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Según los reportes de Medicina Legal de 2014, en Colombia son asesinadas diariamente entre dos y tres mujeres, 156 son víctimas de violencia intrafamiliar y 45 son víctimas de violencia sexual, y cada hora cuatro son víctimas de violencia de pareja. Las ciudades con más reportes de violencia intrafamiliar fueron Bogotá (15.915 casos), Medellín (5.096), Cali (3.014) y Barranquilla (1.349). Las principales causas de este fenómeno son la intolerancia, los celos y la desconfianza, y el día de mayor ocurrencia es el domingo, en horas de la noche. Además, la mayoría de los casos ocurren en la población adolescente y joven, entre los 15 y 29 años.
Por otro lado, el segundo estudio Tolerancia social e institucional frente a las violencias hacia las mujeres, dado a conocer por el Gobierno en marzo pasado, mostró que el 37% de los colombianos consideran que “las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen”, el 19% piensa que “una buena esposa debe obedecer a su esposo, así no esté de acuerdo”, el 18% dice que “los hombres de verdad son capaces de controlar a sus mujeres” y el 26% de la población sostiene que “es normal que los hombres no dejen salir sola a su pareja”. Y el 11% de los funcionarios públicos creen que “si una mujer no opone resistencia, no se puede decir que fue una violación”.
Este es el diagnóstico de un país que, si bien expresa hoy mucho más su rechazo a la violencia contra las mujeres, todavía tiene mucho camino por recorrer. Para Martha Ordóñez, consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, es preocupante que en la ciudadanía sigan arraigados prejuicios frente a los derechos de las mujeres, y aún más entre funcionarios encargados de atender a las víctimas, lo que incide en la revictimización, en la atención integral y en el impacto de las estrategias de prevención: “El silencio y el miedo a denunciar hacen que el agresor, el violento, siga camuflado y haciendo daño”, dice. Una situación que se agrava cuando se trata de la Colombia rural.
Por eso hoy, cuando se celebra el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, se hace un llamado a tomar conciencia para que conozcan sus derechos y las líneas que marca la actual política pública de equidad de género, que apunta esencialmente a garantizarles una vida libre de violencias, que no sólo son físicas o sexuales y también pueden ser económicas o psicológicas y emocionales. “Tenemos que superar las barreras. Las denuncias han aumentado, pero todavía se siente temor y vergüenza de acercarse a pedir ayuda por haber sido víctima de violencia sexual, que no es sólo el ataque callejero sino que puede venir de la misma pareja. O porque se siente pena de que los vecinos se enteren de que el papá le pegó a la esposa”, agrega Ordóñez.
Un estudio contratado por la Consejería para la Equidad de la Mujer y conocido por El Espectador sugiere la implementación de comisarías de familia virtuales para hacer más efectiva la atención de la violencia de género. La idea es que funcionen permanentemente y que las mujeres que sientan temor de dar la cara puedan tener ese acceso a la justicia, o por lo menos denunciar mas rápidamente. Se trata de una propuesta que, como dice Ordóñez, hay que aterrizar, pues las comisarías dependen de las alcaldías en cuanto a recursos y funcionarios. “En la encuesta de tolerancia encontramos que hay funcionarios que, cuando llega una mujer víctima de violencia sexual y la ven con minifalda o con escote, le dicen: usted se lo buscó”, señala.
En los últimos tiempos, uno de los hechos que reflejan el drama de la violencia contra las mujeres en el país es el ataque con ácidos o sustancias corrosivas. Los datos de la Fiscalía dicen que entre el 1º de enero de 2013 y el 15 de junio de este año se han proferido 16 sentencias condenatorias por este tipo de delitos. En ese mismo período ha habido 2.178 investigaciones. Mientras tanto, en el Congreso se espera que no se hunda un proyecto de ley del movimiento MIRA, en último debate, que clasifica el ataque con ácido como un delito autónomo (hoy es considerado de lesiones personales) y eleva las penas a entre 12 y 50 años de cárcel.
El otro aspecto a tener en cuenta tiene que ver con las mujeres víctimas del conflicto armado. En Colombia, desde 1985 hasta el 1° de agosto de 2015, se han registrado 7’327.186 víctimas de la guerra, de las cuales el 49,5% (es decir, 3’628.714) son niñas y mujeres. Los principales hechos victimizantes han sido desplazamiento, homicidio, amenaza, desaparición forzada y delitos contra la libertad y la integridad sexual. Ordóñez indicó que hay un eje dedicado a trabajar especialmente con cooperación internacional en paz y posconflicto: “Se ha avanzado mucho en visibilizar lo que les ha pasado a las mujeres en la guerra y existe una subcomisión de género activa en los diálogos de La Habana”.
Los retos son grandes y van más allá de fechas y conmemoraciones. El Gobierno busca que los nuevos gobernadores y alcaldes, que arrancan mandato el 1º de enero de 2016, incorporen en sus planes de desarrollo compromisos logísticos y presupuestales respecto a la equidad y la no violencia de género. Pero es claro que toca trabajar mucho en una sociedad que, como la colombiana, sigue albergando imaginarios, prácticas y creencias que legitiman y reproducen constantemente esa violencia.