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Tras la determinación de un juzgado en Pereira, que ordenó la suspensión de los servicios educativos presenciales, la Alianza por la Niñez Colombiana expresó su desacuerdo e instó a que haya un retorno seguro a las aulas de clase.
Según la organización, la medida adoptada por el Juzgado Segundo Civil de Pereira va en contravía de la garantía del derecho a la educación y pone por encima los reclamos de algunos adultos sobre la garantía de derechos de más de 176.000 niños y adolescentes.
“Están ampliamente evidenciadas las afectaciones en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes que conlleva continuar con servicios educativos virtuales 100 %, por no hablar de las dificultades de accesibilidad y lo que significa para muchos de ellas y ellos encontrarse de nuevo en un entorno protector como lo son las aulas de clase”, reclamó la Alianza.
Insistiendo en que la educación presencial “es vital”, la organización declaró que las medidas que se tomen no deben afectar a las instituciones educativas que han realizado esfuerzos para garantizar el retorno seguro a las aulas. Señalaron también que las que aún no cumplen las condiciones debe seguir trabajando fuertemente en las adecuaciones necesarias con el acompañamiento continuo del Estado.
“Lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución continúa quedándose en el papel. En dicho artículo se proclama la educación como derecho fundamental de niños, señala que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y protegerles para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y además señala que los derechos de la niñez prevalecen sobre los de los demás”, precisó la Alianza.
La organización recordó que Risaralda cuenta con 9.806 directivos, docentes y personal logístico de colegios oficiales y privados vacunados contra el COVID-19, por lo que insistieron en que “se le abra la posibilidad a niñas, niños y adolescentes de regresar al entorno educativo”.