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Arauca es una zona históricamente golpeada por el conflicto, por la que han pasado estructuras armadas de casi todos los grupos ilegales que se han creado en el país y en la que ahora la disputa territorial se libra entre el Eln y las disidencias de las Farc. Y aunque en los últimos meses se han reportado atentados con explosivos contra la Fuerza Pública, poco se habla de la injerencia de los grupos armados en la zona. Comerciantes, ganaderos, contratistas y transportadores deben pagar extorsiones, conocidas como “vacunas”, para poder trabajar. Los panfletos escritos a mano con el símbolo de uno u otro grupo llegan a las fincas, locales y casas. En un pedazo de papel con destinatario, o por teléfono, se establece una cita para exigir el dinero. Si no se hace el pago las consecuencias son nefastas.
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Teresa* recuerda, por ejemplo, que en el año 2000 los paramilitares la obligaron a abandonar su finca, ubicada en zona rural de la capital del departamento, y solo pudo regresar ocho años después. Aun así, a finales de 2018, tuvo que desplazarse de nuevo cuando a su casa llegó un panfleto envuelto en plástico y firmado por el Eln. Al día siguiente interpuso una denuncia penal, pero afirma que, después de eso, dos hombres armados dejaron otro mensaje en la entrada con amenazas, donde textualmente le advertían que dejara de denunciar. Por eso tuvo que irse.
En 2020 volvió a Arauca, pero esta vez a la zona urbana. Meses después una motocicleta llegó a su finca, unos hombres preguntaron por ella y como no se encontraba en el lugar le dejaron otro panfleto envuelto en plástico. El mensaje era claro: una cita en un paraje rural, en El Troncal de Arauquita. “El mismo lugar en el que citan a comerciantes, ganaderos y contratistas para pasarlos a territorio venezolano, para extorsionarlos o someterlos a sus amenazas”, señala.
Aunque ahora cuenta con un esquema de protección, ya no puede vivir en su finca. El miedo de Teresa es el de muchos otros araucanos. Habitantes de la zona le dijeron a este diario que la cita es la primera medida, si la incumplen, después de algunas advertencias, los grupos armados toman acciones. “Por incumplir o por andar hablando mucho lo puede “arrastrar” el Eln, puede ser que no lo maten, pero lo dejan amarrado a un palo por unos días”, sostiene un periodista local.
“Aquí no se escapa nadie”, recalca Teresa, quien insiste en el miedo generalizado que hace que las personas paguen las extorsiones sin ningún reparo. Como el caso de Manuel*, quien vive hace más de 25 años en Arauca y acepta que tiene que acceder a los requerimientos de los grupos armados. “Para poder laborar tranquilamente en esta región, uno tiene que estar pagando”, explica. Las sumas son considerables. Cuando hacía contratos con el Estado, le cobraban el 5 % del valor total. Ahora se dedica al comercio y le entrega a cada grupo al año entre $5 y $15 millones.
“La tarifa depende de la capacidad de negociación que uno tenga. A veces cobran por puntos de venta o por sedes, y se pueden establecer acuerdos”, manifiesta. Agrega que cada año espera a que lo citen, pues el acuerdo se hace con la persona que está al mando. Asimismo, asegura que a los transportadores les han indicado que solo pueden entrar al departamento si han “aportado” el dinero que les solicitan, especialmente para pasar por Tame, Saravena o Arauquita. De acuerdo con Manuel, la mayoría de los miembros del Eln y las disidencias de las Farc se encuentran en Venezuela, y solo pasan la frontera para realizar actividades específicas, como la extorsión.
En esto coincide Raúl*, un periodista local que diariamente reporta los problemas de seguridad. Para él, la situación se complica por la dificultad de mantener un control efectivo en la frontera, especialmente en el río Arauca. También explica que, según sus investigaciones, este es un corredor del narcotráfico, pues la droga que llega al Llano es transportada a Venezuela, después pasa por Centroamérica rumbo a Estados Unidos. Las extorsiones por parte de grupos armados son un tema poco abordado en los medios de comunicación: “Incluso para los periodistas es difícil tratar estas noticias por la situación de seguridad. Además, muchas personas pueden hablar del tema, pero no se atreven a hacerlo frente a los micrófonos o cámaras porque temen por sus vidas”, dijo.
De acuerdo con Raúl, la mayoría de periodistas cuentan con esquema de seguridad y se sienten en riesgo. En 2002, el reconocido periodista Efraín Varela fue asesinado por paramilitares. Un año después, dieciséis periodistas tuvieron que salir desplazados hacia Bogotá, luego de recibir amenazas. El 9 de mayo de 2019 el productor audiovisual y gestor cultural Mauricio Lezama fue asesinado en el corregimiento la Esmeralda, Arauquita. Según investigaciones de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el homicidio estaría relacionado con su trabajo. Como lo documentó la organización, el día del asesinato Lezama estaba haciendo un casting para el cortometraje Mayo, del que era productor. El proyecto contaría la historia de Mayo Villarreal, enfermera y militante de la Unión Patriótica (UP) en Arauca, quien sobrevivió a un atentado.
Para la FLIP, este asesinato mostró la situación de zozobra, en medio de la violencia, los periodistas han tenido que informar asumiendo los riesgos. En julio de 2020 la Fundación denunció que pintaron la fachada de la casa de un periodista con las insignias del Eln, después de que su medio de comunicación publicó dos investigaciones sobre esta guerrilla. En ese momento, se reveló un aumento en las violaciones contra la libertad de prensa: en 2017 la FLIP registró nueve ataques, 17 en 2018 y 27 en el 2019. La situación no ha cambiado; el miedo de la prensa y de la comunidad en general se mantiene. De hecho, varias personas consultadas para este artículo le dijeron a El Espectador que, por temor a represalias, prefieren no referirse al tema.
Raúl reconoce que el pie de fuerza en Arauca ha aumentado, e incluso dice que en este 2021 no se han presentado secuestros extorsivos, algo frecuente en años anteriores, en los que incluso fueron secuestrados familiares de políticos.
El gobernador Facundo Castillo afirmó que la Fuerza Pública ha dado golpes contundentes contra los grupos al margen de la ley y que “por eso ha habido retaliaciones por parte de los grupos armados, que lanzan artefactos explosivos hacia el río Arauca, en especial contra la Armada”. Respecto a las extorsiones, Castillo dijo que están trabajando para tener más control del territorio. “Se adelantan labores de inteligencia para atacar las redes de apoyo, lo que también permitirá contrarrestar las extorsiones contra comerciantes y ganaderos”, aseguró en entrevista reciente con este diario.
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El comandante de Policía del departamento, coronel Freddy Pérez, afirmó que realizan un trabajo articulado con el Ejército y la Infantería de Marina para mejorar la seguridad. Según sus registros, la mayoría de delitos han bajado, incluidas las extorsiones. Respecto al mismo período del año pasado, este delito se redujo en un 17 % (se habían presentado 23 en 2020 y van seis en 2021). Sin embargo, los homicidios este año han aumentado en un 53 %: en los primeros tres meses de 2021 han sido asesinadas 29 personas en Arauca. Pérez resaltó que “están haciendo campañas con transportadores, empresas y jefes de seguridad” sobre el tema de extorsiones. Aun así, varias de las fuentes consultadas para este artículo señalaron que denunciar no es una opción, pues es su vida la que está en riesgo. En medio de la incertidumbre, prefieren guardar silencio.
*El nombre de las fuentes fue cambiado para proteger su identidad.
