El exgobernador de Córdoba estafado

Se revivió así una vieja intriga en la que figuran varios personajes de Córdoba salpicados por sobornos, dineros recibidos del cartel de Cali y nexos con paramilitares.

La Superintendencia de Sociedades intervino en agosto de 2014 a Altefin, por captación de dinero del público, es decir, porque sin serlo actuaba como entidad financiera. La captación masiva y habitual se da cuando alguien recibe dinero o administra inversiones de 20 o más personas sin tener licencia de la Superintendencia Financiera. Uno de los clientes fue Jorge Elías Manzur Jattin, el primer gobernador por elección popular (1992-1994) de Córdoba.

La historia de Manzur muestra además las peripecias de un inversionista que se lanza —comprensiblemente— a la caza de una buena rentabilidad para su dinero, y revela también cómo los clientes caen en las garras de quienes ejercen ilegalmente la actividad financiera, incluso cuando existe una alerta previa de las autoridades. Este caso subraya adicionalmente que, aun inversionistas que se supone están bien informados, caen en las trampas financieras. Jorge Elías Manzur Jattin es arquitecto de profesión, especializado en la American University, experto en desarrollo rural y urbano, exalcalde de Lorica y exrepresentante a la Cámara.

El propio Manzur Jattin contó cómo llegó a Altefin, en una declaración juramentada que rindió en noviembre pasado ante el notario 32 de Bogotá, Abelardo de la Espriella Juris, oriundo de Sahagún y padre del abogado penalista monteriano Abelardo de la Espriella Otero. Éste es el defensor del magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub, nacido en Montería. En 1993, siendo vicerrector de la Universidad Sergio Arboleda, Pretelt pidió celeridad a la Fiscalía en la investigación contra Manzur por soborno.

“Desde el año 2000 terminé con unas inversiones en Córdoba en ganadería y cría de machos, en participación con dueños de fincas y préstamos personales a manera de ‘factoring’ a cultivadores de algodón y maíz en esa región”, declaró Manzur, y añadió: “Me vine a Bogotá, y vinculé ese capital a la Bolsa Nacional Agropecuaria (hoy Bolsa Mercantil de Colombia), a compra de futuros y CDM, básicamente con Coltejer. La Bolsa empezó con problemas y mi corredora me recomendó continuar mis inversiones a través de una mesa de dinero denominada Altefin S.A., manejada por un antiguo corredor de bolsa agropecuaria de nombre Santiago Gómez Hernández”.

Agregó Manzur: “En principio, mis inversiones iniciaron con la suma de mil quinientos millones de pesos ($1.500’000.000,00), básicamente en papeles del Gobierno como Tidis (títulos de devolución de impuestos) a tasas de más o menos el 1 % mensual. Los intereses producto de estas operaciones eran acumulables al capital en cada vencimiento, en este caso, cada seis meses”.

Liquidados esos títulos, Manzur entregó su capital a Santiago Gómez Hernández, el cual hizo préstamos a varias empresas a cambio del pago de intereses al exgobernador.

El capital creció, pero hace tres años empezaron los líos, según Manzur: “A finales de 2013, y con un acumulado de más o menos cinco mil millones de pesos ($5.000’000.000,00), solicité a Altefin el giro de dineros producto de mis inversiones acumuladas por diez años a dos S.A.S. (sociedad por acciones simplificada) constituidas para manejar esa inversión a través de esa figura. Allí empezó a incumplir semana a semana con el producto de los dineros arriba descritos, ya que decía descaradamente que las empresas donde estaban invertidos me los iban a girar”.

En abril de 2014, indicó Manzur, consignó 15 cheques que eran la garantía de su capital, “resultando todos sin fondos y desconociendo yo la ubicación y dirección de cada una de estas empresas. Así inicié todo un calvario en procura de rescatar la inversión, básicamente víctima de un estafador en concubinato con unas empresas, intermediarios y personas naturales”.

Desde agosto de 2009, la Superintendencia Financiera había advertido públicamente que Altefin y su gerente, Santiago Gómez Hernández, estaban ejerciendo ilegalmente la actividad financiera y les ordenó suspender, bajo apremio de multas, sus negocios de compraventa de acciones. La noticia se publicó en El Tiempo. Santiago Gómez Hernández le dijo al diario que la Superfinanciera no lo catalogaba como captador ilegal. Altefin y Gómez Hernández siguieron operando cinco años más. Fue en agosto de 2014 cuando la Superintendencia de Sociedades intervino a Altefin por captación ilegal.

En el expediente de Altefin que lleva la Supersociedades, un abogado escribió que Santiago Gómez Hernández se fue del país. Él fue denunciado por Manzur Jattin ante la Fiscalía. El caso lo lleva la fiscal 63 seccional de orden económico y social, Elizabeth Méndez Cárdenas. El mes pasado, algunas empresas que recibieron préstamos hechos con el dinero de Manzur aceptaron entregar a las víctimas, en dación en pago, una casa y un lote en Bogotá, una planta de producción de mortero seco, una volqueta y unas cuentas por cobrar ante la Gobernación de Boyacá. A Manzur Jattin le corresponderán $564 millones de los $5.000 millones que invirtió. Otros 45 damnificados de Altefin reclamaron en total $4.987 millones.

Fue así como Manzur resultó siendo víctima de actuaciones ilegales. Pero hace veinte años, en 1996, fue él quien violó el Código Penal. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de concusión, que surge cuando un funcionario público induce u obliga a alguien a entregarle dinero, o se lo solicita. La Corte concluyó que Manzur le solicitó dinero a Pedro Ghisays Chadid para adjudicarle la licitación del chance a la firma que gerenciaba, Apuestas de Córdoba Ltda.

“Abusó de su cargo, porque dentro de sus funciones no se halla contemplada la facultad de urgir dinero de los particulares”, señaló la sentencia. El gobernador pidió $100 millones, pero solamente cobró un cheque de $20 millones, pues Ghisays dio orden de no pago sobre otros dos cheques entregados que sumaban $50 millones.

Ghisays citó al gobernador a su casa para concretar el pago y grabó el encuentro. Manzur aceptó la veracidad de la grabación, que sirvió para condenarlo, pero precisó que lo grabaron para intentar separarlo del cargo, porque como gobernador cobró unas deudas del contrato de producción de licores a otra empresa que era de los mismos dueños de Apuestas de Córdoba Ltda. Fue Pedro Ghisays Chadid quien denunció al gobernador ante la Fiscalía.

Ghisays dijo que rechazó el primer pedido de dinero “por su alto contenido de inmoralidad”, pero que cuando “arreciaron las presiones y amenazas del gobernador” y “preocupado por la suerte de la empresa” accedió a dialogar con él. “Acepté pagar, pero con la intención de denunciar los hechos dolosos de que yo y la empresa éramos víctimas”.

Según Ghisays: “Pensé en lo difícil que sería para mí probar los hechos y entonces se me ocurrió citarlo a mi residencia para cerrar el negocio y aprovechar esa oportunidad para grabar las conversaciones. Convinimos la cita. Cuando él llegó a mi residencia ya yo tenía preparada y oculta una grabadora”.

Pedro Ghisays Chadid explicó cómo hizo la grabación en un artículo publicado en 1997 por el periodista de “El Tiempo” Ernesto Cortés Fierro: “Yo llevo 15 años con el chance. El señor Manzur me lo quiso quitar chantajeándome. La primera licitación me la declaró desierta y en la segunda me pidió $100 millones, por eso lo grabé y lo denuncié”, dijo el empresario. Ghisays relata cómo guardó una grabadora entre el bolso de su mujer, lo instaló en la parte alta de un armario y esperó a que el gobernador llegara a su casa. “No me preocupé si grababa o no, porque ese señor grita tanto que yo sabía que todo quedaba perfecto. Y así fue”.

Manzur, al ser condenado, pasó a la ofensiva y afirmó que Ghisays se prestó para cobrar otro soborno, proveniente del cartel de Cali y destinado al jefe político de Ghisays, el senador cordobés Jorge Ramón Elías Náder, conocido como Joche Elías. En 1997, Jorge Ramón Elías Náder, entonces presidente del Senado, aceptó haber recibido $515 millones de empresas fachada del cartel de Cali, como Export Café, Asesorías Cosmos y Comercializadora de Carnes del Pacífico. Los cheques fueron girados a favor de un beneficiario falso y terminaron consignados en Barranquilla, en una cuenta corriente de su yerno, Federico Meisel.

En 2006, diez años después de ser condenado por concusión, Jorge Elías Manzur Jattin pidió a la Corte Suprema de Justicia revisar la sentencia en su contra, argumentando la condena impuesta a Jorge Ramón Elías Náder por enriquecimiento ilícito. También alegó que Apuestas de Córdoba había renunciado a la indemnización por la condena en su contra. Esos dos hechos demuestran, según Manzur, que el soborno por el que fue condenado fue un complot de Pedro Ghisays Chadid bajo las órdenes de Jorge Ramón Elías Nader. Éste falleció el año pasado.

La defensa de Manzur Jattin dijo ante la Corte que él era “un buen hombre y mejor ciudadano, (que) dedicó su vida de servicio público a luchar contra la corrupción en su departamento, rompiendo con el esquema que el común de las gentes de esa región tiene del político. Así enfrentaría con la más radical convicción a los usufructuarios de apuestas del chance y de la distribución de licores en su departamento, lo cual le valió para que el eje conformado por Pedro Ghisays, Jorge Ramón y Moisés Elías Nader le tendieran una trampa con el fin de presentarlo ante todos como un funcionario deshonesto y propiciar así su injusta condena”.

La Corte no admitió la demanda, pues sostuvo que la sentencia contra Elías Náder no era suficiente para demostrar su inocencia y porque la autoría del demandante en el delito de concusión no podía desvirtuarse con el solo hecho de que un amigo del denunciante hubiera sido también condenado penalmente.

Añadió la Corte Suprema: “La Corte no rechazó sin razones el supuesto complot al que hizo alusión la defensa en ese entonces —y sobre el que ahora el demandante vuelve—, consistente en que un grupo de políticos y empresarios habrían decidido tender una trampa al gobernador Manzur Jattin, pues lo hizo sobre la evidencia probatoria que le permitía inferir, tanto por las grabaciones que realizó la propia víctima y por las interceptaciones telefónicas realizadas con orden judicial, que Manzur Jattin ofreció mantener condiciones contractuales a cambio de un dinero que efectivamente le fue entregado, tal como efectivamente se probó en el proceso”.

Según el congresista Iván Cepeda, Pedro Ghisays Chadid adquirió 17 predios que habían sido adjudicados como baldíos entre 1997 y 2004 a campesinos de Tierra Alta, San Pelayo y Canalete, para un total de 808 hectáreas. Otros predios que adquirió después dieron origen a la finca La Esperanza.

El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia y Paz de Medellín, en una sentencia de 646 páginas contra desmovilizados del bloque del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, pidió investigar a Pedro Ghisays Chadid por “la financiación, colaboración, complicidad y/o apoyo al bloque Córdoba”. De acuerdo con la sentencia, la participación de ganaderos y comerciantes no se limitó “a la promoción, financiación o colaboración” de las bandas paramilitares, sino que se extendió a la realización de hechos delictivos.

Señala la sentencia: “Los paramilitares operaron con el imperativo de ejercer el control territorial a cualquier costo, imponer violentamente un nuevo orden social y defender la propiedad privada a sangre y fuego, con el auspicio de militares y ganaderos”.