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Stefanía y Érika se levantan todos los días antes de las 4 de la mañana. Después del baño, están listas para el reparto del desayuno antes de que haya asomado el sol, con la certeza de que a las 6 a. m. el resto de sus compañeras estarán listas, de pie, para ser contadas una por una a las 7 de la mañana. Luego, a las 8, es hora de ir a la biblioteca o de empezar los talleres de belleza o panadería, hasta antes de que, de nuevo, se ponga el sol.
Las dos, una colombiana y la otra mexicana, son mujeres privadas de la libertad en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá, con la aspiración de sumarse a las más de 40.000 personas que hoy en el país trabajan a distancia, fuera de una oficina, desde alguna plataforma tecnológica. Eso sería para Stefanía una fuente de ingresos para ayudar a su mamá con los gastos de la casa y para alimentar a su niño de tres años de edad. A Érika le generaría recursos para enviarles a sus tres hijos en Guadalajara, México.
“Me gustaría trabajar por lo económico, pero me gustaría más para rebajar la pena”, dice Érika, pues en prisión en todo caso tiene qué comer y con qué asearse todos los días, pero solamente pagar una condena menor a los 10 a 20 años que le esperan por tráfico de estupefacientes haría más fácil responder la pregunta “¿cuándo vienes, ma?”, que siempre hace su hijo menor cuando hablan por teléfono.
A Stefanía capacitarse y teletrabajar la acerca a la idea de pagar mucho menos de los 17 años que le pesan por homicidio, casi los mismos que ha vivido. “Si me porto juiciosa voy a poder salir antes. No me voy a quedar todo ese tiempo aquí”, afirma.
Por ahora, por decisión de los ministerios de Justicia y de Trabajo, con el soporte del Ministerio de las TIC, los reclusos de las cárceles del Buen Pastor, del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Tunja y la cárcel de la isla de San Andrés podrán entrar a la iniciativa del teletrabajo. Tendrán que presentar un examen, y, si pasan, empezarán una capacitación digital a cargo del Mintic para certificarse y luego vincularse laboralmente, desde el centro de detención, a las empresas que abran vacantes.
Stefanía, quien ya puede postularse –Érika tiene que esperar a su condena para optar por rebajarla-, aún no sabe en qué empresa y puesto se empleará, pero en el proyecto piloto, en la cárcel distrital de Bogotá, se cuentan ya más de 60 mujeres que trabajan atendiendo llamadas en línea de atención al ciudadano del distrito. La idea es que personas en detención domiciliaria se empleen también a través de plataformas tecnológicas.
Para que eso se materialice, el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, el de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, la viceministra TIC, María Carolina Hoyos, el brigadier general Jorge Luis Ramírez Aragón y María del Pilar Bahamón Falla, directora general de la USPEC, firmaron un convenio el 17 de junio. Dijo Garzón que certificarse y teletrabajar ayudará a remover estigmas y tener prueba de las propias capacidades cuando las personas recobren su libertad. Reyes, por su parte, lo ve como una estrategia contra el hacinamiento en las cárceles, pues si la resocialización a través del trabajo es efectiva, se reduce la reincidencia.
Esa modalidad de trabajo, la de ser productivo fuera de una oficina, desde la casa o cualquier lugar, ha sido la opción para personas con alguna discapacidad o padres de familia que quieren o necesitan trabajar pero que no la tienen fácil para movilizarse o que desean estar más tiempo con sus hijos. La meta del gobierno es 120.000 personas teletrabajando en 2018.
Para Stefanía, Érika y otras mujeres -y hombres- privadas de la libertad, no sólo sería una vía para salir de la rutina que termina todos los días a las 4 de la tarde con un plato de pollo, arroz mazacotudo, una sopa aguada y otra contada de cabezas. Sería una forma de acercarse a la libertad, tal vez una que prometa más oportunidades.
mmedina@elespectador.com