carmen del Darién da al Atrato, donde están aparcadas las lanchas y pangas para pescar y desplazarse a los corregimientos. El río es tranquilo, pero —dicen— esa es apenas su superficie: en el fondo es bravo y arrollador y revuelto. Pero ya nadie pesca y desplazarse a visitar a un familiar o a conseguir madera es inútil: la gasolina es demasiado cara para pagar el viaje y las maderas están en manos de privados. En la mañana, las mujeres salen a la vera del río con un hilo de nylon que se cierra con un anzuelo en la punta y pescan: el pescado da para el desayuno y tal vez para el almuerzo. Otras más caminan hasta una caseta de madera y metal a la orilla del Atrato y lavan sus ropas y las cuelgan sobre el techo, donde se seca al ritmo que dé el viento.

Hay mujeres que dicen que fueron hechas para atender familia y hogar, y que el hombre fue hecho para mantener el hogar y para que su mujer le cocine y le tenga limpia la ropa antes de salir a trabajar.

Ese es el mandato, pero a fuerza de disparos y desapariciones se ha roto, de modo que las mujeres —negras portentosas, que viven con otras quince personas en una casa para cinco o seis— ofician de mujeres y ofician de hombres. Lavan, limpian las casas, atienden a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hijos, y si ya se han ido los hijos, atienden a los numerosos nietos. La regla que dividía bien qué debía hacer un hombre y qué una mujer se rompió —como el resto, la vida entera— por la guerra.

Las selvas y los cultivos del Chocó están poblados de empresas multinacionales, paramilitares —reunidos en las figuras de los Rastrojos y los Urabeños— y frentes de las Farc y del Eln, que pelean por el dominio sobre un territorio que sirve como corredor estratégico para el transporte de armas y drogas y para la expansión de los monocultivos y la explotación de la madera.

Los corregimientos y veredas suelen estar muy alejados unos de otros. Entre 1996 y 1997 esa lejanía fue esencial para que los paramilitares, en unión con integrantes del Ejército, lograran desplazar a más de 4.000 campesinos de las comunidades de las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó. Carmen del Darién, donde vive parte de esta población, es un terreno en medio de una selva agreste y coronada por una ciénaga que se ha mantenido brillosa y limpia porque nadie se ha atrevido, en medio de las balas y las amenazas, a explotar allí nada, aunque existan yacimientos de petróleo, oro y platino. El conflicto preservó la naturaleza.

Ganaderos y palmicultores tomaron —de acuerdo con un informe de la organización Colombia Land, presentado en 2013— 5.000 hectáreas en 2005 y planeaban tener 16.000 más. Esas eran las tierras de todas aquellas familias y pasaron a manos ajenas. Los dueños originales de los terrenos desaparecieron o fueron asesinados; bajo esa estela de silencio, las escrituras y los contratos de venta fueron manipulados a favor de los empresarios de la palma y el banano. Los cultivos individuales desaparecieron, tanto como sus cultivadores. Esos datos ya son conocidos, pero son olvidados con frecuencia: la urgencia de la guerra produce la urgencia de la vida.

En el año 2000, el Incoder —por entonces Incora— reconoció 100.000 hectáreas en titulación colectiva de tierras a las comunidades de esta zona. Una serie de autos de la Corte Constitucional ha obligado al Gobierno a realizar un censo de personas afectadas, en el que figuran 8.220 personas, y a permitirles un regreso digno a sus tierras. Las sentencias, sin embargo —dicen algunos habitantes—, han servido sólo para hacer el censo y asegurar que, en efecto, muchos tienen una tierra a la que deben regresar.

El retorno es el eterno retorno. En la calle y en las puertas de las casas, los habitantes dicen que no hay cómo volver aunque exista tierra, ni cómo cultivar aunque haya dinero, ni cómo sobrevivir aunque tengan lo que tenían antes: ni la guerra se ha detenido, ni los propietarios ilegales de la zona quieren irse. El Ministerio del Interior estuvo allí en 2011 y el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección de Poblaciones, realiza cada tanto una serie de reuniones entre los habitantes de la zona en beneficio de la memoria y la reparación cultural. La última reunión, el pasado 5 de julio, congregó a habitantes de Domingodó, Carmen del Darién, Brisas y varios corregimientos. El ambiente estuvo siempre determinado por el descontento contra el Gobierno Nacional por —según los habitantes— su completo descuido de la zona. En la reunión había un comandante de Policía, algunos miembros del Ejército y, sobre todo, líderes civiles de los corregimientos. Antonio Ospina, alcalde de Carmen del Darién, cuya oficina está apenas a unas cuadras del centro de reunión municipal, envió una delegada.

Aún no ha sido elegido un representante legal para la restitución de las tierras —el que fue escogido en 2010, Germán Marmolejo, fue anulado por la Corte Constitucional por considerar su elección ilegal— y la comunidad de Camelias, otra zona donde se encuentran habitantes de las comunidades, alegó a principios de este año que el representante sería escogido por la comunidad urbana de Carmen del Darién sin tener en cuenta las pretensiones de los grupos campesinos, excluyendo además a comunidades de puntos como Andalucía, El Cerrao y Caño Manso. “La restitución de tierras en Curvaradó y Jiguamiandó tiene que incluir un saneamiento del territorio que implique sacar de los territorios los intereses políticos y económicos que están detrás del desplazamiento; revertir la degradación ambiental causada por la imposición de monocultivos y ganadería; recuperar las tradiciones culturales de las comunidades. Cualquiera cosa menos es una injusticia”, dice el informe de Colombia Land.

Y los hechos que aún producen el miedo son varios. Las tierras son ahora, en breve, monocultivos de yuca y palma, y campos para ganadería y explotación de madera. En 2009, el Tribunal del Chocó declaró “ocupantes de mala fe” a más de 40 empresas, buena parte de ellas dedicadas a la explotación de aceite de palma, y más de 20 palmicultores son investigados desde 2007 por vínculos con paramilitares y porque los habrían ayudado en la tarea de desplazar a los pobladores. En septiembre de 2013 fueron condenados a la cárcel dos empresarios por esa razón. Una demanda de Urapalma, en la que reclamaba como propias tierras que fueron entregadas a las comunidades, fue rechazada por el Consejo de Estado en abril de este año. Mes a mes se amenaza a nuevos líderes comunales.

El retorno es una vida llena de miedo

Por el tiempo de la migración forzada, Luis Enrique Moya tenía 17 o 18 años. Hoy dirige la chirimía de Carmen del Darién, apoyada por la iglesia y en parte por el Ministerio de Cultura. Mide cerca de un metro con setenta, tiene la piel oscura y trabajada, y la mirada ahogada de cierta oscuridad. De pie junto al centro de reunión de la comunidad, Moya carga su clarinete en un estuche, desarmado.

—Me sacrificaron un tío, en los años ochenta un abuelo, seguido en el año 97 de un tío, mi padrastro y luego un hermano —dice—. Para mí la violencia ha sido desastrosa. Pero hemos estado firmes en nuestro medio. Sin tierra no puede haber identidad. Y nosotros los negros, si tenemos algo que nos identifique, es que nos arraigamos a lo que nos pertenece por herencia, a lo que nos pertenece por creación, ¿ya? Pero es bastante difícil, ¿sí? Salir uno de ese duelo.

Al lado de Moya está Wílber Calvo, 25 años, clarinetista, que sonríe sólo de tanto en tanto. Pasado el mediodía en Carmen del Darién el cielo está tapado de nubes pero la humedad produce un bochorno ineludible.

—Hoy la familia mía está radicada en el municipio de Riosucio en el momento. No ha podido regresar a sus tierras —dice—. Perdimos todo. Hemos querido siempre iniciar desde cero, pero nunca es lo mismo porque uno teniéndolo todo para vivir en su tierra, su ganado, sus gallinas, su casita bien formada, y su forma de vivir bien, y en el momento tiene que estar uno pendiente de las migajas que da el Estado, es muy difícil. No hay cómo subsistir.

A unos pasos de la orilla está Secundina Calvo, otra de las líderes de Carmen del Darién. El suelo está empapado y blando porque llovió la noche anterior, y el calor parece estancado. Calvo tiene la cabeza cubierta por un turbante y un vestido claro. Se expresa fuerte y rápido, sin darse tiempo a respirar en ocasiones.

—A uno le dan, por ejemplo, cada dos, cada cuatro meses, una limosna, y eso no alcanza para nada —dice, mientras otros habitantes le prestan atención—. A usted le dan junto cualquier quince, veinte millones, ¿y usted sabe qué hace con esa platica? Compra un ranchito, o lo arregla, o cuida a su familia. Pero un milloncito, ochocientos. El marido, desnudo. Los hijos, rajados. Yo, sin calzón. ¿Pa qué nos sirve? No nos alcanza, ¿o no es así?

Antonio Beltrán Mosquera, el bibliotecario del pueblo, dice que lo viejo ha sido destruido, que los abuelos de Carmen del Darién se están muriendo y con ellos la memoria de la guerra y de las costumbres y de la acostumbrada guerra. Es una tierra de colonos sin tierra.

Y todos tienen una historia: su historia, que es la de todos. Muertos: un tío, un abuelo, ambos abuelos, el padrastro, la madre, un hermano, un cuñado, todos los cuñados, uno detrás de otro, al mismo tiempo, en fechas lejanas, en fechas cercanas, desaparecidos, aparecidos después de muertos, desaparecidos por siempre, cortados, fusilados, torturados, desplazados por miedo, por anticipación, por amenaza, sin saber de dónde viene el tiro y a quién le va a pegar y por qué y para qué y qué sentido tiene morir en una tierra donde el que la paga pone la carne pero no el arma.

* Este artículo fue realizado gracias a la invitación del Ministerio de Cultura a Carmen del Darién y la zona del Bajo Atrato en Chocó. Encuentre el 18 de agosto la segunda entrega.